Tribuna Campeche

Diario Independiente

Política migratoria en México, mata

Insensible y ofensivo que AMLO culpe a migrantes de tragedia: AI

SAN JOSÉ, Costa Rica (El Universal).— “La política migratoria en México, mata”, denunció un bloque de más de 300 organizaciones no estatales femeninas, religiosas, laborales, sociales, mediáticas, culturales, de derechos humanos y de juventud e infancia de América y Europa al repudiar la muerte de al menos 38 migrantes en un incendio en territorio mexicano.
Mientras que Amnistía Internacional (AI) consideró “insensible y ofensivo” que tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador, como el Instituto Nacional de Migración (INM) le hayan restado gravedad al incendio, además de culpabilizar a los migrantes de estos hechos.
En declaración conjunta, las agrupaciones rechazaron la versión del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de que un incendio que se desató el pasado lunes por la noche en una estación migratoria mexicana en la zona fronteriza con EU fue provocado por una protesta de los migrantes para oponerse a su eventual deportación a sus países de origen.
“Alto a la militarización de las fronteras (de México) y a la participación de la Guardia Nacional en las acciones de control migratorio”, solicitaron.

RESPONSABILIDAD DEL GOBIERNO

“Afirmar que lo sucedido es consecuencia de una protesta/motín es especular y revictimizar. Hacemos un llamado a no desinformar cuando el hecho está en proceso de investigación”, exigieron en el pronunciamiento.
“Lo ocurrido” en una estancia migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, Chihuahua, “es responsabilidad del Gobierno Federal”, acusaron, al insistir en que “la situación refleja la ausencia de protocolos y una política de Estado para garantizar los derechos y protección de personas migrantes y solicitantes de asilo”.
El número de fallecidos y heridos en el incendio es “resultado de una serie de omisiones por parte de las autoridades encargadas del espacio y de rutas de evacuación para atender este tipo de siniestros”, señalaron.
Las organizaciones pidieron al Gobierno de López Obrador la “destitución e inhabilitación inmediata del comisionado del INM, Francisco Garduño Yáñez”.
“Exigimos” al INM “responsabilizarse” por lo sucedido, adoptar “garantías eficaces y oportunas de no repetición” y la “no contratación de personal militar o con antecedentes” en las secretarías de Defensa Nacional y de Marina y en la Guardia para laborar en estaciones migratorias y estancias provisionales, plantearon.
“Las autoridades (mexicanas) continúan utilizando términos como ‘alojamiento’ o ‘albergue’ para referirse a la detención y privación arbitraria a la libertad en las ‘estancias’ migratorias, respectivamente. El INM categoriza los espacios con diferente nombre, pero la finalidad de todos es la misma, privar de la libertad a personas en situación de movilidad”, adujeron.
“El uso de eufemismos (términos blandos) por parte de la autoridad intentan minimizar la grave situación de lo acontecido y evadir la responsabilidad al INM sobre el manejo de sus instalaciones y de protección que tienen que brindar a quienes están bajo su custodia”, recalcaron.

Hay ocho responsables por tragedia

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— La Fiscalía General de la República (FGR) solicitará que se giren órdenes de aprehensión contra ocho personas señaladas como presuntas responsables de la muerte de 39 migrantes y lesiones a otros 27, por el incendio que ocurrió el pasado lunes en la estancia provisional del INM en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Sara Irene Herrerías, fiscal especializada en Materia de Derechos Humanos de la FGR, informó que entre los imputados está un migrante señalado como el que provocó el incendio.
Detalló que en las próximas horas se solicitarán las primeras cuatro órdenes de aprehensión por los probables delitos de homicidio, daños en propiedad ajena y lesiones y se buscan elementos para configurar abuso de autoridad y malos tratos.
De estos presuntos responsables, además del migrante, dos pertenecen al Instituto Nacional de Migración (INM) y uno a la empresa de seguridad privada encargada de las instalaciones de la estancia provisional.
“Todavía están en proceso para que los cuerpos sean repatriados a sus lugares de origen, aún falta el reconocimiento por parte de familiares para iniciar la entrega de los mismos”, señaló Herrerías Guerra y dio a conocer que ayer llegó el primer familiar de uno los occisos.

Rosa Icela Rodríguez.

La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, indicó que está en constante comunicación con el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, por lo que prometió que esta tragedia no va a quedar impune.
En conferencia en el Salón Tesorería del Palacio Nacional, en la que no participó ningún funcionario del INM ni de las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores, la funcionaria se comprometió a transparentar el caso y a dar a conocer todos los detalles: “Nada se va a ocultar y se va a decir la verdad”, insistió Rodríguez Velázquez.
La secretaria consideró que así como los servidores públicos tendrán que enfrentar la ley por los homicidios, también se va a hacer la revisión de la empresa (concesionaria del servicio de seguridad), si cumplía con requisitos y permisos correspondientes, aunque adelantó que la compañía privada ya no podrá dar servicio en México.
“Las investigaciones van a llegar hasta donde tengan que llegar”, advirtió.
La secretaria de Seguridad detalló que de los 27 migrantes hospitalizados, 14 son atendidos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 11 en el Hospital General del Estado de Chihuahua y dos en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste).

Son cárceles, no albergues

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Activistas, organizaciones civiles y migrantes bloquearon simbólicamente la entrada principal de la Secretaría de Gobernación con un memorial en honor a las víctimas del incendio en la Estancia Migratoria Provisional del Instituto Nacional de Migración (INM), en Ciudad Juárez, para exigir políticas que empaticen con las personas en contexto de movilidad.
“¡No murieron, los mataron!”, “¡no son albergues, son cárceles!” y “¡la detención migratoria mata!” fueron algunas frases colocadas en la valla que resguarda al organismo para pedir justicia por la muerte de los migrantes que personal del INM dejó encerrados cuando el incendió estalló en el recinto de resguardo provisional.
El nombre de las 39 víctimas mortales se escuchó en el grito de decenas de voces que con un pase de lista reclamaron poner freno a la detención de migrantes y el cese de las deportaciones injustificadas.
Sobre el tema, Lorena Cano Padilla, coordinadora jurídica del Instituto para las Mujeres en la Migración, destacó que no es un hecho aislado, pues desde 2019 es del conocimiento de las autoridades federales que existen amotinamientos, violaciones a derechos humanos y otro tipo de actos que ponen en riesgo la vida de las personas en situación de desplazamiento dentro de las estancias migratorias provisionales del país.
“Estos hechos no son novedosos. Las políticas migratorias de muerte que se realizan en complicidad con Estados Unidos han provocado que los migrantes pierdan la vida ejerciendo su derecho a migrar”, señaló.
Gabriela Hernández, activista por los derechos de los migrantes, denunció que las condiciones de las estancias migratorias son fatales, por lo que han sido denunciadas desde hace años por movimientos de defensoría de personas en movilidad.
“Deberían estar cerradas, debería estar prohibida su actividad. El Gobierno dijo que habían desaparecido, pero han sido disfrazadas mal llamándolos albergues”, dijo la coordinadora del refugio para migrantes Casa Tochán.
Con estos argumentos, los manifestantes solicitaron la renuncia o remoción del cargo de Francisco Garduño Yáñez, titular del Instituto Nacional de Migración, y una revisión de las políticas de detención.
Lizbeth Guerrero, codirectora y fundadora de Apoyo Migrante Venezolano, no descarta que los grupos convocantes de la protesta tomen acciones legales ante la Corte Penal Internacional contra quien resulte responsable por las muertes causadas por el incendio del lunes.

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