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Rendición del celular

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Los teléfonos inteligentes se han vuelto tan parte de nuestra vida cotidiana que, como diría el presidente de la Corte norteamericana, si un extraterrestre viniera al planeta pensaría que estos aparatos son un elemento más de nuestra anatomía.

Precisamente, en la intimidad que tenemos con nuestros teléfonos inteligentes, radica la esencia del problema sobre la posibilidad de su invasión por las agencias de seguridad estatales.

La reciente resolución del magistrado federal norteamericano Shery Pym, de pedirle a Apple desbloquear el iPhone de uno de los atacantes que mataron a 14 personas en San Bernardino, California, en diciembre, ha desatado nuevamente la discusión sobre los alcances entre protección de la intimidad y salvaguarda de la seguridad.

La decisión trata de ser lo menos invasiva y problemática posible, ya que manda a escudriñar únicamente ese iPhone y las instalaciones de Apple, presumiblemente para evitar que esta acción quede en poder de las agencias federales de inteligencia.

Básicamente lo que se le está solicitando a Apple, a pesar de ser concebida para un solo equipo, es la creación de una llave maestra que permita superar las medidas de seguridad de todos los iPhone. Lo que a su vez se traduce en la creación de una ética general que abogaría por la facultad de las agencias de seguridad, de requerir a todas las empresas tecnológicas que hagan lo mismo con sus equipos.

El riesgo es que la información o la programación sea utilizada arbitrariamente y no sólo para “este caso en particular”, al igual que pueda ser ofrecida u obtenida por el mejor postor en el mercado negro.

Ahora bien, a la decisión sobre seguridad o intimidad y anonimato se une la de quién es el sujeto legitimado para tomar dicha decisión. Para dar contexto, la sentencia del juez Pym está basada en una legislación de 1789, ya que el Congreso norteamericano y el presidente Obama se han mostrado renuentes a legislar sobre ello.

Diversos grupos de especialistas pugnan porque esta decisión no sea tomada ni por las grandes compañías telefónicas de Sillicon Valley o las grandes instituciones de inteligencia, sino justamente por el Congreso, aunque por ahí no se ha logrado avanzar.

Algunos argumentan que una solución a este dilema sería una cooperación internacional entre las compañías tecnológicas y los gobiernos, que asegure a los usuarios la protección de sus datos con la más fuerte encriptación, pero que permita la obtención de estos datos por los gobiernos nacionales bajo una serie de reglas acordadas.

Los precedentes de un sistema de este tipo son los tratados de asistencia legal mutua, que permite a los países intercambiar evidencia e información por crímenes como lavado de dinero.

Pero antes de tomar cualquier decisión recordemos que se trata de una lógica que impacta en por lo menos dos tipos de sujetos: por un lado las fuerzas que amenazan la seguridad de nuestro entorno; narcotráfico, terroristas, entre otros; por el otro, activistas y defensores de derechos humanos, que se apoyan en el anonimato para evitar represalias.

Abrir una puerta para luchar al crimen significa igualmente abrirla para facilitar acallar voces que con su labor cotidiana permiten el mejoramiento de la vida en común.

Víctor Collí Ek

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