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Estándares internacionales

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Transparencia

Una pregunta importante que debemos hacer para tener una idea más clara de dónde está colocado nuestro país en el respeto del Derecho la Información y Transparencia, es: ¿El nuevo marco constitucional mexicano cumple, es respetuoso de los estándares internacionales?

El auge actual de los derechos humanos como instrumentos de protección de las personas frente a los actos de autoridad, si consideramos su pedigrí, realmente son de reciente creación.

Lo anterior se puede confirmar de los numerosos estudios que concluyen la afirmación de su función protectora una vez pasada la segunda mitad del siglo XX, cuando el hombre aprendió una lección muy cruda después de las dos guerras mundiales, y el momento de alta tensión que significó el riesgo de una tercera en el famoso enfrentamiento del puesto de verificación Charlie, durante la época del Muro de Berlín.

Es en esos momentos de tensión, que la humanidad comprendió que la democracia y el desarrollo de la vida de los individuos no podía ser dejado solamente a los Estados Nación, debía generarse un nuevo ethos social, que comprendiera las naciones en su visión insular y una colaboración activa entre ellas, en especial en el tema del desarrollo y defensa de los Derechos Humanos.

De ahí el intenso interés, por ejemplo, de Eleanor Roosevelt, para la creación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. La regla básica se tornaría en la relación internacional.

El escenario internacional se convertiría en un punto de verificación para determinar si un país está resultando protector de derechos o no. En ese sentido, el Derecho a la Información y su corolario la Transparencia, en especial el nuevo sistema mexicano que arrancó con la reforma a la Constitución mexicana y que ha permeado acertadamente en Campeche, gracias a una labor sensible del Ejecutivo y del Congreso local, se puede contrastar con lo que el escenario internacional ofrece.

Es por eso que debemos, al hablar de estos derechos, considerar los principios y reglas básicas que el ius comune internacional ha desarrollado para observar su nivel de desarrollo. Veamos.

Principio de máxima divulgación. Que significa la regla es la transparencia y la excepción es la reserva, para lo que el Estado debe tener las causas en la ley de manera clara y precisa, no pudiendo ponerse expresiones amplias como “seguridad nacional”.

De igual manera, debe establecerse con claridad quién es el encargado de tomar la decisión de reserva, establecer la “prueba del daño” donde se obligue a demostrar que efectivamente en el caso concreto, la difusión es más dañina que la divulgación, carga que debe recaer sobre el Estado y no sobre la persona que está pidiendo la información. De igual manera controles intra e interorgánicos, todo con el objetivo de que efectivamente sea la máxima divulgación la regla.

Principio de buena fe. Significa que todos los procesos y procedimientos tienen que realizarse a fin de cumplir con los objetivos de la ley. Que los procedimientos, por ejemplo de implementación, como el costo, los tiempos, no obstaculicen el disfrute del Derecho a la Información.

Universalidad del derecho. Este significa que no se requiere demostrar ser titular de un interés en particular, debe ser suficiente para una persona, con que exista una liga clara, por ejemplo con el uso de recursos públicos, para solicitar información sobre un determinado hecho.

Órganos. Todas las instituciones del Estado o personas que administren recursos públicos, cumplan con funciones públicas o presten servicios públicos son sujetos obligados por la ley, en el marco claramente del respeto al derecho a la privacidad de información y comunicaciones.

Temporalidad. Las excepciones a la transparencia se deben considerar ligadas al tiempo, lo que significa que no pueden haber reservas eternas que pongan en peligro el principio de máxima publicidad.

Mecanismos de garantía. Es consecuencial en el sistema de transparencia, pues no puede haber un disfrute pleno del mismo, si no se contemplan estos mecanismos de ejercicio eficaz. Son necesarias instituciones tanto intraorgánicas como autónomas, diseñadas e instituidas constitucionalmente, para vigilar el cumplimiento de la ley.

Implementación. Se requiere de soporte técnico, políticas públicas que ordenen y coordinen para garantizar el cumplimiento de la ley y sus procedimientos. Anexo a ello, se considera la coordinación de leyes de archivos, capacitación permanente a los funcionarios, a fin de llevar la ley a buen puerto.

Todos los anteriores son elementos que la comunidad internacional especializada ha determinado como esenciales en el desarrollo de la protección y defensa del Derecho a la Información y Transparencia, es alegre ver que el nuevo marco constitucional y legal, nacional y local en México, efectivamente hablan de términos como: autonomía, prueba del daño, máxima publicidad, organización de procedimientos y políticas, más sujetos obligados, etc.

La existencia de estos factores en el diseño mexicano y campechano, hacen afirmar que nuestro país y Estado van por la vía adecuada. ¿Hace falta avanzar? Claro, toda institución es perfectible, las circunstancias cambian y presentan nuevos retos, pero indudablemente el modelo que ahora empieza a tener aplicación concreta, ha dado un gran paso en el respeto de este derecho trascendente para nuestra democracia.

 

Víctor Collí Ek

www.victorcolliek.com

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