En concreto

JORGE GUSTAVO SANSORES JARERO

COSTOSA SEGURIDAD NACIONAL

El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) publicó el 18 de febrero de 2020, que de acuerdo a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública (ENSP) y al Plan Nacional de Desarrollo, el Gobierno de México entiende a la Seguridad Nacional como “la condición indispensable para garantizar la integridad y la soberanía nacionales, libres de amenazas al Estado, en busca de construir una paz duradera y fructífera”.

Tomando en cuenta lo anterior, las recientes declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, en torno a que la continuidad del Tren Maya es un asunto de seguridad nacional y que quienes se oponen son corruptos, me lleva a pensar que su Gobierno califica como enemigos de México a los grupos ambientalistas que están en contra de los daños que causa su proyecto, en lugar de reconocerlos como promotores del cuidado de nuestra soberanía e integridad del territorio mexicano, como señala el documento del CNI.

¿Por qué tomar la construcción del Tren Maya como un asunto de seguridad nacional? ¿En dónde está la amenaza a la soberanía del país, si se trata de grupos nacionales que defienden el territorio? ¿Si lo que buscan es detener la grave deforestación y daño ecológico en la ruta que lleva el Tren a Playa del Carmen, Quintana Roo? Si ya demostraron propios y extraños que no sólo hay daño al ecosistema, sino también a importantes vestigios mayas en la zona, que son parte importante de nuestra soberanía.

Lejos de ser un asunto que vulnere lo que dice el Presidente, utilizar ese recurso fue la jugada maestra para darle continuidad a un proyecto presidencial, que al día de hoy nos cuesta a los mexicanos 26.9 por ciento más que el costo original, al pasar de 141 mil a 180 mil millones de pesos, según el tercer informe sobre la Cuenta Pública 2020 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Incluso, la ASF alertó que ve poco probable que el Proyecto Tren Maya concluya el próximo año (2023) como quiere el presidente López Obrador, pues en las ocho auditorías realizadas, no ven que el Fondo Nacional de Turismo (Fonatur) haya hecho un análisis de rentabilidad en torno a la demanda de pasajeros y de carga.

Y aunque el Fonatur en su Análisis Costo Beneficio dice que el techo máximo —de costo— para que la inversión de la obra deje de ser rentable es de 308 mil millones de pesos, cifra muy lejana a la inversión prevista, si tomamos en cuenta la inversión inicial y el costo actual, más lo que falta, tal vez lleguen a ese límite para 2023.

Y si usted cree que esto es lo peor, le tengo una mala noticia: no lo es. La ASF también señaló que para el tercer trimestre de 2021, el Fonatur reportó que apenas había invertido 33 mil millones de pesos en la obra, que nada más significa el 18.5 por ciento de los 180 mil millones de inversión total prevista para el proyecto.

Vaya, en español, que para el tercer trimestre de este año su avance podría ser de apenas el 30 por ciento, y el 70 restante tendrían que terminarlo durante el próximo año, a duras penas y con resultados posiblemente críticos.

Es decir, que si actualmente la inversión ya es de 180 mil millones con ese porcentaje de avance en la construcción, es muy probable que los 128 mil millones de pesos de diferencia para llegar al techo del Análisis Costo Beneficio presentados por el Fonatur, sí lleguen a necesitarse para concluir el proyecto presidencial para el próximo año.

A los mexicanos nos costará más caro el caldo que las albóndigas, pues si a todas las cifras vertidas por la ASF le agregamos que todavía falta saber cómo y cuándo se recuperará la inversión, es posible que por razones de “seguridad nacional” no nos lo informen, y jamás regrese el dinero a nuestros bolsillos.

Ahora bien, quienes piensen que estoy en contra del proyecto están equivocados. No lo estoy, pero sí me preocupa y a todos nos debe ocupar el tema, pues de 141 mil millones, a 180 mil millones de pesos, que ya era una suma estratosféricamente distinta, ahora que la Auditoría señala que el costo podría elevar hasta los 308 mil millones, casi el 30 por ciento más, definitivamente el Tren Maya no resulta rentable para las finanzas de los mexicanos.

Recordemos que el dinero para el megaproyecto Tren Maya, que algunos llaman “capricho presidencial”, no sale del bolsillo del Presidente, ni siquiera cuenta con respaldo de la iniciativa privada, pues para el mandatario federal todos son corruptos, incluso los ambientalistas y promotores de la cultura maya.

El presidente López Obrador quiere que la inversión salga de las cuentas públicas, es decir del dinero de los contribuyentes como usted y yo, pero es menester recordar que la economía del país está estancada desde hace dos años, con motivo de la pandemia y de malas decisiones gubernamentales —como el Tren Maya y otros proyectos—, además que atravesamos la peor inflación de los últimos 25 años, y estamos a punto de una recesión económica mundial, si es que no lo estamos ya.

Sin embargo, el Mandatario nacional utiliza el tema de la seguridad nacional para justificarse y darle continuidad al proyecto, y tal vez lo mismo sucederá con la refinería “Olmeca” ubicada en Dos Bocas, Tabasco, si Estados Unidos y Canadá continúan presionando al Gobierno del México con el tema de los acuerdos en materia energética firmados en el T-MEC, pues el presidente López Obrador ya dejó claro que quiere energía fósil, obsoleta, en lugar de avanzar a la modernidad.

Y con ese antecedente, no está lejos que “por seguridad nacional” algún funcionario o legislador de la 4T pida desaparecer a la ASF, porque vierte informes duros en contra del Tren Maya, o tal vez al Instituto Nacional Electoral (INE) por sancionar a gobernadores morenistas que realizan actos adelantados de campaña, pues vemos que, al menos al Presidente ya le funcionó. Como sea, nos costará mucho la seguridad nacional.