El relator especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, Christof Heyns, consideró el domingo que la muerte de 22 personas a manos del Ejército Mexicano en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, pudo tratarse de una ejecución sumaria y no de un enfrentamiento entre militares y narcotraficantes como informaron las autoridades en un primer momento.
El batallón 102 de Infantería dijo haber abatido a un comando de peligrosos delincuentes en una bodega tras un intenso intercambio de disparos, pero una testigo asegura que en esa reyerta solo murió uno de los civiles y que el resto fueron ejecutados durante la noche pese a haberse rendido.
El testimonio de la superviviente ha puesto en entredicho el papel de las fuerzas armadas en un tema tan delicado como es la seguridad en México. Especialmente en un momento en el que el Presidente Enrique Peña Nieto había expresado su deseo de enviar tropas a las misiones de paz de la ONU. Por el momento, un teniente y siete soldados han ingresado en una prisión militar bajo cargos de desobediencia e infracciones al deber. Aunque organizaciones internacionales siguen pendientes de que se sepa toda la verdad sobre lo ocurrido en aquel apartado lugar, en medio de la oscuridad. Se trata de un caso que se podría haber archivado como tantos otros de no haber sido por el relato de una persona que lo vio todo.
“El Gobierno de México tiene la obligación de investigar a fondo, juzgar y sancionar todos los presuntos casos de ejecuciones extralegales, arbitrarias y sumarias”, dijo Heyns.
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