Preocupa primera gran expropiación de AMLO

Golpe a la certidumbre, la inversión y el crecimiento económico: Cortés

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Abogados, legisladores, analistas, catedráticos y organizaciones de la sociedad civil externaron su preocupación por la primera gran expropiación del Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La Secretaría de Marina (Semar) expropió ayer las instalaciones de Ferrosur en el tramo Coatzacoalcos-Medias Aguas, propiedad de Grupo México Transportes.

El mismo día, el Gobierno Federal publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por el que se ordenó la ocupación temporal e inmediata del tramo ferroviario por parte del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, empresa de participación estatal mayoritaria.

“La sorpresiva e inusitada toma de las instalaciones por parte de las Fuerzas Armadas está siendo analizada por parte de Grupo México Transportes, sus inversionistas y asesores”, dijo Grupo México Transportes en un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores.

Grupo México, encabezado por Germán Larrea, el segundo hombre más rico del país, informó que continuará brindando el servicio a sus usuarios sin ninguna afectación por el momento, sólo con la vigilancia de las Fuerzas Armadas y se informará oportunamente sobre las acciones a seguir según sus obligaciones como empresa pública.

BLINDAJE DE OBRAS

En opinión del socio del despacho Trusan y Roma Abogados, y catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM, Rodolfo Martínez, la expropiación tiene relación directa con la decisión del Gobierno de blindar sus obras prioritarias.

Claudia Aguilar, especialista en derecho constitucional, y socia fundadora de Aguilar Barroso y Asociados, afirmó: “Sin duda es la primera ocasión en el sexenio donde nos topamos con una expropiación”.

El decreto que se publicó en el DOF cita la Ley de Expropiación, por lo que ante esta “ocupación temporal”, la legislación dice que “sólo podrá impugnarse a través del juicio de amparo”.

Juan José Iturbe López, abogado constitucionalista, y fundador de Malpica, Iturbe, Buj y Paredes, dijo que de primera impresión el amparo debe impugnarse por dos temas: el acto de autoridad y la indemnización; sin embargo, consideró que no se podrá suspender la ocupación porque ya está hecha.
Gabriela Siller, economista en jefe de Banco Base, opinó: “Me parece increíble lo que está sucediendo; primero lo del decreto y ahora lo de los tramos de vías de Ferrosur. Generan miedo y ahuyentan las inversiones… Decretos y expropiación. Sin duda esta semana ha sido para México una de las peores, si no es que la peor, en decisiones de política económica”, dijo.

RECHAZAN ACCIÓN

Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, dijo que la toma de Ferrosur es una pésima señal para el mundo, un duro golpe a la certidumbre, contra la inversión y el crecimiento económico.
“Este Gobierno está convirtiendo a los militares en los verdaderos operadores y beneficiarios de la voluntad y los caprichos del Presidente”, aseveró.

La analista Irene Levy consideró “tremendo” lo que pasa y resaltó que las Fuerzas Armadas tomaron las instalaciones sin avisar y se publicó el decreto de ocupación temporal, sin plazo. “¿Qué sigue?”, cuestionó.
Sociedad Civil México (SCM), organización que busca conformar una candidatura opositora de unidad para 2024, expresó su rechazo de lo que consideró acciones expropiatorias de activos y operaciones de Ferrosur.

En una carta a las dirigencias del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, la organización señaló que dichas medidas anunciadas en el DOF tienen un impacto negativo en el clima de negocios en México, dañando la percepción de riesgo de los inversores privados.

Además, agregó, afecta la imagen del país como destino de inversión extranjera y menoscaba el Estado de Derecho, así como la propiedad privada de empresas e individuos.