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Carmelitas, entre Satanás y miasma

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En la semana de existencia del Ayuntamiento priísta de El Carmen –que hoy asume el panista Pablo Gutiérrez Lázarus—, a los habitantes de la Isla se les apareció Satanás en persona, generando una insoportable pestilencia no sólo a azufre, sino a toda clase de basura, desperdicios, miasmas y humores insoportables y contaminantes.

Acumulados por toda la ciudad, los montones de basura y su penetrante fetidez, prácticamente sepultaron a Ciudad del Carmen, afectando las actividades familiares, laborales, escolares, comerciales, restauranteras, turísticas y de todo tipo, y pusieron en serio riesgo la salud de ciento de personas, mientras el alcalde Enrique Iván González López –que este miércoles rinde su último Informe de labores— permanecía escondido y buscando la puerta de huida más próxima.

Rescatado en su momento por el entonces gobernador Fernando Eutimio Ortega Bernés, previa promesa de apostatar de su militancia en el Partido Acción Nacional, el ahora ex edil no pudo o no quiso enfrentar el problema que provocó la empresa Promotora Ambiental de la Laguna (PASA), y mucho menos se atrevió a señalar por su nombre al verdadero culpable del pésimo servicio de recoja de basura que padecen los carmelitas:

Jorge “El Rojo” Rosiñol Abreu, quien en el 2005, siendo presidente municipal de El Carmen, privatizó dicho servicio para concesionarlo a PASA mediante un contrato otorgado en lo oscurito, hipotecando por 15 años un fondo millonario de las finanzas de la Comuna, que además prevé elevados incrementos anuales, el más reciente por 200 mil pesos mensuales, que han propiciado una deuda de 50 millones de pesos.

Todo ello sin que el servicio de recoja y disposición final de la basura haya mejorado, pues de acuerdo con la ciudadanía resulta mucho peor del que prestaba el Ayuntamiento, cuando —se colige— uno de los objetivos de la privatización debió ser no sólo tener una ciudad más limpia, sino evitar problemas contractuales a las autoridades municipales.

Ya en los últimos días de desempeñar el cargo de presidente municipal, Enrique Iván se empecinó en no pagarle a PASA, aunque admitió la existencia de la deuda de 50 millones de pesos, y la empresa, a sabiendas de que el contrato que firmó con el entonces alcalde Rosiñol Abreu les otorga todas las ventajas posibles no sólo para mantenerlo vigente sino para exigir cada vez un mayor pago mensual, decidió dejar de recoger alrededor de 500 toneladas diarias de basura, lo que hizo de la Isla de Tris un basurero a cielo raso.

Así, durante más de tres días los carmelitas agotaron los perfumes personales y los aerosoles domésticos, lo mismo que los cubrebocas y los menos afortunados tuvieron que comprar su latita de Vick Vaporub o Mentholatum, para al menos disimular la pestilencia que se apoderó de Ciudad del Carmen, al tiempo que crecieron y subieron de tono los reclamos y recordatorios familiares para Satanás González y para El Rojo Rosiñol.

Sin embargo, ninguno de los protagonistas del peor miasma que hayan tenido que soportar los habitantes de la Isla de Términos, dieron la cara, pues Enrique Iván permaneció encerrado en su residencia y el ex candidato Rosiñol Abreu no se asomó a la calle ni para observar la luna de sangre del pasado domingo.

 

RAMC RESPONDE A LA CONTINGENCIA

Con la sensibilidad política y social que ha venido demostrando desde el primer día que asumió la máxima magistratura estatal, Rafael Alejandro Moreno Cárdenas reaccionó de inmediato a la contingencia —que la irresponsable empresa PASA y Enrique Iván González López generaron en perjuicio de los habitantes de la Isla más poblada del Golfo de México— y tal como lo hizo en el caso del combate al dengue y al chikungunya, a bordo de un volquete inició el programa emergente de recolección de basura.

De este modo, Ciudad del Carmen luce hoy un rostro urbano más limpio, acogedor, amable y atractivo, que el nuevo alcalde panista Pablo Gutiérrez Lázarus debe esforzarse por mantener, pero para que el miasma no se repita, es absolutamente necesario revisar los términos del contrato con PASA, pues hay que tener en cuenta que para exigir el pago a la Comuna, primero tiene que prestar un servicio efectivo y eficiente.

