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Preocupa despliegue castrense con AMLO

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CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Ayer en su informe 2020/2021 titulado “La situación de los derechos en el mundo” Amnistía Internacional (AI) advirtió que “(…) el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, ha desplegado más efectivos militares, como parte de su estrategia de seguridad pública, que las administraciones de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón”.

El documento expresa la preocupación del organismo por las desapariciones forzadas, la violencia contra las mujeres, el trato a migrantes y los ataques en contra de representantes de los medios de comunicación.

En el apartado sobre México, AI señaló que López Obrador “estigmatizó en diversas ocasiones a las personas defensoras de los derechos humanos y a los medios de comunicación, y minimizaba (…) la violencia a las mujeres”.

La organización asegura que las reacciones del Gobierno de México ante la pandemia fueron “recortes del gasto público”, que implicaron disolver fideicomisos, “entre ellos los establecidos para apoyar la protección de defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas y víctimas de violaciones de los derechos humanos”.

En lo concerniente a las fuerzas de seguridad, AI expresó su preocupación porque siguieron realizando detenciones arbitrarias y recurriendo a un “uso excesivo de la fuerza, lo que en ocasiones provocó homicidios ilegítimos”.

Destacó que “el Gobierno desplegó más efectivos militares en la estrategia de seguridad pública que las dos administraciones presidenciales anteriores”.

Recordó que el Mandatario emitió, en mayo pasado, un decreto que permite mantener el despliegue de Fuerzas Armadas para operaciones de seguridad pública hasta marzo de 2024, a pesar de que dicho decreto “carecía de normativa sustantiva para garantizar que el comportamiento de las Fuerzas Armadas fuera conforme con las normas internacionales”.

Asimismo, señaló, el Jefe del Ejecutivo puso el control de puertos y aduanas en manos de las Fuerzas Armadas.

Entre los homicidios ilegítimos, la institución mencionó el caso de Giovanni López, ocurrido en mayo de 2020 en Jalisco, tras haber sido detenido por la Policía Municipal por no llevar cubrebocas, algo que las autoridades estatales negaron, así como el caso de Jéssica Silva, quien murió “por accidente” a manos de la Guardia Nacional en Chihuahua.

Sobre las desapariciones forzadas por parte de agentes del Estado o agentes no estatales, Amnistía Internacional dijo que no sólo preocupa que continúen los casos, sino la “impunidad casi absoluta” de la que gozan los presuntos responsables.

La violencia contra la mujer en el país fue otro elemento sobre el que el organismo pidió poner atención. No sólo sigue, sino que el Presidente minimiza el problema, “cuestionando la validez de las llamadas telefónicas realizadas a los servicios de emergencia para denunciar la violencia de género en el ámbito familiar y criticando las protestas de las mujeres contra los feminicidios”.

 

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