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Monsanto incurriría en desacato

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Los dueños, operadores o cabildantes de la trasnacional Monsanto, dedicados al cultivo de organismos genéticamente modificados en todo el planeta, parece que no se han dado cuenta que en Campeche ya no manda el sihochaquense exsecretario de Gobierno, Roberto Sarmiento Urbina, y pretenden seguir haciendo de las suyas, sin importarles si vivimos o no en un Estado de Derecho.

Es cierto que durante seis años, con Sarmiento Urbina al frente de casi todas las decisiones que tenían que ver con el Gobierno, los operadores de Monsanto podían sembrar maíz, soya y todo tipo de cultivos transgénicos en territorio campechano, pero las cosas han cambiado. No solo porque hubo un cambio de administración y las cosas se hacen derechas, sino porque los afectados, y una buena cantidad de organizaciones no gubernamentales se han dedicado a seguir de cerca los pasos de esa transnacional, y armados con todo tipo de argumentos legales y éticos, les están tumbando varios proyectos.

Por ejemplo, el antepasado miércoles, Greenpeace e Indignación, A.C. demandaron a Monsanto y “a quien resulte responsable” por la posible siembra de soya transgénica en el Municipio de Campeche.

Los promotores de la siembra de transgénicos interpretaron a su modo el fallo de la justicia federal, que lo prohibió en los municipios de Hopelchén, Tenabo, Hecelchakán, Champotón, Calkiní, Escárcega, El Carmen y Palizada y ni tardos ni perezosos enfocaron sus baterías hacia el municipio de Campeche.

Sin embargo, en su demanda los activistas señalaron que no se cuenta con permiso expreso para hacerlo y existe una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que suspende las autorizaciones de ese tipo siembras en el estado.

Las organizaciones presentaron  denuncias  ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa),  para que evite la liberación de soya transgénica en Campeche por las posibles afectaciones al derecho humano al medio ambiente sano, la bioseguridad y la gestión ambiental y acusan a la empresa de posible desacato en contra de las sentencias de la Segunda Sala de la Suprema Corte que suspende los permisos de siembra hasta que se consulte a las comunidades indígenas sobre si están de acuerdo o no en que se cultiven organismos genéticamente modificados en su territorio.

En 2012, Monsanto pidió autorizaciones para la siembra de soya transgénica resistente al herbicida glifosato en los municipios campechanos de Champotón, Hecelchakán, Hopelchén, Tenabo, Calkiní, Escárcega, El Carmen y Palizada que actualmente se encuentran suspendidas por orden de la Suprema Corte, y si bien ese trámite  omitió mencionar explícitamente al municipio de Campeche, de todos modos se entiende que sembrar sería ilegal.

Las organizaciones alertaron que en caso de que Monsanto insista en la comercialización y siembra de semillas de soya transgénica en el municipio de Campeche, podría alcanzar multas de hasta dos millones 190 mil pesos por violaciones a la regulación de bioseguridad en México. En el caso de los otros ocho municipios de Campeche, si Monsanto continúa con su intención de sembrar semillas de soya transgénica en la entidad,  estará cometiendo desacato de una orden judicial, lo cual es muy grave.

También pidieron que se realicen labores de inspección, vigilancia y monitoreo en las comunidades y municipios de Campeche, a efecto de corroborar que no haya siembras de soya transgénica  y, en su caso, detenerlas.

Así las cosas, no pasará micho tiempo para conocer la postura de la empresa, porque es bien sabido que muchos de los funcionarios de las dependencias del sector agropecuario operan también como sus cabilderos y son los que han dado la cara por ellos, para convencernos a los campechanos de las bondades de ese tipo de cultivos. Ya se irán identificando.

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