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Derechos Humanos

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¿Cómo se defienden los derechos humanos frente a la acción de las corporaciones internacionales? Esta es una pregunta que reconoce una realidad. Sin duda, estas entidades económicas pueden ser actores lesionadores de derechos. Esta es una realidad que necesita ser analizada desde diversos ángulos y a la luz de los hechos actuantes.

He tenido la oportunidad de estudiar nuevamente esta problemática en estos días, al recibir el gusto de ser invitado a participar con el Grupo de Investigación de Derecho Comparado del Dipartimento di Science Giudiriche de la mundialmente famosa y respetada Universitá di Bologna en Italia, dentro de una obra a uno de los más grandes ideólogos comparativistas el profesor Lucio Pegoraro. Por supuesto, una nueva oportunidad para representar a mi querida Universidad Autónoma de Campeche con mi labor de investigación, en escenarios internacionales.

El tema puede ser abordado desde tres aspectos: qué pasa en México; cuál es la política de la ONU; y, revisar las decisiones de tribunales de impacto internacional, y con todo ello observar posibles vías de desenvolvimiento.

En México, el tema de las corporaciones en el desarrollo de lo social, pasa por dos elementos: Primero, el reconocimiento hace un año por parte de la Suprema Corte, de la titularidad de Derechos Humanos para las personas morales, con ello la pregunta ¿otorgamos derechos pero iguales responsabilidades?

Segundo, el establecimiento de una cláusula en la Ley de Amparo —único medio de defensa de las personas— que se refiere a la responsabilidad  por violaciones a derechos humanos por parte de los particulares físicos o morales y con ello corporaciones, pero exclusivamente cuando éstos estén desarrollando labores “equivalente a los de la autoridad”, o sea, que originariamente le correspondería a los órganos del Estado, en ese sentido, una actividad subrogada, lo que nos lleva a la pregunta ¿y en aquellos otros casos donde no se desempeñan como si fueran autoridades, no serían responsables?

En el sistema universal de derechos, la ONU ha desplegado una política basada en el compromiso corporativo, los ya famosos “Principios Rectores”, comprenden básicamente tres elementos o pilares, bajo los que están construidos: a) la obligación estatal de proteger contra violaciones de derechos humanos por corporaciones; b) la responsabilidad corporativa de respetar derechos humanos, con la “debida diligencia”; y, c) la necesidad de acceso a remedios efectivos. En donde las palabras clave son: obligación estatal y responsabilidad corporativa, esto es, las autoridades tienen que proteger, y las últimas tienen el compromiso moral de hacerlo. Una gran diferencia de posicionamiento entre ambos.

En el sistema nacional comparado, podemos referirnos a dos Cortes de grandes reflectores internacionales, pero con decisiones encontradas.

Primero, la Corte Suprema de los Estados Unidos, quien ante violaciones de derechos humanos por parte de sus corporaciones con asentamientos en territorios extranjeros, decidió que podrán conocerse y enjuiciarse estas violaciones, cuando toquen y preocupen con suficiente fuerza intereses americanos, para desplazar la presunción de ser no atendibles. Las palabras clave son “suficiente fuerza”, que se erigen en términos reales como un impedimento de casi imposible superación.

Esto pone en la línea de las discusiones actuales, la necesidad de fortalecer el papel de una jurisdicción internacional más sólida, y más comprehensiva, tal y como acaba de concluir un grupo numeroso de juristas expertos internacionales, encabezado por el juez español Baltazar Garzón, en una junta de alto nivel realizada en Argentina en días pasados.

Por último en la línea de mayor compromiso con la defensa de los derechos humanos, no podía ser otro tribunal que el de mayor impacto y adelanto en estos temas en la actualidad, la Corte Suprema Canadiense, la cual revisando el ya paradigmático asunto de Chevron contra Ecuador, logra romper el llamado “velo de protección corporativa” y ha dado entrada a las demandas para ser analizadas en los tribunales canadienses, por lo que esta compañía y muchas como ella, podría estar enfrentando cargos por violaciones a derechos humanos cometidos por sus subsidiarias en ese país latinoamericano o cualquier otro.

En síntesis, hablar de Corporaciones Internacionales y protección de Derechos Humanos, se puede decir que tenemos que superar el filtro de pensar que sus actos sólo podrían reclamar responsabilidad cuando realizan una acción que el propio Estado les encarga, al igual que dicha responsabilidad necesita revisarse si debe seguir reduciéndose a un compromiso moral y debe releerse si la misma, puede ser observada en una línea de causa-efecto, en relación de sus subsidiarias en otros países.

Aprovecho para compartir la enorme alegría que me produjo recibir este sábado 12 de septiembre, la noticia de que el artículo de un servidor titulado: “De la supremacía literal a la material de la Constitución en el nuevo paradigma de derechos humanos”, ha sido aceptado en el Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano, publicación de la Fundación Alemana Konrad Adenauer Stiftung, con una enorme circulación en Latinoamérica y Europa, donde además escriben intelectuales de gran talla como jueces de Cortes Supremas, investigadores de centros especializados de investigación político-jurídicas en ambos continentes.

Es un verdadero honor tener por segundo año la oportunidad de colaborar con este proyecto de gran impacto en la comunidad científica internacional.

 Víctor Collí Ek

Más sobre el autor: www.victorcolliek.come

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