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Invasores amenazan de muerte

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Armados con escopetas, machetes y motosierras, invasores del grupo “Emiliano Zapata”, vinculados a la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), causan destrozos en los predios El Ciricote y Las Margaritas, ubicados en la región de Laguna Grande, de Centenario, propiedad de Mario Luna García, a quien amenazaron de muerte ayer y le advirtieron que si regresa sería asesinado.

Han derribado árboles, destruyeron cercos y alambrados, y dañan el medio ambiente; lo único que les interesa es apropiarse de tierras; ahora, están dedicados a abrir callejones para meter sus camiones, y dicen que esos predios se los dio el Gobierno, lo que sin duda, es una mentira, expuso Luna García.

Dijo que al sorprender a los invasores derribando árboles en su propiedad les pidió que abandonaran el lugar, pero a cambio de eso, lo amenazaron. “Me pidieron que no regrese porque me van a matar; voy a defender lo que considero que es mío porque llevo años trabajando esos terrenos”, sostuvo.

 

SE RECRUDECE PROBLEMÁTICA

En los últimos ocho años el problema de las invasiones se ha recrudecido y cada día está peor. Cada vez incurren en más problemas, no les importa nada. Ya destruyeron el cerco donde está mi ganado, ahora el hato anda suelto y es difícil recuperarlo porque esa gente está armada, manifestó.

Yo tengo los derechos de estos terrenos, ya los presenté a todas las instancias de Gobierno pero nadie hace algo al respecto. El único responsable de esta situación es el Ejecutivo Estatal, pues le ha dado largas al problema de las invasiones; la justicia no se hace presente y esa anarquía complica todo, dijo.

Hasta donde sé, indicó, en noviembre pasado, a petición de la UNTA la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) realizó una inspección pero no pasó a más. Con todos los problemas que hay, tengo miedo de regresar a mi predio porque pueden matarme, pero si no lo hago, corro el riesgo de perder muchos años de trabajo.

Luna García dijo que de nada sirve presentar la denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE), porque no se investiga ni se aplica la ley. Los invasores están protegidos por el Gobierno, permite esos atropellos y propicia los asesinatos a posesionarios de predios.

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