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Transformación dejó a Pemex en alto riesgo

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MÉXICO, DF.— La reforma energética se hizo asumiendo que el petróleo es como cualquier mercancía, por lo que el rezago tecnológico, las preocupaciones geoestratégicas y de seguridad nacional, inherentes al sector, ni siquiera fueron sujetas a discusión.

Las consideraciones anteriores son de Fluvio César Ruiz Alarcón, miembro del Consejo de Administración de Pemex, quien no deja de observar que hay numerosos aspectos positivos en el rediseño del sector. Advierte que la rapidez en su implementación pone en riesgo el éxito de la reforma.

“No recuerdo ningún país que haya cambiado al mismo tiempo el sector petrolero y el eléctrico”, observa de entrada. Según él, hecha la reforma, se apresuró la implementación, aún cuando la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), o la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (Ansipa), no tienen condiciones de infraestructura ni capital humano para la dimensión de las decisiones que van a tomar.

Ruiz Alarcón es físico por la UNAM, tiene dos maestrías —una en ingeniería petrolera y otra en economía de la energía—, y un doctorado en economía del petróleo por la Universidad de París. Por su formación y el tiempo que lleva en Pemex, su opinión es singular porque la hace desde adentro.

Ha sido miembro del Consejo de Administración de Pemex desde 2009, posición en la que fue ratificado en 2012. Militó en el Partido Mexicano de los Trabajadores de Heberto Castillo. Critica en entrevista con Proceso “el pudor” de la clase política para asumir posiciones ideológicas, lo cual va en detrimento del debate.

“En el debate se pretendía hacer un juicio de valor y una condena ética a la postura oficial, y desde ésta se respondía con una descalificación intelectual, en ambos casos sin explicitar las posturas ideológicas”, dice.

Insiste en que la reforma energética tiene características muy claras, que derivan de posturas ideológicas, de manera señalada, en “la gran confianza que se le atribuye al mercado como factor de desarrollo”.

Pone como ejemplo la facultad de la Secretaría de Energía para anular al Consejo de Administración de Pemex, a partir de la opinión de la Comisión Reguladora de Energía y de la CNH, a fin de que no realice actividades si dichas instancias consideran que obstaculiza la competencia.

Aunque, subraya, esa facultad no se ejerció en la Ronda Uno, puede ocurrir en otra ronda, en detrimento del fortalecimiento de la hoy empresa productiva del Estado.

“Es decir: Pemex no puede fortalecerse tanto que resulte ser el gran ganador en todos los grandes eventos. Esa es una barrera estrictamente ideológica. Un Gobierno abierta y militantemente neoliberal puede utilizar ese recurso legal, no sólo para ponerle límites al fortalecimiento de Pemex, sino incluso para debilitarlo, innecesariamente”, advierte.

 

EL PODER DE LOS TÉCNICOS

El poder que la reforma energética confirió a organismos técnicos como la CNH implica un riesgo para la soberanía que, dice Ruiz Alarcón, fue una medida incomprensible en lo relativo a las asignaciones para otorgar áreas de exploración y eventualmente, de desarrollo y producción.

El hecho es que las asignaciones quedaron señaladas con un carácter extraordinario, de manera que si el Estado quiere ejercer su derecho de darle una asignación a Pemex, necesita la opinión favorable de la CNH.

Esa medida deja ver la preocupación de quienes aprobaron las reformas ante un eventual Gobierno de izquierda, pues los gobiernos del PRI y del PAN no tienden a tomar decisiones que contrasten con el principio de libre mercado.

“Dado que la CNH no tiene autonomía constitucional, pues es un órgano técnico, a mi juicio termina minando las bases fundamentales de la vida republicana, donde las decisiones soberanas resultan de un Gobierno surgido de la voluntad popular”, dice.

Aunque considera razonable que si el Gobierno quisiera darle una asignación a Pemex, tuviera la opinión técnica de la CNH, cuando ésta fuera negativa, el Gobierno debería poder otorgarla dejando claro que se trata de una decisión política, “que es el tipo de decisiones que toman los gobiernos”.

Pone como ejemplo la expropiación que el gobierno de Cristina Fernández hizo de las acciones de Repsol en YPF (la petrolera argentina), sobre el cual puede o no tener el apoyo del pueblo argentino con las ventajas o los costos de hacerlo.

“La diferencia con el nuevo modelo en México es que se otorga a un órgano técnico la decisión sobre algo que podría ser una decisión política, lo cual no es malo, pues los gobiernos surgen de la vida política”.

Otro de los aspectos críticos de la reforma radica en que quienes la aprobaron ven el petróleo como una mercancía cualquiera. De ahí que no tuvieran preocupaciones geoestratégicas. Y ofrece dos ejemplos recientes: el de Sudán, que acaba de ser dividido en dos, y el conflicto de Ucrania con Rusia.

La carencia de nociones geopolíticas en el debate se refleja según él, en que la reforma contempla que a partir de 2018 el petróleo crudo que le corresponda al Estado por contratos de producción compartida sea comercializado por cualquiera, mediante una licitación de la CNH.

