Tribuna Campeche

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Exigen investigar tugurio del titular de ProCampeche

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NULO CONTROL DE SEGURIDAD PARA INGRESAR

ESCÁRCEGA.— Luego de que el pasado sábado un tugurio disfrazado de karaoke bar, propiedad de Ricardo Iván Castillo Domínguez, titular de ProCampeche, y evidenciado como uno de los factureros del Gobierno del Estado, fue objeto de operativo policiaco por las detonaciones de armas de fuego registradas al interior del lugar, situación que debe ser investigada y de ser necesario llegar a la clausura.

Castillo Domínguez quien presume ser uno de los fuertes aspirantes de Morena para un cargo a elección popular en el Municipio, goza de impunidad y protección del Gobierno del Estado, pues si ese hecho se hubiese presentado en cualquier otro negocio de ese giro, las autoridades no hubiesen dudado en clausurarlo, pero acá pasó todo lo contrario, dijo Héctor de la Cruz García, gestor social del Municipio.

Todo indica que ese lugar no solo representa un peligro para los ciudadanos que acuden a divertirse, aunado a que sin control de seguridad, los responsables de los disparos entraran armados sin que se dieran cuenta, y debe ser investigado por las autoridades correspondientes, dijo.

Llama la atención el caso, porque se trata de un funcionario del Gobierno Estatal, lo que quiere decir que las leyes están para aplicarse a unos cuantos, pero a quienes pertenecen a la élite del poder, actúan con impunidad; lo que es una situación entendible, pues a esa persona se le vincula como propietario de una de las empresas llamadas factureras de la gobernadora Layda Elena Sansores San Román.

Y que conste, no es el primer hecho de ese tipo en ese lugar, pues constantemente se registran desmanes, y la verdad, es que tanto las autoridades del sector salud como las policiacas no hacen nada pues saben perfectamente quien es el propietario, señaló.

Por lo pronto, sería sano poner orden, verificar si el local cumple con al menos las medidas mínimas para garantizar la seguridad. No por el hecho de ser un empleado del Gobierno del Estado se le permitirá que su negocio opere con total impunidad, pues al violentar la ley, pone en riesgo la tranquilidad de la gente que visita ese “centro de diversión”, finalizó.