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Impunidad por las leyes

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El título de esta colaboración puede dar la idea inmediata de que es una contradicción, pero no lo es.

Me explico: es del conocimiento general que son los legisladores estatales y los federales —cada uno en el ámbito de su competencia—, quienes reciben las iniciativas de diferentes fuentes sobre leyes que se propone cambiar o crear.

Las analizan, las discuten y las aprueban o rechazan, para luego regresarlas a los promotores; si son rechazadas para que esperen otra oportunidad, o si son aprobadas para enviarlas al poder ejecutivo estatal o federal, en su caso, para que mediante decreto autorice su publicación en el Diario Oficial del Estado o de la Federación, y en el plazo establecido entren en vigor.

Esa secuencia —sencilla a simple vista—, de ninguna manera lo es, salvo que dichas leyes sean intrascendentes. Pero la gran mayoría de esas leyes polarizan a los respectivos congresos, y aunque cada fracción partidista externe puntos de vista aparentemente iguales  —a favor de la ciudadanía—, en la realidad cada una antepone sus intereses de grupo para posicionarse ante la opinión pública.

De esa manera una buena iniciativa puede resultar un “Frankestein” cuando es sometida al “estira y afloja”, y al ser arrojada de una cámara a la otra, en el caso federal. Es decir, tan parchada que puede perder la esencia que pretendieron adjudicarle sus promotores.

Cuando así resultan creadas las leyes, al intentar aplicarlas se observan sus improcedencias y hasta su inconstitucionalidad, y en períodos subsecuentes se reforman ó hasta se derogan. Ese es un caso común, pero otro caso es el de aquellas leyes en cuya elaboración se cometieron errores de redacción, u omisiones, mismos que abogados minuciosos detectan y ganan demandas de presuntos culpables.

Las hay, además, aquellas que pueden aplicarse a los propios legisladores y a los miembros de cabildos, que no contienen consecuencias punitivas. En cada caso, la impunidad impera.

Casos hay también, no derivados de leyes mal hechas sino de la protección que las autoridades dan a influyentes, amigos y parientes. Por eso en nuestro México es muy próspera la corrupción, ya que no se tiene un temor real al castigo. Tan culpables son los que cometen los delitos como los legisladores que dejaron huecos e inconsistencias en las leyes que aprobaron.

Y si lo anterior es malo, peor es que a pesar de que se conocen esas causas, no se haga lo que se debe para corregir nuestro sistema jurídico y se dañe el estado de derecho.

Fernando Almeyda Cobos

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