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Modelos de familia

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La familia sigue siendo la base fundamental de la sociedad, es indudable; el problema de las democracias se da en estos momentos, en la definición de qué debe entenderse por esta. Al frente está la llamada “familia tradicional” conformada por padre-madre e hijos, la gran pregunta a que se enfrentan los Estados es: ¿existe otro tipo de familia?

Es indudable la tendencia generalizada en el mundo occidental hacia la apertura de otros modelos de familia, la cual se da a partir del reconocimiento de las variadas relaciones interpersonales que se pueden generar en las sociedades tradicionales, industrializadas y globalizadas actuales.

Una de las diversas conformaciones que ha ocupado una parte importante del tiempo democrático de los últimos tiempos, ha sido el llamado “matrimonio igualitario”, cuyo interés está en reconocer las relaciones homosexuales en términos de trascendencia social.

El ejemplo más claro de este fenómeno, tanto en su aspecto actual como su generalización, lo podemos ver a través de la acción de los tribunales nacionales e internacionales especializados en la defensa de derechos humanos.

Cinco diversas intervenciones de gran trascendencia e impacto podemos observar.

En primer lugar, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual en el caso Atala Riffo contra Chile, indicaría que la Convención Americana no hace referencia alguna al modelo tradicional de familia, ni la preferencia hacia esta en relación con la custodia de menores.

Por su parte la Corte Europea de Derechos Humanos, en el asunto “Oliari and Others v. Italy”, refrendaría la idea en torno a la vida familiar, de que el matrimonio debía dejar de concebirse como la unión entre personas de diferente sexo, para permitir las uniones homosexuales.

La Corte Europea definiría que es obligación de los estados europeos ofrecer vías claras para la unión de parejas homosexuales, y como Italia no permitía ni el matrimonio, ni alguna otra unión civil paralela, sí caía en violación a la Convención Europea de Derechos Humanos, por lo que debía ajustar su legislación a estos parámetros, esto es, si no permitía el matrimonio homosexual, debía dar acceso a uniones civiles.

La Corte Suprema de los Estados Unidos de América, en el caso “Obergefell”, decidió que las parejas homosexuales tienen derecho al matrimonio, y los estados de la Unión Americana no podían seguir prohibiéndolo, es más, tenían la obligación de ajustar sus leyes y de reconocer los matrimonios celebrados en otros estados.

Esta corte analizó el problema desde el ángulo del desarrollo de la dignidad y libertad de la personalidad individual. Fundó su decisión en cuatro principios del matrimonio. 1.— Su inherencia al concepto de autonomía individual. 2.— Su vía para el disfrute de otros derechos como compromiso mutuo, intimidad sentimental en la pareja. 3.— Su reconocimiento como elemento de salvaguarda para la crianza de los niños y las familias, entonces llenando de significado a los derechos de crianza, procreación y educación. 4.— Su perfil como piedra angular del orden social.

Por último, en nuestro país, la Suprema Corte ha analizado dos tipos de decisiones sobre el derecho a la formación de la familia y el matrimonio.

Primeramente, en línea con asuntos generados desde 2010, sobre leyes que permitían el matrimonio homosexual —en la CDMX—, como leyes que definían el matrimonio como heterosexual y cuyo objetivo es la procreación —como los casos de Oaxaca y Baja California— la Corte expidió tres jurisprudencias —obligatorias para todos los jueces del país— que declararon que este tipo de leyes era inconstitucional y resultaba violatorio de derechos humanos y discriminatorio hacia un grupo social.

El segundo caso de SCM fue el muy discutido caso Campeche, donde este alto Tribunal estudió la figura de “Sociedades de Convivencia”.

Primeramente, definió las características de estas sociedades de la siguiente manera: a) la unión de dos personas; b) con voluntad de permanencia; c) ayuda mutua; d) vida en común; y, e) domicilio común. Además se concluyó que estas asociaciones generan derechos alimentarios, sucesorios, de tutela, etc.

En razón de las características, se concluyó que estas sociedades se debían entender como un grupo familiar, al igual que el matrimonio y el concubinato, y en ese sentido, protegido constitucionalmente.

Definido lo anterior, se pasó al análisis de la diferencia sustancial de este grupo familiar con los demás, en específico, la negativa de adoptar a las personas que se conformaran dentro de una sociedad de convivencia, con independencia de sus características personales.

El trato campechano o mejor dicho la prohibición de adoptar cuando se está dentro de una sociedad de convivencia, se consideró por parte de la Corte, violatorio de derechos humanos, por dañar el interés superior del menor y la forma de integración de una familia. Este razonamiento tuvo un consenso amplio en la Corte mexicana.

Es fácil concluir que las cinco decisiones se encuentran en la misma línea argumental, esto es, de la protección del derecho a formar una familia y acceso al matrimonio. Aunque con características propias de cada situación geográfica y social, las Cortes son homogéneas en su decisión de defender este derecho, todas aceptan que en términos de Derechos Humanos, la protección de la familia no implica un modelo específico y que si acaso, el concepto de familia debía entenderse como uno que evolucionaba con el tiempo.

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Víctor Collí Ek

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