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Descargas de aguas residuales

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En la antigüedad, por la influencia de la Iglesia Católica, se creía que las imposiciones de los impuestos eran correctas tanto si eran justos y correctos, como si no lo eran, simplemente por provenir de los gobernantes que se consideraban  ungidos por Dios. Sin embargo, esta creencia cambió con la doctrina de Santo Tomás de Aquino sobre los impuestos. Este creyente escribió sobre “la justicia de los impuestos y la obligación moral de pagarlos”, que en términos rápidos les digo que para este personaje necesariamente se tienen que cumplir los puntos de ética, moralidad y legalidad, y agregaría una puntual redacción.

En nuestro entorno tal vez no podamos obligar a las personas a que cumplan ética y moralmente, ya que son valores y como tales son juzgados por la conciencia de cada uno. Lo que sí podemos es cuidar que una contribución cumpla con todos los requisitos para que pueda ser aplicada a los particulares, cuidando inclusive la puntual redacción, para que no sea el error la causa de una molestia para los ciudadanos.

Lo anterior viene al caso debido a la iniciativa de reforma al artículo 90 de la Ley de Hacienda de los Municipios de Campeche, que en lo particular su redacción no sólo es confusa e imprecisa, sino contradictoria en sí misma, ya que por una parte manifiesta en la exposición de motivos que no se está creando una contribución, y por otra se contradice con su simple redacción.

Y señalo: el artículo 90 de la Ley de Hacienda de los Municipios de Campeche que se pretende reformar, adminiculado o relacionado con el artículo 60 de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche, que la propia reforma señala de esta hermenéutica jurídica, claramente se puede distinguir que sí se pretende una contribución aún y cuando ésta no haya sido la intención del Cabildo, y eso lo puedo entender porque para interpretar una ley se tiene que saber sobre interpretación, y la verdad dudo mucho que alguno del Cabildo sepa.

Miren, de la exposición de motivos del Cabildo exponen que tienen la facultad de realizar cobro por concepto de derechos y sin duda esto es cierto; lo que no se puede es cobrarlo de manera colectiva si los sujetos no se ubican en el presupuesto que la ley establece, ya que los Derechos como tales van direccionados a determinados sujetos que se ubican en el presupuesto que la propia ley establece.

Ahora les explico la definición exacta de lo que es una contribución denominada derecho: “Derecho son las contribuciones establecidas en la ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la nación, si como por percibir los servicios que preste el Estado en sus funciones de derecho público”. Esta definición la puede usted consultar en el artículo 2º fracción IV del Código Fiscal de la Federación.

Esta misma definición de derechos es tanto para la Federación, entidades federativas y municipios, porque los derechos son siempre los mismos para cualquier esfera de la administración pública.

Como se puede desprender de una correcta interpretación, solamente son dos tipos de sujetos a los que se le puede aplicar el cobro de esta contribución llamada Derechos: a): los que hacen uso o aprovechamiento de los bienes públicos del municipio, en este caso, y b): si percibes directamente los servicios que presta el municipio. Si esto no sucede en la realidad, no viene al caso que tengas que realizar un pago por concepto de derechos.

Se lo ejemplifico. Si usted que me lee se está beneficiado directamente de un bien que es propiedad del Ayuntamiento, o bien en su casa tiene instalada una planta de tratamiento de aguas residuales y le da el servicio el Ayuntamiento respecto a esa planta, usted tiene que pagar contribuciones por concepto de Derechos; si no es así, diría como el difunto Fox: “¿y yo por qué?”.

Ahora bien, de una correcta relación del artículo 90 (reformado) de la Ley de Hacienda de los Municipios de Campeche, con el artículo 60 de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche, se arriba a la clara conclusión de que se pretende cobrar derechos de manera colectiva, aún cuando no se ubiquen las personas en el supuesto que la definición de Derechos establece.

Le comento: en su segundo párrafo el artículo 90 de la Ley de Hacienda de los Municipios de Campeche, señala: “es objeto de derecho la prestación de los servicios públicos de agua potable y alcantarillado que se brinda a los habitantes de cada municipio, incluyendo saneamiento, drenajes y descargas de aguas residuales”. Esto estaría correcto si sólo fuera para quienes se ubiquen en la situación de hecho.

Sin embargo, en el párrafo tercero del artículo 90 (reformado) de la Ley de Hacienda de los Municipios de Campeche, enfáticamente señala: “están sujetos al pago de derechos los propietarios o poseedores de predios que establece el artículo 60 de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche”.

Ahora bien, de acuerdo al artículo 60 de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche, todos los sujetos a los que refiere el artículo 90 de la Ley de Hacienda de los Municipios de Campeche, son: I.- Los propietarios o poseedores a cualquier título de predios edificados. II.- Los propietarios o poseedores a cualquier título, de predios no edificados cuando frente a los mismos existan instalaciones adecuadas para los servicios que sean utilizados. III.- Los propietarios o poseedores de giros mercantiles o industriales, o de cualquier otra actividad que por su naturaleza estén obligados al uso de agua potable y alcantarillado; es decir, todos los habitantes que se encuentren en este supuesto, porque así lo señala indebidamente el artículo 90 de la Ley de Hacienda de los Municipios de Campeche.

Si usted no se encuentra dentro de los sujetos que establece el artículo 60 de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche, le felicito porque usted no será afectado por esta indebida disposición, pero también lo siento porque cuando se hace referencia a predio edificado, se está refiriendo a su casa habitación, y en este sentido debo suponer que su pena es mayor porque no la tiene.

El fanatismo político de manera inmediata supone que esta reforma tiene una intencionalidad política, y es probable que así sea, y al respecto no me puedo pronunciar debido a que si bien me he desempeñado en la administración pública, los encargos que he tenido no han sido por razones políticas, sino por perfil profesional; así que mi observación solamente es técnica y académica.

Tuve la oportunidad de ver en las redes sociales la entrevista que le hicieran al licenciado Pablo Hernán Sánchez Silva, director de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Campeche, que enfáticamente señaló que no iban a generarse nuevas contribuciones, lo cual me da mucho gusto oír, pero le sugeriría que corrijan esa iniciativa ya que no es acorde a lo que él señala.

Por otra parte, los integrantes del Cabildo deberían saber que es su responsabilidad realizar una iniciativa que en un momento dado puede perjudicar a los ciudadanos. Les sugeriría que se documenten, que estudien y no sólo se limiten a levantar la mano si no saben qué es lo que están aprobando, porque de buenas intenciones está plagado el camino al infierno.

José Guadalupe Celis Pérez

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