El Ejército de Venezuela podrá usar armas de fuego para controlar manifestaciones y reuniones públicas. El gobierno de Nicolás Maduro así lo ha aprobado en una resolución, firmada por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López y publicada en la Gaceta Oficial el pasado miércoles, cuya entrada en vigor se prevé inmediata.
El texto asegura que el uso proporcional de la fuerza se desarrollará en un “manual de normas y procedimientos operativos” que estará listo en tres meses y que servirá como base para los entrenamientos y la instrucción.
Rocío Sanmiguel, presidenta de la organización Control Ciudadano, que vigila a las Fuerzas Armadas calificó en Twitter la decisión como precipitada e inconstitucional. “Los aspectos positivos que incluye (la resolución) quedan opacados frente al uso mortal de la fuerza”, escribió.
La resolución, que no distingue entre manifestaciones pacíficas y violentas, choca con dos artículos de la Constitución venezolana. En concreto, con el artículo 68, que atañe a los derechos políticos, y que dice textualmente: “Se prohibe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. La ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público”.
Otro de los puntos polémicos es si la normativa viola el artículo 329, que delimita las funciones y responsabilidades de cada cuerpo de seguridad. La resolución abarca toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) -Ejército, Aviación, Armada, Guardia Nacional y Milicias bolivarianas–, pero solo la Guardia Nacional tiene competencia para mantener el orden público, y esto en caso de que la policía no esté en condiciones de hacerlo.
“Lo que muestra el Gobierno es miedo a que ocurra algo en la calle”, dice el diputado de la oposición, Stalin González, integrante de la comisión de Defensa y Seguridad del Parlamento.
El miércoles pasado hubo una reunión de la comisión, pero según González, el tema no estuvo en la agenda. “Nos enteramos cuando salió publicada”.
“CORTINA DE HUMO”
Las denuncias del Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sobre supuestos planes golpistas y magnicidas opositores, son una cortina de humo ante la crisis que atraviesa ese país, advirtió ayer la diputada Dinorah Figuera.
“Creo que todo esto es una cortina de humo que nuevamente plantea Nicolás Maduro, la situación más dramática la estamos viviendo los venezolanos con la inseguridad, la inflación y el desabastecimiento”, dijo Figuera a Notimex.
Figuera, jefa de la fracción legislativa del opositor partido Primero Justicia (PJ), indicó que Maduro durante casi dos años de Presidencia ha recurrido frecuentemente a “denuncias magnicidas sin fundamentos” como una manera de distraer a la opinión pública.
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