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La lucha anticorrupción, en el limbo

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MÉXICO, DF.— Con la eliminación del artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que normaba a la SFP, ésta ha quedado sin soporte legal y sujeta a un proceso de reestructuración que se ha prolongado casi dos años. Aun si se creara la CNA, por el tiempo requerido para su puesta en marcha se llegaría a la mitad del sexenio en las mismas condiciones.

Óscar Arredondo Pico, analista de la organización civil Fundar, advierte que a lo anterior se suman una serie de condiciones estructurales en las diferentes funciones de rendición de cuentas, transparencia, auditoría, sancionadoras y penales, que impiden la eficacia del combate a la corrupción.

“Estamos peor que al salir Felipe Calderón: No se ha creado la CNA y la SFP está en el limbo. Quedó viva pero con respiración artificial”, dice Arredondo, quien considera que en esto hay intencionalidad.

En seguimiento a las declaraciones de Arredondo, Proceso consultó el Segundo Informe de Gobierno, entregado el lunes 1 al Congreso de la Unión.

En el resumen ejecutivo entregado al efecto ni siquiera se trató el asunto.

El contraste entre el segundo informe de Peña Nieto y el sexto de Felipe Calderón establece diferencias notables.

Calderón entregó 34 páginas dedicadas a temas de transparencia, combate a la corrupción y cultura de la legalidad. Peña Nieto apenas seis páginas, en las cuales al menos una está dedicada a “informar” sobre la iniciativa de la CNA, que ni siquiera ha sido puesta a debate y de la cual ya había informado.

Según el informe de Peña Nieto, hay un avance: Se sancionó a 14 mil 95 servidores públicos, mientras que en el último año de Calderón apenas fueron 13 mil 198 sancionados.

Por el contrario, las sanciones a proveedores y contratistas están a la baja, pues sólo se impusieron 256 en este último año, luego del de por sí bajo registro de 427 en 2013. La reducción es histórica pues con los datos de este segundo informe se trata de la cifra más baja desde 2002.

 

COMO LÓPEZ PORTILLO

En medio de la crisis que produjo en su campaña el movimiento #YoSoy132, en mayo de 2012 Peña Nieto lanzó un Manifiesto por una Presidencia Democrática, un decálogo de planteamientos que en su noveno postulado recogió una promesa de campaña: La creación de la CNA.

Como presidente electo, el 15 de noviembre de 2012 su equipo de transición envió al Senado su iniciativa para crear la CNA y una Ley Federal Anticorrupción.

Desde el Manifiesto la propuesta se había anunciado junto con la de una reforma en materia de transparencia y la creación de una ley para regular la compra de publicidad oficial, que luego se incluyeron en el Pacto por México.

La reforma al marco constitucional del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) se enlistó como el compromiso 84; la CNA fue el compromiso 85, y el tema de la publicidad oficial, el 95.

Dichas iniciativas no se priorizaron, pues de las reformas constitucionales aprobadas en el periodo, seis fueron de naturaleza económica y sólo la relacionada con transparencia se consiguió, no sin antes pasar largos meses atorada por la resistencia del PRI.

 

DISCURSO TAQUILLERO

Para Arredondo, Peña Nieto atiende a un discurso “exitoso y taquillero” que coloca en un mismo apartado transparencia, rendición de cuentas, auditoría, fiscalización, combate a la corrupción y delitos relacionados con el servicio público que atienden a la materia penal, asuntos cuya naturaleza y objetivos son diferentes.

Sin embargo en los procesos legislativos, normativos y operacionales en los que sí deberían vincularse, a veces ni siquiera se mencionan.

Afirma que la iniciativa para crear la CNA tiene numerosas deficiencias técnicas y jurídicas. Entre otras: Revuelve capacidad de sanción administrativa por faltas mínimas con la de faltas graves, plantea un “desbarajuste” sobre los OIC y nada dice sobre el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que ni siquiera se menciona.

