Exhiben transas en programa JCF

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— En este sistema de desvío de recursos públicos en Jóvenes Construyendo el Futuro (JCF) caben todos: servidores de la nación, funcionarios de la Secretaría del Trabajo, gestores externos y hasta empresarios.

Análisis de 155 quejas ciudadanas turnadas a la Secretaría de la Función Pública (SFP) obtenidas a través de una solicitud de información, permitió identificar por lo menos cinco formas de violentar las reglas de operación y obtener beneficios sin cumplir con los requisitos.

En los documentos se repiten irregularidades como usurpación de identidad y robo de datos personales a empresas y becarios, retención  de las tarjetas bancarias y de un porcentaje del dinero, registro de amigos y familiares de servidores públicos y de tutores, uso del programa con fines proselitistas y la ausencia de capacitaciones, entre otros.

En 2019 y 2020 ciudadanos afectados por malos manejos en el programa recurrieron a la Oficina de la Presidencia con cartas dirigidas a López Obrador, se quejaron ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y hasta marcaron al número de emergencias 911. Deseaban exponer todas las fallas del programa federal.

Un 60% de los reclamos ingresaron por el sistema de Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción, una plataforma creada en la administración actual con el objetivo de fomentar la denuncia.

Los expedientes fueron turnados a la SFP, responsable de investigar y de sancionar las posibles irregularidades.

En la versión pública de las quejas entregadas, la SFP testó el nombre del ciudadano, el lugar donde sucedieron los hechos y el nombre y cargo del funcionario. Lo que sí se puede conocer son algunas de las formas en que se llevan a cabo las irregularidades.

USURPACIÓN

DE IDENTIDAD

“Atienda este aviso, urgente respuesta”, se lee en un mensaje de WhatsApp que una empresaria afiliada a Jóvenes Construyendo el Futuro recibió a finales de 2019. El texto llegó cuando la propietaria de una estética canina llevaba cuatro meses capacitando a dos becarios.

La persona que le envió el mensaje se identificó como “servidora de la nación”, y la amenazó con dar de baja su negocio del programa. Para no hacerlo le exigió la ficha de alta y su Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave. Accedió.

Un par de semanas después, la veterinaria intentó ingresar a la plataforma de JCF pero su correo electrónico y contraseña habían sido modificados. Cuando logró recuperar su cuenta descubrió que el nombre del tutor, el teléfono, correo electrónico y domicilio habían sido cambiados.

Con su mismo RFC y registro la estética canina pasó de capacitar a cinco becarios a convertirse en una agencia de diseño gráfico con cabida para 75 jóvenes.