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Se cuida AMLO del pueblo

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Le teme más que al crimen organizado

Neldy San Martin, Diana Lastiri y Mathieu Tourliere

CIUDAD DE MÉXICO (Apro).— Contrario a lo que el presidente López Obrador ha sostenido desde que fue candidato, sobre que no necesita escoltas porque “la gente me cuida”, reportes de la Sedena —hackeados por el colectivo Guacamaya— revelan que los aparatos de inteligencia y seguridad militar están más preocupados por protegerlo de protestas sociales, que tienen “el objeto de hacer peticiones y/o muestras de afecto”, dejando de lado los riesgos por el narco, pese a que visita localidades bajo la influencia de cárteles y grupos violentos. Así, entre la lista de amenazas figuran familiares de mujeres asesinadas, de desaparecidos, maestros, normalistas, campesinos, pescadores y hasta enfermos de Covid-19.

Cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador visita algunos de los Estados más peligrosos del país, las preocupaciones del Ejército no son los grupos del crimen organizado que pudieran atacarlo, sino las protestas sociales.

Proceso revisó documentos de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que forman parte de los correos electrónicos hackeados por el colectivo Guacamaya, en los cuales el Ejército realiza labores de inteligencia previo a las visitas del Mandatario para identificar cuáles son los posibles riesgos que enfrentará al llegar al lugar designado.

Los documentos incluyen un panorama delictivo del Estado o Municipio que visitará el titular del Ejecutivo Federal y una conclusión de riesgos probables a los cuales se enfrentará, en los cuales no se incluyen posibles ataques armados por integrantes de la delincuencia organizada, sino protestas e intentos de la población para acercarse a López Obrador con el fin de que escuche sus exigencias, principalmente.

Durante las giras presidenciales la Sedena despliega a varias de sus fuerzas en el terreno para prevenir problemas. La sección de inteligencia vigila las organizaciones sociales y su potencial para realizar bloqueos, los batallones mandan a sus elementos de Órganos de Búsqueda de Información (OBI) para tantear el terreno, el Estado Mayor de la Defensa Nacional envía a especialistas del Grupo de Respuesta a Emergencias por cualquier atentado con explosivo, y la sección de ciberespacio monitorea las redes sociales.

Todo esto mientras se informa en tiempo real sobre el desarrollo de la agenda presidencial a Luis Cresencio Sandoval, titular de la Sedena.

EN TERRENOS DEL CJNG

Documentos de inteligencia de la Sedena registran que hasta junio último el presidente López Obrador había visitado siete ocasiones el puerto de Acapulco, y en dos de ellas la institución armada presentó el mismo diagnóstico de riesgo actualizado, en el cual destacó que el Mandatario podía ser interceptado por integrantes de organizaciones sociales en la caseta de cobro La Venta, en el hotel, o en los lugares donde se realizarían los actos.

El análisis más reciente sobre el Municipio guerrerense señala que sólo del 1 de enero al 3 de junio de 2022 se realizaron 25 tomas de casetas de cobro de peaje, 23 manifestaciones, 23 bloqueos carreteros y tres plantones.

Ante ese panorama la Defensa Nacional delineó una estrategia con el establecimiento de círculos de seguridad del 56 y 68 Batallón de Infantería, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública en los lugares donde el Mandatario se presentó el 26 de junio pasado en Acapulco.

Aunque la Sedena reconoció la presencia de dos grupos delictivos en el Municipio, que se mantienen en conflicto por el control de diversas áreas, y también que sólo de enero a junio el número de homicidios dolosos fue de 175, los militares descartaron la existencia de “riesgo a la visita del Presidente por parte de miembros de la delincuencia organizada”.

Los dos grupos criminales a los que se refieren son Los Rusos y El Cártel Independiente de Acapulco; éste último ha perdido influencia por las detenciones de sus líderes, de acuerdo con el reporte obtenido por el colectivo Guacamaya.

Para la Comandancia de Batallón, las líneas de acción, según el archivo hackeado, debían estar enfocadas en desplegar a los OBI en los lugares donde se llevarían a cabo las actividades presidenciales, con el fin de mantenerse atentos sobre cualquier movilización de organizaciones sociales o peticiones ciudadanas ante la pandemia de Covid-19 que pudieran perturbar la gira.

Otro caso: el reciente 22 de julio el presidente ofreció su conferencia matutina en Puerto Vallarta, Jalisco, donde opera el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), liderado por Nemesio/Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”, y que mantiene la hegemonía en el Municipio mediante su jefe regional, Gonzalo Mendoza Gaytán, “El Sapo”.

Pese a ello, en el documento “Panorama de la visita del Presidente de México a los Estados de Nayarit y Jalisco (41/a. Z.M.)” se alerta de posibles protestas de movimientos sociales durante la visita del Presidente y no de amenazas por el grupo criminal que ha sembrado terror en la población.

De acuerdo con el informe, del 1 de enero al 20 de julio de 2022 ocurrieron 24 movilizaciones sociales en Puerto Vallarta, por lo cual advirtieron que durante la visita del titular del Poder Ejecutivo, podrían presentarse actos de protesta.

La Sedena afirma en el reporte que “no se tiene registro sobre amenazas de bomba o colocación de artefactos explosivos improvisados durante su itinerario”, ni tampoco “se tiene conocimiento que algún grupo pudiera llevar a cabo posibles actos de agresión”.

Sin embargo, señala que es “probable que integrantes de grupos sociales desafectos realicen protestas por los feminicidios y por desaparición de personas”.

Por ello se planteó dar seguimiento al activismo político-social de la región, identificar a los líderes de manifestaciones sociales, sus capacidades y poder de convocatoria, con el propósito de detectar posibles bloqueos.