Además el nuevo organismo sería integrado con la ya conocida fórmula de promoción presidencial, que se sujeta a la aprobación en el Senado, por lo que no se garantiza su independencia.

La propuesta de la CNA no fortalece funciones de auditoría ciudadana, no se menciona a la ASF ni establece condiciones claras para que se dé seguimiento a lo que deba procesarse en materia penal o de justicia administrativa.

Ni siquiera se prevé una relación entre los órganos de auditoría interna con la ASF, cuyo trabajo ideal sería mantener un vínculo­ permanente a fin de agilizar la emisión de informes. Lo explica así: Las auditorías internas se realizan sobre la forma en que se está ejecutando el gasto para control interno; la ASF audita cómo se ejecutó el gasto con dos años de retraso.

Una articulación de las dos funciones, según el entrevistado, posibilitaría la reducción en tiempos y una mayor eficacia.

Con la previsión de que la iniciativa, aprobada por el Senado y estancada en la Cámara de Diputados, podría aprobarse en este periodo de sesiones, Arredondo sostiene que la propuesta no toca los principales temas para mejorar la rendición de cuentas.

Otro aspecto que no se regula es la articulación de la ASF con las auditorías locales a fin de hacer un seguimiento efectivo, por ejemplo, de participaciones federales. Arredondo considera que esa articulación debería ser de orden constitucional, pues hasta ahora no es posible en virtud de la autonomía de los estados.

Para el entrevistado, sería mejor dejar a la SFP en la Ley Orgánica y que la nueva fiscalía lleve los procedimientos penales, pero con retroalimentación de los OIC y la ASF, siempre y cuando ésta emita informes año con año y no hasta después de que se registre toda la cuenta pública.

 

TRANSPARENCIA ESTILO PEÑA NIETO

En cada anuncio de obra, como el del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México; en la promulgación de reformas, como la energética; en los anuncios de proyectos, como Prospera, y en general sobre su gobierno, Peña Nieto promete transparencia y rendición de cuentas.

Y es que Fundar ha insistido, entre otros temas, en las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos, empezando por el gabinete, tan opacas que no permiten a los ciudadanos conocer la evolución de sus bienes.

Aún así, Arredondo admite avances: El nuevo marco constitucional del IFAI, la Ley de Contabilidad Gubernamental, el programa de transparencia presupuestaria y la creación de una fiscalía anticorrupción.

El problema, indica, tiene que ver con la falta de vinculación ciudadana al derecho de acceso a la información, pues si bien el Gobierno coloca mucha en sus plataformas, ésta no sirve para que los ciudadanos contrapesen, presionen e incidan en las políticas. Muchos ni siquiera tienen Internet.

 

REFORMA ENERGÉTICA

El caso de la reforma energética, sobre la que Peña Nieto presume transparencia, sirve al investigador para plantear otro ejemplo que se relaciona con rendición de cuentas, transparencia y publicidad oficial:

“No es nada ético que se haya vendido una reforma energética con millones gastados en spots, diciendo que van a bajar la luz y el gas, sin idea clara de en cuánto tiempo y cómo. Ahora dicen que va a ser en varios años; es decir, se intentó convencer a los ciudadanos con desinformación”.

Lo anterior, dice, sin entrar al análisis de cómo se dieron los procesos legislativos federal y locales de las reformas, que entre otras cosas plantean la duda sobre las asignaciones de recursos a diputados y senadores.

Arredondo aborda la Ley del Fondo de Estabilización de Ingresos Petroleros, donde se concentrarán los recursos para el Estado que produzca el sector, un fideicomiso con problemas de acceso a la información.

Ese fideicomiso, cuyo consejo será integrado por cuatro miembros de la administración pública y tres ciudadanos nombrados por el Presidente, administrará un billón de pesos, además de los 500 mil millones que se administran en fideicomisos actualmente.

En ese fondo se establece la presentación de informes trimestrales, pero no a quién los van a presentar o si nada más los van a publicar.

Arturo Rodríguez García

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