 

SEGURIDAD DE LOS PESCADORES

A seis días de iniciada la administración, los pescadores ribereños fueron informados por la secretaria del ramo, Dulce María Cervera Cetina, que han iniciado la distribución de las tarjetas electrónicas para la compra de gasolina, ese programa que representaba un dolor de cabeza, porque generalmente operaba con retrasos y a medias.

De acuerdo con lo asegurado por la dependencia, más de mil 250 son los pescadores que disponen de permisos para capturar peces, crustáceos y pulpo, que serán los beneficiados con las tarjetas.

El apoyo aumentará en este periodo de dos a cuatro pesos, con lo que los permisionarios sólo deberán pagar poco más de nueve pesos por cada litro de combustible.

Las primeras pláticas de entendimiento entre la secretaria de Pesca y Acuacultura y los pescadores se han dado en un clima cordial. Se ha expuesto que se requiere de un seguro de vida y la necesidad de integrar un fideicomiso de 15 millones de pesos, como el que ya operan los pescadores de Ciudad del Carmen.

Más aún, se planteó la disposición de trabajar conjuntamente con las instancias que sean necesarias para buscar resarcir al sector, que no lo fue lo convenientemente atendido por el anterior secretario, que privilegió sus intereses políticos y económicos por encima de los pescadores.

Hay que advertir que la carga mayor para Cervera Cetina lo constituirá la investigación de lo que realmente ocurrió en el caso de la compra, financiamiento y entrega de los pulpomóviles, que las pulperitas señalan que tendrán que redireccionar hacia otros usos, porque no tendrán rentabilidad, y lo peor vendría en los próximos meses.

¿Quiénes se habrían beneficiado con la alteración de las facturas, que constituiría un fraude para las esposas de los pulperos? La voz pública lo ha señalado. Toca a las nuevas autoridades poner al alcance de la ley a quienes aprovecharon sus puestos para beneficiarse.

 

PROBLEMÁTICA AGRARIA EN ESCÁRCEGA

Los ganaderos de Escárcega, Palizada, El Carmen y Champotón expresaron esta semana que se encuentran en aprietos económicos por la crisis que vive el país, y que se traduce en bajas ventas, a lo que se añade la caída de los precios de los becerros, las invasiones a sus predios y el abigeato.

Los problemas son comunes y sin rodeos se los expusieron al secretario de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado, Armando Toledo Jamit. Éste advirtió que para superar los obstáculos que impiden el desarrollo pleno de la actividad es necesario sentirse verdaderos productores en incorporar a los que menos tienen.

Indiscutiblemente que es necesario trabajar en comunión entre productores y autoridades. Hay compromisos que desde años no se han cumplido, y en el inicio de esta administración es preciso dejar en claro.

La queja recurrente ha sido el abigeato y las invasiones, porque traen aparejada inseguridad en los inversionistas. Lo grave del asunto es que los procesos para alcanzar la justicia se llevan meses, y en muchas ocasiones años. Más aún, quienes se colocan al margen de la ley y son detenidos, pronto recobran su libertad.

Aunque se recuperó el estatus sanitario, que lastimó por algunos años la comercialización de ganado a los Estados Unidos, no todos los municipios campechanos cuentan con la autorización para exportar.

Como se sabe, el municipio de Palizada no tiene aún el certificado de la Comisión Binacional México-Estados Unidos para exportar becerros. Tal circunstancia ha llevado prácticamente a la ruina a la actividad, dado que de 120 mil reses que integraban el hato, hoy apenas tienen 40 mil.

Sin distingos de colores, como lo ha multiexpresado el gobernador Moreno Cárdenas, los compromisos de esta administración son con ganaderos, palmicultores, cañeros, apicultores, maiceros y todo aquello que represente ingresos y mejoría para la gente del campo.

Por eso es importante ir al fondo de los asuntos y con la periodicidad necesaria. Eso anunció el secretario de Desarrollo Rural. Ojalá que las palabras correspondan a los hechos para que los campesinos recuperen la credibilidad en sus autoridades.

Y para cerrar el tema agropecuario, no está de más pedir que la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano atienda oportunamente el planteamiento de ejidatarios de la próxima Junta Municipal de División del Norte.

Comisarios, dijeron esta semana, les suspendieron sus derechos agrarios por seis meses, tiempo que aprovecharon para falsificar sus firmas y entregar un predio. Para alcanzar sus objetivos también entregaron la autorización de dos difuntos.

 

Entresemana se elabora con aportaciones de periodistas y colaboradores de TRIBUNA.

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