“Yo no encuentro justificación para que el comercializador no sea Pemex Internacional (PMI), porque es una filial de Pemex, y que mejor que sea el comercializador, para alinear los intereses del Estado”, expone Ruiz Alarcón.

En el caso de PMI, sostiene, ni siquiera existe el argumento de la ineficiencia, pues esa filial tiene prestigio internacional.

En cuanto a la falta de visión geoestratégica, no es lo único y, por las implicaciones para la seguridad nacional, Ruiz Alarcón llama la atención sobre los yacimientos transfronterizos.

“La única disposición que se da en la ley es que Pemex, en eventuales yacimientos transfronterizos, al menos tendría el 20% de lado nacional. Eso parece más derivado de una necesidad de información que de consideraciones de seguridad nacional, que tendrían que estar asociadas con algo tan evidentemente geopolítico como un yacimiento que está en frontera.

“Puedo sonar anacrónico, pero yo creo que ahí hay un riesgo para el Estado nacional”, advierte el entrevistado.

En el caso de yacimientos transfronterizos, aún cuando la ley no lo impide, tendría que ser un objetivo de política pública que Pemex fuera el operador o que al menos tenga 51% del lado mexicano para que sea el que tome las decisiones estratégicas.

Otro factor relacionado es el de la seguridad en instalaciones de los inversionistas internacionales que no se regularon.

La laguna deja en duda quién vigilará las instalaciones de las trasnacionales, si lo hará en tierra el Ejército y la Armada en el mar, o sólo uno de los dos. Mucho menos la modalidad de esa vigilancia; es decir, si se va a cobrar o será un servicio gratuito, aún cuando no sea una infraestructura de la nación o si en su caso, se les va a permitir tener cuerpos de seguridad privados. De ser así, cuál va a ser la relación de esas compañías con el territorio, se pregunta.

Para el consejero de Pemex estos temas no formaron parte del debate, y aunque hay tiempo para abordarlos, no puede darse sólo una solución por la vía reglamentaria, sino que el asunto merece una discusión legislativa en vista de la complejidad del tema.

 

MODELO SIN CLARIDAD

La aprobación de la reforma energética dejó claro que se terminó el modelo de “operador único”. Fluvio Ruiz hace la observación de que en el discurso oficial, pareciera que ahora se transitará a un modelo de operador dominante al estilo de Noruega o Brasil. Sin embargo, los límites que se le han impuesto a Pemex no dejan claro a qué modelo de sector energético se está transitando.

Pone como ejemplo el caso de Brasil, donde Petrobras, a 20 años de la implementación de su reforma, produce 93% del crudo; mientras el de Noruega, donde 40 años después de la implementación de una estructura institucional parecida, la empresa Statoil produce 80% del crudo noruego.

Pero con los elementos de limitación al fortalecimiento de Pemex para no entorpecer al mercado, no queda claro si el modelo es uno en el que Pemex sea un operador más, expone Ruiz.

En su opinión, lo que se requiere es fortalecer a Pemex, en un equilibrio de aligeramiento de la carga fiscal, dándole una mayor autonomía presupuestal y una mayor autonomía de gestión, pues la reforma de 2008 fracasó porque la secretaría de Hacienda no aligeró las cargas fiscales sobre Pemex.

Respecto a la transición de Pemex como paraestatal a empresa productiva del Estado, el entrevistado advierte sobre las inercias, por ejemplo, en la tendencia a priorizar procedimientos —muy propios del ámbito burocrático—, por encima de resultados, eficiencia y toma de riesgos, más propios de la lógica industrial.

“Yo creo que más allá del juicio que tengamos, se requiere de un gran compromiso con Pemex de parte del Estado. En todos los procesos análogos, ha habido el respaldo de éste a su operador nacional. Espero que eso ocurra en el caso de México.

“Porque —insiste—, contra lo que muchos puedan pensar, el éxito del modelo depende de un Pemex fuerte, flexible, con capacidad y tecnología… México no puede ir al modelo sólo con la ventaja de sus reservas. Tiene que ir con un operador que desarrolle capacidades tecnológicas, de negocios, financieras, de capital humano. Ni siquiera los inversionistas le apuestan a un Pemex débil”.

Para Ruiz Alarcón, uno de los retos de la premura legislativa para aprobar la reforma energética es saber si los entes creados van a estar listos para la implementación de una refundación compleja del sector.

Las asignaciones anunciadas hasta ahora con la Ronda Uno son razonables a juicio del entrevistado, quien en su momento votó contra el procedimiento, aunque dice, ahora está conforme con el resultado.

Los problemas son, dice, los plazos cortos para echar a andar los nuevos organismos como la Ansipa o la nueva CNH, con la gran cantidad de facultades y responsabilidades que se le asignaron. Eso implica recursos humanos e instalaciones especiales, ya que, por ejemplo, va a manejar toda la información sísmica del país y otras bases de datos, que implican otra vez aspectos de seguridad nacional.

“México no es el único país que va a licitar y a hacer sus propias rondas. Tratándose de hidrocarburos, en México somos patriocentristas. Esto implica que los funcionarios mexicanos tengan en contra asimetrías de información al realizar el primer evento de este tipo, teniendo enfrente a personas que lo han hecho varias veces.

Arturo Rodríguez García

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