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¿Sin fallas el Sisjupe?

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El lunes 31 de octubre del año en curso, un autobús de pasajeros salió de la terminal de San Mateo Atenco en el Estado de México. En San Pedro Toltepec, cuatro pasajeros abordaron la unidad y tras amenazar a los pasajeros con sus armas, los despojaron de sus pertenencias.

Cuando los asaltantes empezaron a descender del autobús, un pasajero sacó un arma 9 milímetros y les disparó. Bajó del vehículo para rematarlos y los dejó tirados en la autopista. Luego pidió al chofer que continuara con su recorrido y unos kilómetros más adelante descendió para perderse en el anonimato. Las crónicas periodísticas lo bautizaron como “El justiciero de la México-Toluca”.

El hecho llevó a la agenda mediática el tema de los ajusticiamientos, linchamientos o casos en que la ciudadanía decidió tomar justicia por mano propia.

No hay una sola región del país en donde no hayan ocurrido hechos similares. Tal vez no al grado de privar de la vida a esa cantidad de delincuentes, pero sí situaciones que han puesto en peligro la vida de adolescentes, jóvenes y personas adultas que fueron capturados en medio de la comisión del delito.

Apenas el martes 22 de noviembre pasado, vecinos de la colonia 23 de Julio, en Ciudad del Carmen, detuvieron a un par de ladrones robando baterías de automóviles; uno logró escapar pero el otro sufrió el escarmiento por parte de los vecinos, hartos de que estas situaciones ocurran todos los días sin que la autoridad intervenga, o que, una vez detenidos, los ladronzuelos sean liberados por las “novedosas” consideraciones contenidas en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio que recién entró en vigor en territorio estatal.

Y no se trata aquí de defender los casos de “ajusticiamientos” ni sostener, como en su momento argumentó el Fiscal General del Estado, Juan Manuel Herrera Campos, que el nuevo Sistema de Justicia Penal no tiene ninguna falla.

Hasta es probable que, en efecto, ese Sistema de Justicia sea una perfección en el tema de la aplicación de la ley. Pero nadie puede obviar que la multiplicación de los casos de linchamiento ha sido una reacción popular ante la relativa facilidad con que esos delincuentes comunes se brincan las trancas de la ley. El ciudadano agredido no ha recuperado las pertenencias de que lo despojaron, o no se ha repuesto en el hospital de las heridas que le hicieron, y el malandro ya dejó la cárcel y se encuentra nuevamente en la calle cometiendo sus fechorías.

Se entiende que son casos muy complejos y que no existe una solución única para el tema, pero tampoco es el caso que las autoridades se pasen la vida defendiendo un sistema de justicia penal que evidentemente no es perfecto (tan no lo es que ha generado una incontrolable inconformidad ciudadana) y que por otro lado desatiendan los reclamos populares por la lenta llegada de la justicia. Nuestros jueces y el propio fiscal deberán tener muy en claro que nunca ha sido lo mismo aplicar la ley que hacer justicia.

Como analistas de los fenómenos sociales, no nos queda más que lanzar la alerta a quien corresponda. Casos como los del “Justiciero de la México-Toluca” van a ser más frecuentes en todo el país, en la medida en que vaya creciendo en la sociedad esa percepción de que “no le hacen justicia”, o de que la inmunidad e impunidad que les proporcionan las “puertas giratorias” de las cárceles a los delincuentes, hayan propiciado que el delito de asalto a mano armada (y de lesiones) vaya en incremento en perjuicio de la ciudadanía. El hartazgo está conduciendo a la venganza (a hacerse justicia por mano propia) y de ahí, entre el caos social o la ley de la selva, solo hay un paso. Y nadie, ciertamente, desea eso.

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