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Acumula FGR mil 259 denuncias por tortura

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CIUDAD DE MÉXICO (Apro).— En los primeros 18 meses del sexenio, la Fiscalía General de la República (FGR) recibió 522 nuevas denuncias por posibles actos de tortura en contra de agentes federales, que sumadas a las ya existentes en años anteriores, elevaron la cifra de casos abiertos a más de mil 259, de los cuales sólo tres fueron enviados a un juez, y apenas se obtuvo una sentencia condenatoria”.

Los datos forman parte del informe coordinado por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT) dado a conocer este jueves, y que echan por tierra el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador en el sentido de que en su Gobierno ya no se tortura.

En el ámbito de las entidades federativas la situación no es mejor: “sólo en 2018 se iniciaron cuatro mil investigaciones, pero en apenas dos casos hubo cargos penales por tortura ante algún juez”, agregan las organizaciones en su reporte, producto de una misión virtual realizada en febrero pasado, de seguimiento de la implementación de las recomendaciones del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas (CAT) a México en 2019.

El informe “México: la tortura y la impunidad se agudizan en tiempos de pandemia” revela que lejos de abolirse, la práctica de la tortura durante esta administración, tiende a agudizarse con la “profundización de la militarización”, con la instrucción del presidente López Obrador a las Fuerzas Armadas para llevar a cabo tareas de seguridad, mientras “la Guardia Nacional (GN) sigue siendo un cuerpo de seguridad militarizado, bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) con dirección y composición militar, contraviniendo las propias disposiciones del CAT”, afirmó.

El informe resalta “la alarmante falta de articulación que existe a nivel interinstitucional, así como entre el ámbito federal y local”, para atender la prevalencia de la tortura en México, señalando de manera destacada a la FGR como “un cuello de botella de muchos de los problemas que se observan actualmente, incluyendo la falta de respuesta a solicitudes de otras instituciones, la presentación de iniciativas de reforma de carácter regresivo y desarticulador, la falta de implicación e implementación de instrumentos y medidas previstos en la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes (LGT) así como las múltiples deficiencias que caracterizan la investigación de casos”.

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