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Jorge Gustavo Sansores Jarero

¿Negocio o aplicación
de la ley?

El pasado viernes 26 de noviembre el secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP), Javier Herrera Valles, anunció que a partir del próximo año —sin especificar fecha— comenzarán a multar a conductores con 950 pesos y a retenerle sus automóviles si no están dados de alta en el Registro Público Vehicular (Repuve), además de los costos que conlleva el traslado hacia el corralón y el tiempo que pase el vehículo encerrado.

Para el día 29 del mismo mes, en la Mesa Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad, la gobernadora Layda Elena Sansores San Román expuso que también habrá verificación y multas para los motociclistas que no usen bien el casco y no tengan al día sus licencias. Días antes anunció el mismo método para automovilistas que no utilicen adecuadamente sus cinturones de seguridad, entre otras faltas previstas en la Ley de Vialidad del Estado.

Ambos anuncios llegan en el peor momento y causan molestia entre los propietarios de automóviles y motocicletas. En primera, porque la economía de los campechanos está muy lastimada, pues recordemos que la inflación incrementó en 7% —la más alta en los últimos 20 años— y no parece que vaya a reducir, lo que genera un fuerte golpe en los bolsillos.

En segunda, porque deben saber la gobernadora Sansores San Román y el secretario ejecutivo del CESP, Hererra Valles, que durante más de un año estuvieron cerrados los módulos para inscribir los vehículos al Repuve y solicitar las calcas, y lo mismo sucedió con la renovación de licencias.

Anunciar que a partir del 2022 habrá multas resulta amenazador y tremendamente carente de humanidad. Y no sólo porque haya subido la inflación, sino porque cada día es mayor el desempleo en la entidad, y los pocos trabajos que anuncian las autoridades son realmente recontrataciones, por lo que quedamos en las mismas.

Habrá que agregarle que la entidad, en concreto en el Gobierno del Estado, cada día hay más desempleo para los locales y nuevos empleados provenientes del centro del país, lo que también causa un duro golpe económico y anímico para muchos campechanos, que son tanto o más capaces que los nuevos funcionarios que llegan de otras entidades.

Como dato extra para el tema del mentado Repuve, hay que tomar en cuenta que los automóviles nuevos ya traen la mica, y al comprar una unidad de agencia y darles de alta en las oficinas de Vialidad de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), les activan el chip. Y en el caso de los de medio uso de modelo reciente y con la calca, al realizar el cambio de propietario actualizan los datos. Al menos en la anterior administración eso hacían, pero tal vez en la actual no lo saben.

Por su parte, los vehículos que no tienen la calca son los de modelo viejo, que generalmente tiene la gente con menos recursos. Multarles y quitarles el automóvil les causará más daño. Tal vez podrían ponerles la multa, pero no retenerles el automotor, pues como sea en el sistema de cobro queda el adeudo, y en caso de no pagar se agrega al pago anual de refrendo. Por si tampoco lo sabían.

Pero agregarles el costo de la grúa, el corralón y todo lo que conlleva, parece más negocio que llamado de atención y aplicación de la ley. ¿No cree?

¿Y si en lugar de multar por falta de chips y de licencias, mejoran los servicios y amplían los horarios y abren más módulos? Sacar cita para la renovación de licencia es imposible; los turnos están saturados y si acaso hay hasta para el año 2024. Eso demuestra que la ciudadanía quiere estar al día, por lo que, insisto, anunciar multas pareciera tener otra finalidad.

Y es cierto, hay que aplicar la ley, pero no a ese costo, que es muy alto para los ciudadanos. Justo cuando muchos campechanos pensaron que habría un gobierno diferente, con más apertura y diálogo, que escuchara el sentir ciudadano, y a la vez autoridades conscientes de la realidad que impera en el país y en la entidad, parece todo lo contrario.

Ojalá que la gobernadora recapitule y anuncie fechas de “gracia” para el inicio de la aplicación de multas. Que pida a los servidores públicos de Vialidad y del CESP que mejoren los servicios para instalar o renovar el nuevo chip, así como para el tema de las licencias, de lo contrario la ciudadanía sentirá —ya lo piensa— que hay otras intenciones.

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