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Sistema Nacional Anticorrupción

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Quisiera tocar lo necesario respecto a los aspectos técnicos de este tema, para plantearlo de una forma simple y cómoda para que usted, tomándose su café o bien lustrándose el calzado en el Parque Principal, pueda disfrutar de su lectura. La intención es evitar, como suele suceder con asuntos de este tipo, que el planteamiento resulte aburrido, engorroso o incomprensible, al grado de que nadie lo quiere leer.

Al menos a mí me pasa cuando leo artículos de doctores en derecho, me da flojera. Parece que se especializan en no ser entendidos y ello provoca la falsa creencia de que si nadie les entiende es porque son unos genios. La verdad es que si nadie les entiende es porque no saben comunicarse.

La mayoría de los abogados sabemos la máxima que reza “quien puede lo más, puede lo menos”, de modo que si se domina un tema es viable hacerlo tan complejo o tan comprensible para que cualquier persona que carezca de un grado de licenciatura, maestría o doctorado pueda entenderlo.

En este contexto, pongo a su consideración el tema del Sistema Nacional Anticorrupción. Miren, debido a compromisos internacionales del Gobierno mexicano, donde el país se encuentra muy rezagado frente a sus principales competidores económicos como Brasil, Chile y Perú en el tema de la corrupción,  se genera una reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por ser reforma constitucional, ésta debe ser aprobada también por el Senado de la República y los congresos de los estados para posteriormente elaborar y aprobar las leyes secundarias que de dicha reforma emanen, como pudiera ser la Ley Anticorrupción.

Es por eso que a finales de abril del año en curso el Congreso del Estado de Campeche aprobó por mayoría de votos la minuta remitida por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, de acuerdo con el dictamen aprobado por los diputados para formar el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

El SNA estará conformado por un Comité, un Consejo Nacional para la Ética Pública y un Comité de Participación Ciudadana, que se coordinarán entre sí para cumplir con las políticas en materia de prevención, corrección, combate a la corrupción y promoción a la integridad pública.

En la parte práctica todo está instrumentado para ampliar las facultades de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y darle atribuciones que deriven de su investigación determinando una probable responsabilidad administrativa o penal podrá promover acciones ante cualquier autoridad competente que imponga sanciones.

La Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública y el Tribunal Federal Administrativo serán los responsables de auditar el uso de los recursos públicos e investigar con las más amplias facultades posibles actos de corrupción. La Auditoría Superior de la Federación podrá investigar el uso de los recursos provenientes de participaciones federales que son repartidos entre los estados.

Las leyes que emanen de las reformas constitucionales determinarán los casos y las circunstancias en los que se debe sancionar penalmente por causa de enriquecimiento ilícito a los servidores públicos que durante el tiempo de su encargo adquieren bienes cuya procedencia no pueden justificar.

Para el caso de los particulares se impondrán sanciones económicas, inhabilitación para contratar con el Gobierno o condenas al resarcimiento de daños y perjuicio ocasionados al Estado. Además, cuando una empresa participe en hechos de corrupción la autoridad podrá ordenar la suspensión de la actividad, la intervención o la de disolución precisa.

A grandes rasgos, esto es lo que viene y yo ya estoy ansioso por conocer las leyes secundarias. Y no por otra cosa, porque esto constituye un verdadero reto, ya que muchas veces se cometen errores que descompone todo un orden. Aquí en Campeche se lleva la dinámica de crear la fiscalía anticorrupción, al menos de eso me he enterado por los medios de comunicación.

Aquí hay que saber cuando menos tres cosas: que el Poder Ejecutivo realiza sus funciones por medio de sus funcionarios públicos, y si éstos se ven inmersos en una problemática de corrupción tendrá que ser un tribunal administrativo quien los juzgue con independencia de la acción penal, no pudiendo hacerlo el Poder Judicial, ya que de hacerlo estuviéramos sometiendo a revisión los actos del Poder Ejecutivo al Poder Judicial y eso no puede ser.

Este señalamiento no es gratuito, ya que actualmente en la Sala Administrativa, inmersa en el Poder Judicial del Estado, es donde se ventilan actualmente las violaciones administrativas.

Otro punto que se tiene que tomar en cuenta es que cualquier controversia que surja en materia de corrupción entre un funcionario y la administración pública se da entre dos sujetos en diferentes condiciones, en donde a uno le asisten los derechos fundamentales y al otro el interés social.

Las leyes tienen que ser muy precisas y esto sólo se logra con el método de interpretación del sentido estricto de la ley aplicable. Hay que establecer órganos competentes con facultades perfectamente establecidas y créanme que, aunque esto parecería obvio, no se imagina la de leyes federales que he visto carentes de ello; si no, que lo diga el INAH.

De no hacerse leyes secundarias eficaces, lo que tendríamos es un vacío por donde se pueden evadir los funcionarios corruptos y sugiero que antes de que los diputados elaboren una ley, y que la verdad no sé cuántos de ellos sean abogados, les sugiero que consulten a los colegios de abogados, de notarios, inclusive a las cámaras empresariales que son a quienes se les pide el diezmo que, a la postre, se les convierte en un problema fiscal porque no hay cómo justificarlo ante el SAT.

Mi sugerencia es sin ninguna intención, ya que un servidor no pertenece a ningún colegio, ni cámara empresarial; lo sugiero porque creo que ayudaría mucho.

Por el momento, es todo. Estaré muy atento vigilando esas leyes secundarias para compartir mi opinión con ustedes, que hacen el favor de leerme.

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