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Reconoce 4T que hay casi 95 mil ausentes

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CIUDAD DE MÉXICO (Apro/El Universal).— Con el reconocimiento de que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador no ha “podido superar” la crisis de desapariciones de personas en el país, que el registro ubica en más de 94 mil personas, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob, Alejandro Encinas, dio la bienvenida a la delegación del Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas (CED), presidido por Carmen Rosa Villa Quintana, y que visitará 12 Estados del país.

Encinas Rodríguez puntualizó que la desaparición forzada fue detonada en dos diferentes periodos, conocidos como “la guerra sucia”, de 1965 a 1990, y la “guerra contra el narcotráfico” emprendida por Felipe Calderón.

“La desaparición forzada en México tiene elementos de corte histórico y social en la cual la lucha política estuvo asociada a la violencia del Estado y a la lucha armada, y que adquirió una dimensión particular durante la guerra sucia, así como en la mal llamada guerra contra el narcotráfico, que inició en 2006, la cual desató el fenómeno de la desaparición entre particulares, vinculada a la corrupción de las fuerzas policiales ligadas al crimen organizado”.

El subsecretario señaló que se mantiene abierta una herida que el Gobierno de México ha asumido y que tiene como punto central la búsqueda e identificación de personas desaparecidas, a fin de garantizar verdad y justicia, el derecho al retorno digno a los familiares y a la construcción de una memoria social que permita la dignificación de las víctimas.

Reprochó que a pesar de que el 17 de noviembre de 2017 fue publicada la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y también la creación del Sistema Nacional de Búsqueda, no se había implementado hasta la llegada de este Gobierno, no existía un registro de personas desaparecidas, ni protocolos para la búsqueda, pues sólo existían ocho comisiones de búsquedas locales, con condiciones muy precarias.

“A la llegada en este Gobierno encontramos una crisis profunda ligada a la desaparición, vinculada con los temas forenses identificación humana. Nos enfrentamos a la ausencia de mecanismos de búsqueda deficientes, registros de personas desaparecidas, ausencia de coordinación institucional y una realidad que tenemos que asumir, donde el Estado abdicó de su responsabilidad en la búsqueda de personas, dejando esta tarea a los familiares de las propias víctimas en la búsqueda de sus seres queridos”.

“Desde la llegada del nuevo Gobierno, en diciembre de 2018, asumimos la existencia de esta crisis humanitaria en materia desaparición de personas y violación de derechos humanos, y el Presidente de la República ha enviado señales muy claras, como fue el primer acto de Gobierno del 3 de diciembre de 2018, cuando se emitió el decreto por el cual se crea la Comisión por la verdad y acceso a la justicia en el caso de Ayotzinapa”.

Por su parte,  Carmen Rosa Villa-Quintana, de la CED, afirmó que este organismo acoge “con muchísima satisfacción” la disposición del Estado mexicano de recibir esta visita solicitada desde 2013, lo que “muestra la voluntad del Estado mexicano de abrir las puertas al escrutinio”.

Informó que durante esta visita el Comité participará en exhumaciones, “tanto las que llevan a cabo las autoridades nacionales, pero también las que están llevando las propias víctimas para conocer los obstáculos, los avances y aquello que desde nuestra perspectiva, pueda contribuir a superar esta situación”.

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