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Diputados avalan la Ley de Transparencia

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MÉXICO, DF.— El pleno de la Cámara de Diputados avaló con 385 votos a favor, 24 en contra y tres abstenciones, la minuta con la que se crea la Ley General de Transparencia y que reglamenta el artículo sexto constitucional.

Al dictamen que se prevé no se le haga ninguna modificación, se presentaron 58 reservas, principalmente de los grupos parlamentarios de oposición que serán desahogadas una a una.

Después de desahogar estas reservas, y que el documento sea avalado en lo general y en lo particular será enviado al titular del Ejecutivo para su promulgación y publicación en el “Diario Oficial de la Federación”.

De última hora, los senadores hicieron cambios que no permitirán conocer información específica de la actual 62 Legislatura de la Cámara de Diputados (como las subvenciones a los grupos parlamentarios), pues en este caso entrarán en vigor las normas hasta el 31 de agosto, fecha en que concluyen sus cargos.

Esta reforma obliga a transparentar y permitir el acceso a su información a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos federal, de las entidades federativas y municipales.

Además, estas mismas instancias deberán proteger los datos personales que obren en sus archivos. Quedó fuera la obligación de publicitar declaraciones patrimoniales de los servidores públicos, la protección a informantes.

El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IFAI) cambiará de nombre por el de Instituto Nacional de Transparencia. El nuevo instituto será cabeza del Sistema Nacional de Transparencia, que se encargará de coordinar y evaluar las acciones relativas a la política pública de transparencia.

 

sin discriminación

El nuevo Sistema Nacional de Transparencia establece que toda  persona tiene derecho al acceso a la información, sin discriminación, ni estará condicionado a que el solicitante acredite interés o que justifique su uso.

Toda la información generada, obtenida, adquirida o transformada, en posesión de sujetos obligados, será pública y accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada como reservada por “razones de interés público y seguridad nacional”.

Además la reserva de mayor lapso será de 12 años.

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