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Escaso avance en nuevo sistema judicial

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Así lo dio a conocer  la Secretaría de Gobernación, con fundamento en una Nueva Metodología de Clasificación y Estratificación, que aplicó la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación de la Reforma Penal (Setec), considerando los criterios de población cubierta, o sea, el porcentaje de habitantes en los municipios donde ya está operando el nuevo sistema de justicia penal, contrastado con el número total de moradores de cada entidad.

Otros factores que la Setec tomó en cuenta fueron los de gradualidad, y los ejes de normatividad, gestión y reorganización institucional, capacitación, tecnologías de la información e infraestructura.

La medición arroja que únicamente cuatro estados operan el sistema acusatorio en forma total,  en todos sus municipios, y 24 sólo parcialmente. La Segob recordó que al inicio de la administración del Presidente Enrique Peña Nieto únicamente entre tres y ocho entidades operaban el nuevo Sistema de Justicia Penal, así fuera en forma parcial.

Entonces, eso indica que el avance no puede calificarse de significativo, pues a la fecha, en una escala de medición del cero al 10, únicamente seis estados tienen seis o más puntos de aprobación.

Así, el mejor calificado es Chihuahua con 8.3 puntos, seguido por el Estado de México, con 7.7. A la mitad del espectro de la Clasificación y Estratificación de la Setec se ubican Baja California, Coahuila, Chiapas y Guanajuato, con entre 5 y 5.9 puntos porcentuales.

En la franja más baja del ranking comparten piso seis entidades: Sonora con 2.5 por ciento; Nayarit e Hidalgo, 3; Aguascalientes, 3.1; Tlaxcala, 3.2, y Baja California Sur, Guerrero y Campeche, 3.3. Pero el desencanto campechano crece, si se toma en cuenta que en el sureste del país y en la Península, destaca Yucatán con 7.4 puntos porcentuales de la medición echa por la Setec. Es decir, nada menos que 4.1 puntos porcentuales más que nuestra entidad.

Se sabe que para atender esos rubros, cuya medición fue actualizada a octubre del 2014, los gobiernos Federal y Estatal autorizaron presupuestos millonarios en los últimos años, pero por los resultados obtenidos puede señalarse que no han dado los esperados, al menos con la celeridad que en su momento se previó, y menos en Campeche, situado en la franja más baja de la Clasificación y Estratificación.

De acuerdo con la Segob, tales resultados ya fueron incorporados a los criterios de distribución del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública para 2015, lo que lleva a suponer que las entidades más rezagadas en la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal podrían recibir más recursos en el actual ejercicio fiscal, para acelerar el proceso, o que por su bajo desempeño sean presupuestalmente castigadas con menos dinero.

Siendo realistas, tampoco podemos esperar obtener una mayor calificación teniendo a Margarita Alfaro Waring liderando el Tribunal Superior de Justicia. Si la cabeza no funciona, el cuerpo menos.

 

BOQUETE FISCAL

AFECTA A ESTADOS

Pésima noticia para el país y especialmente para los municipios y las entidades en las que Petróleos Mexicanos extrae el crudo, es la que dio a conocer la Secretaría de Hacienda y Crédito Público respecto a que la caída de los precios del hidrocarburo, tan sólo de octubre a noviembre de 2014, generó un boquete de ingresos por ocho mil 361 millones de pesos.

De acuerdo con los expertos en el tema, los petroprecios siguen y seguirán bajando este año, y esto obedece a estrategias de mercado de los principales países productores, por lo que es de esperarse que la situación económica en México empeore y las cosas podrían complicarse más por ser año electoral.

Según la SHCP, durante el décimo y decimoprimer mes del año pasado, las 32 entidades federativas debieron recibir 99 mil 555 millones de pesos por participaciones federales —que constituyen sus principales ingresos—, pero en realidad sólo les transfirieron 91 mil 194 millones.

Eso debido a que al reducirse los ingresos petroleros por la caída de los precios, fue también menor la bolsa de la Recaudación Federal Participable, que beneficia a los gobiernos estatales y municipales.

Cierto es, como lo señaló Hacienda, que el país cuenta con una cobertura petrolera que blinda la cotización estimada del crudo que se exporta, pero no las transferencias federales de la citada bolsa.

Otra verdad es que aunque todos los estados se vieron afectados, los hoyos fiscales más grandes se registraron en el Estado de México, Distrito Federal, Veracruz, Puebla y Jalisco, que en conjunto explican prácticamente 50% del boquete de ocho mil 361 millones de pesos que se dio en los dos últimos meses de 2014.

En los primeros meses de 2013, la baja actividad económica provocó una menor recaudación de ingresos, que también redujo las transferencia del Gobierno Federal a estados y municipios, pero para compensar esos faltantes se les dio acceso al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (Feief), del cual obtuvieron ocho mil 612 millones de pesos.

Para entender mejor el tamaño del boquete fiscal, basta con tomar en cuenta que ese faltante de todo 2013, prácticamente equivale a los ocho mil 361 millones que se dejaron de distribuir  sólo en dos meses de 2014.

El director general de Inteligencia Pública, Marco Cancino, reconoció que esta coyuntura de menores precios del petróleo, junto con la baja recaudación propia de los estados, puede comprometer sus presupuestos en el actual ejercicio fiscal.

Lo peor es que el 50 por ciento del boquete corresponda a cinco entidades —Estado de México, Distrito Federal, Veracruz, Puebla y Jalisco— que no son productoras de petróleo, pero que reciben una trato presupuestal diametralmente superior al de las entidades petroleras como Campeche, lo que constituye una injusticia a la que, desde el sexenio del hoy extinto Rafael Rodríguez Barrera, ningún gobernador se ha atrevido a buscar solución con energía ante la Federación.

Entresemana se elabora con aportaciones de periodistas y colaboradores de TRIBUNA.

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