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Corrupción y alcoholismo

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Bastante conocida es que la autorización de permisos estatales y municipales para operación, funcionamiento, supervisión y control de negocios de venta de bebidas embriagantes, casi siempre ha servido para manejos irregulares que terminan por beneficiar económicamente a las autoridades, que en teoría deben velar por el respeto a la ley en la materia.

Eso, independientemente de que a nivel federal, esos giros llamados negros, y otros que funcionan directa o indirectamente asociados a ellos, generan cuantiosos montos de dinero a un sinnúmero de empresarios, cuyas contribuciones al fisco no corresponden al nivel de los ingresos que perciben, lo que de muchas maneras los constituye en paraísos fiscales.

Además, el otorgamiento de permisos para el establecimiento de ese tipo de empresas, por lo común depende no tanto del cumplimiento de los requisitos establecidos por la ley, sino de la disposición de los interesados en pagar los diezmos exigidos por las autoridades en turno, como de su relación con ellas. En el caso del Estado de Campeche, tanto el surgimiento de negocios establecidos, como la proliferación de clandestinos y su descarada protección, han venido a la par de la corrupción y la voracidad de los colaboradores de las áreas de alcoholes.

Así, en horas del día y de la noche varios expendios de cervezas y licores sin discriminación alguna venden sus líquidos incluso a menores de edad, mientras las patrullas de la corporación policiaca estatal pasan constantemente frente a esos giros negros, pero no para sancionarlos, sino para asegurarse de que nadie ni nada les impida operar fuera de la ley.

Cierto es que en la administración del defraudador de Tumbo de la Montaña, Salomón Azar, se alentó más que en otras el alcoholismo mediante la proliferación de negocios establecidos, de clandestinos y de todo tipo de desplumaderos. Sin embargo, la apertura de cantinas, la protección a las que operan violando giros y horarios autorizados de funcionamiento, lo mismo que las que trabajan en forma totalmente irregular, ha continuado.

A la fecha, tan sólo en el Municipio de Campeche, la Subdirección de Ingresos del Ayuntamiento capitalino, a cargo de Róger Bernés Torres, tiene registro de 600 establecimientos en los que se venden bebidas alcohólicas, y tras ser verificados, “una gran cantidad” han sido multados por violaciones a la Ley de Validación y Expedición de Alcoholes del propio Municipio.

Hay que recordar que la aprobación para la operación de negocios en los que se comercializan bebidas embriagantes, sean cervezas, vinos o licores, es una responsabilidad compartida entre el Gobierno del Estado y los ayuntamientos, pues uno expide las patentes y otro los permisos de uso de suelo, etc., para que entren en funcionamiento, por lo que también verificar que operen con apego a la Ley de Alcoholes se hace en forma conjunta.

Sin embargo, llama la atención que aunque el total de los giros negros establecidos es de 600, la Subdirección de Ingresos, a cargo de Bernés Torres, sólo ha realizado 156 verificaciones, es decir ni siquiera el 30 por ciento de los negocios ha sido visitado para verificar si operan en regla o violando las disposiciones en la materia.

“Hemos multado a 62 establecimientos. Se les multa por no contar con la documentación vigente, no respetar el horario establecido por la ley y por vender bebidas adulteradas”, mencionó el funcionario.

En cuanto a los expendios clandestinos, mencionó que tan sólo en la ciudad de San Francisco de Campeche y sus comunidades, se han detectado 26 establecimientos ilegales que expenden bebidas alcohólicas, infringiendo la ley, lo que ha valido nueve clausuras aplicadas por la autoridad.

Por ello surgen varias interrogantes: ¿Por qué si durante los operativos de inspección se detectaron 26 clandestinos, sólo nueve fueron clausurados? Y los otros 17 siguen funcionando todavía al margen de la ley o ¿qué paso con ellos?

Según el propio subdirector de Ingresos municipal, la detección de clandestinos se ha logrado gracias a la coordinación de las autoridades municipales con la Secretaría de Finanzas, la de Seguridad Pública y Protección a la Comunidad (SSPPC), el Ministerio Público y la Copriscam. ¿Y la denuncia ciudadana? ¿No la ha habido o se escatima su importancia?

A pesar de los dichos de Bernés Torres, la ciudadanía sigue observando que varios negocios establecidos, con evidentes giros de minisúper y expendios en envase cerrado siguen vendiendo alcohol fuera de los horarios permitidos, especialmente durante las noches, y algunos de sus encargados y propietarios aseguran haberse puesto a la mano, para no ser multados ni clausurados.

Ese tipo de negocios establecidos y clandestinos son bien conocidos. La autoridad sin duda alguna sabe que existen y operan contraviniendo la ley. Si no los sancionan es porque cuentan con la protección oficial. Así de simple.

Entresemana se elabora con aportaciones de periodistas y colaboradores de TRIBUNA.

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