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Ordenan a Gómez Urrutia pagar 54 mdd a mineros

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CIUDAD DE MÉXICO (Apro).— La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) afirmó la legalidad del laudo que obliga al sindicato minero, así como a su dirigente, Napoleón Gómez Urrutia, a liquidar a los trabajadores los 54 millones de dólares recibidos con motivo de la privatización de Mexicana de Cananea.

“Después de 15 años de litigio los tribunales de Amparo han sostenido que los recursos son propiedad de los trabajadores”, expuso la dependencia ayer a través de un comunicado.

Dicha afirmación responde al posicionamiento fijado ayer por miembros del comité nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, que en conferencia de prensa y en dos comunicados, acusaron a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) de incurrir en ilegalidades, incumplir con dos amparos y sostener que el laudo notificado el pasado viernes es ilegal.

El caso se remonta a 2005, cuando Grupo México, la empresa que adquirió la antigua Mexicana de Cananea y sus subsidiarias, entregó al sindicato 55 millones de dólares para que dichos recursos fueran repartidos entre trabajadores. Sin embargo, desde entonces y hasta ahora, la organización gremial y su dirigente, sostienen que dichos recursos les corresponden rechazando así el reparto.

“La JFCA en el laudo recién emitido da cumplimiento a los lineamientos establecidos por los tribunales de Amparo a los que está obligado a sujetarse, de no hacerlo así, incurriría en responsabilidad penal y administrativa.

“Cabe destacar que de los 2 mil 996 trabajadores demandantes, 708 obtuvieron laudo a su favor para recibir el pago completo y 369 el complemento, que corresponde al pago de las diferencias”, detalló la STPS.

Esa precisión se relaciona con la falta de pago a los 708 trabajadores mencionados y a la entrega de 50 mil pesos a otros 369.  En tanto, el sindicato fue absuelto por lo que corresponde a mil 501 trabajadores demandantes por no haber acreditado su relación laboral, o bien porque no ofrecieron pruebas de haber trabajado en Mexicana de Cananea al momento de la privatización.

 

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