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Frena Corte al INE

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CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó al Instituto Nacional Electoral (INE) continuar con el proceso de la consulta de revocación de mandato, pues cuenta con más de mil 500 millones de pesos para este ejercicio ciudadano.

La Comisión de Receso de la Corte, integrada por las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Margarita Ríos-Farjat, admitió a trámite la controversia constitucional planteada la víspera por el presidente de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Sergio Gutiérrez Luna, contra el acuerdo del INE en el que aplazó el proceso de revocación de mandato por tiempo indefinido.

El acuerdo impugnado fue dictado el pasado 17 de diciembre, luego de que la Corte rechazó dejar sin efectos la obligación del INE de ajustar su presupuesto para realizar el proceso de consulta de revocación de mandato con todo y la reducción de más de 4 mil millones de pesos decretada para el próximo año.

El INE señaló que, tal como lo ordena la Ley Federal de Revocación de Mandato y para no incurrir en responsabilidades, ajustará su presupuesto, pero pospondrá la realización de la consulta hasta que reúna los más de 3 mil millones mínimos que necesita para dicho ejercicio.

Al admitir la impugnación de los diputados, las ministras de la Corte concedieron la suspensión provisional al considerar que el acuerdo del INE pone en riesgo el ejercicio oportuno del derecho de la ciudadanía a decidir si revoca o no el mandato del Presidente de la República.

 

LO QUE ESTABLECE LA CONSTITUCIÓN

Las ministras afirmaron que la Constitución establece que en ningún caso los derechos políticos pueden ser restringidos o suspendidos de manera general mediante un decreto o acto, como lo hizo el INE con su acuerdo.

“Con la concesión de la suspensión se favorece la continuidad de un ejercicio democrático y ciudadano. Además, el párrafo segundo del artículo 29 de la Constitución Política del país establece que los derechos políticos no pueden ser restringidos o suspendidos de manera general, por lo que la ejecución del acuerdo del INE pone en riesgo el ejercicio oportuno del derecho de la ciudadanía a decidir si revoca o no el mandato”, señaló la Corte mediante un comunicado.

La Comisión añadió que en el acuerdo impugnado el INE señaló que el presupuesto asignado para 2022 asciende a mil 503 millones de pesos, dinero al que deberá ajustarse para realizar el proceso ordenado en la Ley Federal de Revocación de Mandato.

La resolución de las ministras no resuelve en definitiva la controversia planteada por el presidente de la Cámara de Diputados, puesto que una vez que se reanuden labores en la SCJN, el asunto será turnado al ministro que corresponda para que analice la demanda y elabore un proyecto.

En este proyecto, la Corte deberá decidir si el INE invadió facultades exclusivas de la Cámara de Diputados con el acuerdo de aplazamiento del proceso consulta de revocación de mandato o si lo confirmará y dejará subsistente.

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