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FOB, sorprendido; los ciudadanos, no

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Aunque el gobernador Fernando Eutimio Ortega Bernés se dijo sorprendido por la versión de que estaría tratando de imponer a la subsecretaria “A” de Gobierno, Perla Karina Castro Farías, como nueva magistrada numeraria del Tribunal Superior de Justicia del Estado, hay muchos datos que indican que en realidad esa es la intención.

“…Todos los días por rumores, todo lo que se dice de mí me sorprende. Hay cosas que no sabía que las había hecho, y ésta es una de ellas”, ironizó el mandatario, y afirmó que se trata de un rumor, pero en ningún momento afirmó que eso no vaya a suceder en el mes que le queda a la actual administración estatal.

La versión del futuro que impulsó a la funcionaria surgió al interior del propio Tribunal Superior de Justicia, y pasó a los corrillos públicos tan pronto como Silvia del Carmen Moguel Ortiz presentó su renuncia al cargo de magistrada numeraria, y el Congreso del Estado la aceptó el último miércoles de julio.

La dimisión de Moguel provocó sorpresa, lo mismo entre sus compañeros magistrados que entre sus colaboradores y el personal del Tribunal, no sólo porque su periodo para desempeñar el cargo aún no terminaba, sino debido a que es reconocida su labor profesional. Lo que extraña es que no se haya expuesto con precisión lo que la llevó a renunciar.

Como sabemos, a pesar de la teoría de la separación de poderes, la práctica política deja en claro que hay una fuerte influencia del Ejecutivo estatal en los integrantes de los otros dos, es decir en el Legislativo y el Judicial, y mucho más en éste último, en donde sus miembros son los únicos que no provienen de una elección popular y cuyos magistrados obtienen estos cargos y se mantienen en ellos a partir de su relación con el gobernador en turno.

Por ello, ante la inesperada renuncia de Silvia del Carmen Moguel Ortiz, la percepción obligada es que se le hace a un lado para imponer en su lugar a alguna otra persona muy cercana al sexenio que está de salida, y ese sería el caso de Perla Karina Castro Farías, para conseguir un doble objetivo:

Por un lado, que el gobernador saliente Ortega Bernés tenga en el Tribunal Superior de Justicia una gente más de su absoluta confianza para cuidarle las espaldas, y/o al mismo tiempo dejar protegida a la subsecretaria de Gobierno, por yerros, incapacidades, irregularidades e ilegalidades que ha cometido a su paso por la dependencia, siendo el más reciente el registro en Campeche de un predio que el Registro Agrario Nacional le advirtió a tiempo que no existía en territorio estatal, sino en el del Estado de Quintana Roo.

Detrás de la sospechosa inscripción de Rancho Balché estarían involucrados personajes de la actual administración y sus intereses de beneficiarse mediante operaciones agrarias fraudulentas. Además, Perla Karina Castro Farías es una de las colaboradoras más cercanas a los afectos y las relaciones del gobernador Fernando Eutimio Ortega Bernés, no tanto por sus méritos personales, como por las relaciones de su familia con el mandatario.

Perla Karina es hermana de Maritere Castro Farías, esposa del senador Raúl Aarón Pozos Lanz, a quien el mandatario y los integrantes de su gabinete apoyaron en todo momento para que fuera el candidato del PRI a la gubernatura, y luego hicieron cuanto pudieron para obstaculizar el triunfo de quien resultó abanderado de la coalición PRI-PVEM y es hoy el virtual gobernador, Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, que asumirá funciones el 16 de septiembre.

Además, Perla Karina es sobrina del secretario de Educación, José Martín Farías Maldonado, oriundo de la República de Belice.

Esas relaciones familiares, sin duda, influyeron para que, a fines de abril de 2012, Castro Farías fuera nombrada presidenta del Consejo para la Implementación del Sistema de Justicia Penal en el Estado de Campeche (Cisjupe), en un evento en el que también participaron los magistrados del Poder Judicial, Etna Arceo Baranda, Juan Antonio Renedo Dorantes y Silvia del Carmen Moguel Ortiz, quien el último miércoles de julio dimitió para dejarle el camino despejado al resguardo de alguna sorpresa.

Ese año, Perla Karina fue nombrada secretaria de Gobierno en sustitución de Wílliam Roberto Sarmiento Urbina, quien regresó al cargo a mediados de junio tras haber encabezado dos batallas fallidas: la búsqueda de una diputación federal de regalo –es decir sin hacer campaña— y la operación traición ordenada para hacer tropezar al entonces candidato a gobernador y ahora mandatario electo Rafael Alejandro Moreno Cárdenas.

Cuando la cuñada de Pozos Lanz asumió ese cargo, se comprometió a cumplir con el Gobierno y con Campeche, es decir, con Ortega que le dio el cargo y con los campechanos, y a trabajar en coordinación con todas las instituciones y niveles de los gobiernos Estatal, Federal y municipales, y prometió también resolver los asuntos de su área con apertura y total respeto a la ley.

Pero ha quedado claro que se ha desempeñado en sentido contrario, pues, por citar un ejemplo, en el caso de la increíble, extraña y sospechosa inscripción en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio del predio denominado Rancho Balché, a pesar de que fue informada oficial y oportunamente por el Registro Agrario Nacional de que no fue localizado en Campeche, pero sí en Quintana Roo, Perla Karina actuó en franca descoordinación con la dependencia federal.

Además, hasta la fecha Castro Farías no ha explicado convenientemente qué pasó, aunque el registrador público Juan Manuel Chavarría Soler ya descargó su irresponsabilidad —y la de la subsecretaria “A” de Gobierno— en el Ayuntamiento de Hopelchén, y dijo también que el asunto está en manos de la Contraloría Interna de la Secretaría de Gobierno.

Por la documentación de que se dispone del Rancho Balché, basados en que tiene un valor catastral de 12.5 millones de pesos, debe pagar anualmente más de 250 mil pesos de Impuesto Predial, el cual dudamos mucho que pague quien actualmente se ostenta como dueño, Eric Eduardo Calderón Silva. Por ello, llama la atención que hasta hoy el Servicio de Administración Tributaria (SAT) no haya iniciado una investigación a esa operación que se observa sospechosa.

En cuanto al mal proceder, ineptitud e incapacidad del registrador público, Chavarría Soler, pronto saldrán a flote otras escrituras con irregularidades las cuales nunca debió registrar, pero a cambio de una buena mochada dejó la ley y la responsabilidad en el olvido escudado en la patente de confianza que le entregó Ortega Bernés.

A poco un mes de que el actual sexenio concluya, es posible que no haya una aclaración oficial de los problemas agrarios existentes en la entidad, entre ellos los de Rancho Balché —que no está claro a quién o a quiénes beneficia— y el remate en abonitos del predio Restito de las Pilas a la familia del diputado panista Jorge Rosiñol Abreu, máxime cuando el propio Ortega Bernés ya deslizó que seguramente será la próxima administración estatal quien investigue y explique lo ocurrido.

Pues sí, seguramente así será, y si se confirman las irregularidades e ilegalidades que ahora se sospechan, sus responsables tendrán que ser sancionados conforme a la ley, aunque intenten buscar otros cargos para autoprotegerse.

Entresemana se elabora con aportaciones de periodistas y colaboradores de TRIBUNA.

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