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Democracia y globalización

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Las afirmaciones de Trump en el último debate presidencial sobre la modificación o desaparición del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN),  son el síntoma de una discusión que en la actualidad está tomando un espacio importante. Lo reafirma que la candidata Clinton, quien antes fuera una defensora de los beneficios de este tipo de tratados comerciales, ahora de igual manera ve la necesidad de replantearlos.

 

Los tratados regionales de libre comercio —como el TLCAN— son por un lado muy dinámicos; están evolucionando más allá que los estancados tratados “multilaterales” de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Ahora los tratados regionales incluyen mayores elementos —por eso su calificación de OMC+—, vemos en sus textos cuestiones relativas no solo directamente relacionadas con aranceles, temas de importación y exportación, sino incluyen reglas de propiedad intelectual, derechos laborales, medios novedosos de resolución de conflictos, incentivos a la innovación, etc.

Están siendo, como diría el Banco Interamericano para el Desarrollo (BID), laboratorios de innovación, no únicamente formando una nueva generación de acuerdos regionales como el caso del CETA —acuerdo entre la Unión Europea y Canadá discutiéndose actualmente—, sino igualmente una nueva dimensión de tratados, los llamados megaregionales, como el caso del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TTP) —donde participa México en conjunto con varias naciones como EUA—, y el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP).

Sin duda, los tratados de libre comercio —regionales, multilaterales o megaregionales— tienen una influencia determinante, socialmente hablando. A pesar de lo anterior, la norma general es que a su conformación, sus negociaciones se dan a puertas cerradas, donde la sociedad en términos democráticos tiene poco o nada que decir.

En Europa esto se ha observado y se han tomado medidas al respecto. Es por esa razón que en estos momentos el CETA para su aprobación requiere del visto bueno de todos los países del la Unión Europea, y justamente en estos días Valonia, una región de Bélgica, no da su visto bueno poniéndolo en riesgo.

Aunado a lo anterior, va una discusión más fundamental que circula sobre la lógica entre proteccionismo o liberalismo, donde la pregunta básica es: ¿los acuerdos de comercio benefician o perjudican?, ¿cuál debe ser el papel del Estado frente a ellos?, ¿fomentarlos o restringirlos?, ¿permitir la apertura o levantar la protección del mercado internacional?

Bjonr Lomborg, profesor de la escuela de negocios de Copenhague, en su artículo “The Free-Trade Miracle” subraya sus beneficios, y en muchos de ellos se pueden ver argumentos contra sus perjuicios como: la apertura a nuevas fuentes de trabajo, reducción de la discriminación en ellas, mejora de las condiciones de derechos humanos, apoyo a la reducción de los efectos negativos al medioambiente, fortalecimiento de la capacidad adquisitiva de las personas, aumento de la perspectiva de vida, reducción de la mortalidad infantil, entre otros muchos.

Ante las preguntas planteadas, la política del presidente Peña por ejemplo es la apertura, de ahí su interés en la negociación del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, y como dijimos líneas arriba, las posturas de los candidatos presidenciales Trump y Clinton, al igual que muchos países y una parte importante de la sociedad europea, se inclina más bien por el proteccionismo.

Visto este escenario, la interrogante más importante sigue latente. En el mundo actual, donde la democracia es la peor forma de gobierno con excepción de todas las demás —como diría Churchill—, la decisión de adoptar o no un tratado con efectos sociales indudables, de liberalizar o proteger la economía, ¿debe seguir en manos de las élites políticas o deben ser consultadas las personas?

 

Víctor Collí Ek

www.victorcolliek.com

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