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Políticas de 4T perjudica a empresas extranjeras

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BRUSELAS, Bélgica (El Universal).— Demandas multimillonarias se avecinan contra México por parte de empresas privadas nacionales y extranjeras a consecuencia del repentino cambio de las reglas del juego en materia de inversión privada por parte del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Así lo prevé Christian Wagner, analista para las Américas de Control Risks, una consultora con sede en Londres especializada en examinar riesgos potenciales y ofrecer posibles soluciones a crisis específicas.

Afirma que las políticas del Gobierno de México que eventualmente tienen el potencial de provocar demandas judiciales por afectar intereses de empresas extranjeras, son aquellas que son retroactivas, repentinas y las que impiden la libre competencia.

“La mayoría de los cambios fiscales y legales sobre los sectores minero y energético caen en alguna o varias de estas categorías”, dice.

“En concreto, el cambio en el cálculo de impuestos a mineras, la renegociación de contratos para gasoductos, el cambio de tarifas de porteo eléctrico, el dotar a la CFE de poderes regulatorios y de bloqueo de mercado, el favoritismo hacia la CFE, la facultad de intervenir en el mercado de combustibles y la prohibición de llevar a cabo minería en áreas protegidas [sí es retroactiva]”.

A esta lista, agrega la cancelación unilateral de proyectos de inversión, como fue el aeropuerto internacional de Texcoco y la construcción de una planta cervecera en Mexicali, Baja California, por parte de Constellation Brands. En ambos casos se realizaron consultas populares y hubo alegaciones de supuesto tráfico de influencias y corrupción.

Señala que en algunos casos, la inconformidad por el trato recibido por el Gobierno ya se ha turnado a los juzgados.

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