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Eso que llaman política

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Con orgullo puedo decir que soy político, pero con vergüenza tengo que reconocer que a la política la han corrompido aquellos que la usan sólo para enriquecerse con dinero público, aquellos que sin saber lo que es gobernar exigen su derecho a ser postulados para tal fin y después obviamente gobiernan mal, aquellos que irresponsablemente prometen en campaña lo que no tienen idea de cómo ni con qué lograrlo, aquellos que exhiben errores ciertos o inventados del contrincante para ocultar los propios, y aquellos que con cinismo resaltan la pobreza extrema, la inseguridad, la corrupción, la impunidad, el analfabetismo, el desempleo, la inflación y todos los demás males que padecemos los mexicanos, pero con certeza pronostico que ninguno de ellos habrá disminuido sustancialmente dichos males al concluir su gestión.

Que la reforma educativa conducirá a la privatización de la educación. Que la reforma energética es traición a la patria porque significa la venta de Pemex y de la CFE, y que además fracasó porque ni las gasolinas ni la energía eléctrica han bajado de precio. Que la reforma fiscal empeoró nuestra economía porque la inflación aumentó y el dólar cada vez cuesta más.

Lo más absurdo es la falacia difundida en torno a la Ley de Seguridad Interior que acaba de aprobarse en el Congreso Federal, para la que se ha convocado a un linchamiento público contra los legisladores priístas que la aprobaron. Con dramatismo de telenovela se ha exacerbado la repulsa popular contra esta legislación, porque “con ella se sientan las bases para la militarización del país, se atenta contra los derechos humanos, se concede al presidente en turno poderes dictatoriales, se minimiza a las autoridades estatales y municipales, se da un golpe de Estado…”.

Al igual que con el grito patriotero de la facultad perdida del Estado de ser el único productor de la energía eléctrica, cuando que hace ya suficiente tiempo esa facultad se perdió, así condenan la facultad del Gobierno Federal de mandar a las Fuerzas Armadas cuando éstas son requeridas por los gobiernos estatales, ocultándole al pueblo que eso se viene haciendo desde el gobierno del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, sólo que sin protección legal hacia estos militares.

Si se considera la posibilidad de que los soldados o los marinos puedan atentar contra los derechos humanos de la ciudadanía, también cualquiera de las policías y cualquiera de las autoridades civiles y judiciales pueden incurrir en ese error, y no por eso van a dejar de existir. Que el Ejército y la Marina no deben ejercer funciones diferentes a defender la seguridad nacional, cierto, pero es lo que están haciendo ahora se debe a la incapacidad de todas las policías para defender a la ciudadanía del crimen organizado. Si todos los índices de seguridad medidos por diversas instancias y de diversas formas ofrecen datos alarmantes, no dejan a las autoridades estatales o federales otra opción bajo esas condiciones, de seguir dependiendo de los servicios de nuestras Fuerzas Armadas.

Ningún gobernador en funciones, sea priísta, panista, perredista, verde-ecologista o morenista, cometería el error de pedir a los militares que se retiren de su entidad. Nadie se quita el parche de su herida antes de que ésta sane y por lo mismo es correcto que las Fuerzas Armadas vuelvan a sus cuarteles, pero no sin que antes las policías puedan garantizar la seguridad ciudadana.

¡Ah, políticos! Por qué no antes de engañar a la ciudadanía, ¿se concientizan acerca del daño que le hace ocultándole la verdad?

Fernando Almeyda Cobos

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