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Detiene Q. Roo proyecto de agua en zona limítrofe

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XPUJIL, Calakmul.— La defensa de la zona limítrofe en litigio con Campeche, es un acto de simulación por parte de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo de Quintana Roo, ya que de manera negligente e injustificada, no se presenta a las audiencias programadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para el desahogo de pruebas y alegatos dentro del recurso de queja 1/2021-CC derivado del incidente de suspensión de la controversia constitucional 226/2019, aseguró el abogado Andrés Blanco Cruz.

El litigante especialista en el derecho al agua de las comunidades indígenas, explicó que el Gobierno de Campeche interpuso una queja ante la SCJN, alegando que la ejecución de los amparos favorables para que Quintana Roo dote de agua potable a las comunidades de Guillermo Prieto, Felipe Ángeles y Caña Brava, vulneran su soberanía y por lo cual fueron notificados la Consejería Jurídica del Estado, la CAPA y el Ayuntamiento de Othón P. Blanco para la defensa del territorio.

Al tener una repercusión en lo que respecta a los amparos favorables para las comunidades amparadas pertenecientes a Othón P. Blanco, se le ha dado seguimiento al recurso de queja promovido por Campeche, donde mediante la lista de estrados se pudo constatar que la Consejería Jurídica del Gobierno de Quintana Roo no se presentó a la audiencia programada por la SCJN el 13 de abril, para el desahogo de pruebas y alegatos.

“Sólo son declaraciones a los medios de que no se va a ceder ningún centímetro del territorio quintanarroense, pero en los hechos es pura simulación, ya que en la realidad no se está atendiendo el tema jurídico por parte de la Consejería Jurídica, instancia que incluso ha contratado despachos externos  sin que se tenga resultados al respecto”, aseveró.

Refirió que estos actos por demás irresponsables y negligentes parecieran ser una estrategia de la Consejería Jurídica para perder el recurso promovido por Campeche ante la SCJN, con la finalidad de no invertir los 100 millones de pesos presupuestados en el presente ejercicio fiscal por el Congreso de Quintana Roo, y detener el proyecto que dotaría de agua potable a la población de las tres comunidades en cuestión, mediante la entrega a Campeche, del 10 por ciento del territorio, es decir, 4 mil 800 kilómetros cuadrados del Estado.

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