CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— El Gobierno de México acusó que empresas estadunidenses fabricantes de armas pueden ser consideradas cómplices indirectos de la delincuencia organizada, al tener conocimiento de que un porcentaje de sus productos forma parte de la cadena de tráfico ilícito de armas a nuestro país y no modificar sus políticas de comercialización.
En la demanda presentada en la Corte de Massachusetts, a la que El Universal tuvo acceso, el Gobierno mexicano sostuvo que al menos ocho firmas han facilitado que la delincuencia organizada use prestanombres, empresas fantasma y triangulaciones para simular compras legales de armas que llegan a México.
Por ello, señaló que estas empresas saben que sus armas se venden en el marco de la legalidad estadunidense para ser traficadas ilícitamente a México y no hacen nada para prevenirlo.
“Al diseñar, distribuir, vender y comercializar productos altamente peligrosos, los acusados asumieron el deber de garantizar que sus armas se vendan de manera legal y cuidadosa, en su totalidad, en cumplimiento de las leyes aplicables y no eludir esas leyes a través de sus prácticas comerciales”, señala la demanda.
“Parte del deber que asumieron los demandados fue vender y distribuir cuidadosamente sus armas. Este deber se viola cuando venden armas sin estándares, condiciones o monitoreo, a través de comerciantes y distribuidores intermedios, algunos de los cuales, los demandados saben que venden armas de manera imprudente o ilegal”.
En el documento se añadió que las armerías están obligadas a garantizar que sus distribuidores y comerciantes no abastecerán imprudente o ilícitamente el mercado delictivo mexicano.
En entrevista con El Universal, Alejandro Celorio, consejero jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), dijo que desde que Estados Unidos eliminó la prohibición de venta de armas de asalto en su territorio en 2004, las armerías incrementaron su producción, distribución y comercialización, mientras en los cuatro años siguientes, la posesión ilegal de armas en México se multiplicó y la tasa de homicidios aumentó 45%, al pasar de nueve mil 324 a 13 mil 627 en 2008.
Desde entonces, las cifras no han disminuido. Por el contrario, un estudio del Centro Nacional de Información (CNI), que México presentará como prueba en el juicio, señala que desde 2015 los homicidios dolosos cometidos con armas de fuego pasaron de nueve mil 571 a 23 mil 121 en 2021, manteniendo una tendencia anual que no disminuye de los 13 mil.
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