Expediente: 28 de mayo de 2023

LAYDA SANSORES LE ROBÓ LA PAZ A CAMPECHE

Los datos del Instituto para la Economía y la Paz en México y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) sobre el aumento de la delincuencia en Campeche, son contundentes y no dejan espacio a la justificación. Campeche perdió la paz, la tranquilidad y la seguridad desde que el mal Gobierno de Layda Elena Sansores San Román tomó las riendas del Estado.

Los ciudadanos padecen las afectaciones de esta pésima Administración. Entérese, estimado(a) lector(a) que, de acuerdo con la información de ambas instituciones, que no manipulan ni TRIBUNA ni los “detractores” de la gobernadora, hay 16.5 robos diarios, de los cuales 3.1 son a casas habitación, tres a negocios y 1.5 a transeúntes. Cada dos días en promedio hay un ejecutado, y la violencia familiar se ha incrementado en niveles alarmantes.
Frente a estos datos fríos, que laceran al ciudadano que esperaba el cambio ofrecido por Layda Sansores y con el viraje de las siglas del grupo gobernante, no ha habido una reacción de las instituciones que deben garantizar la seguridad de la sociedad.
Por el contrario, tanto la guanajuatense Marcela Muñoz Martínez, secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana, como el fiscal Renato Sales Heredia, se encierran en una burbuja discursiva para excusar su incapacidad, torpeza, ineptitud, ineficiencia, incompetencia y negligencia.
La primera alega que la atacan por ser mujer, y que en Campeche “se politiza” o “partidiza” la seguridad. Peor resulta el segundo, que sigue con el manido cuento de que no aumentaron los delitos, sino la integración de carpetas de investigación.
Ambos evaden su responsabilidad y no responden al reclamo ciudadano de sentirse más seguro, por eso es que la percepción de inseguridad se disparó a niveles elevadísimos. Campeche ya no está entre los Estados más seguros del país, pese a que —insistimos— nuestras autoridades mienten y pretenden hacernos ver lo contrario.
Los datos del Institute for Economics & Peace in México no dejan lugar a dudas. Campeche está entre los cinco Estados con mayor deterioro general de la paz en delitos de armas de fuego, crímenes de la delincuencia organizada y delitos con violencia.
En promedio —señala ese estudio— las tasas de los crímenes aumentaron 44.6 por ciento. Campeche está entre los cinco Estados que experimentaron alzas notables en sus tasas de extorsión, con promedio de 70.4. Tenía clasificación de tres en 2021, pero en 2023 pasó a nueve, un deterioro de seis puntos, que lo ubican en la antepenúltima posición, sólo por debajo de Nuevo León y Colima. Así, Campeche experimentó el tercer mayor deterioro en la calificación general de paz y cayó seis lugares en la clasificación.
El deterioro de Campeche en el indicador de delitos con violencia fue el más grande del país, con 261 por ciento de aumento en comparación con el año anterior. Pasó de la tasa de delitos más baja en 2015, a la posición número 20. Antes de 2020 este indicador nunca había aumentado más de 20 por ciento en un año.
El aumento en la tasa por violencia familiar es el más significativo, con 513 por ciento más respecto al año anterior. En 2022 Campeche registró 11 feminicidios, que representan la cuarta tasa más alta por este delito en el país, con 2.1 casos por cada 100 mil habitantes, y con datos del Inegi, el 67 por ciento de las mujeres ha experimentado algún tipo de violencia sexual y/o psicológica, las más comunes. En 2022 la tasa de delincuencia organizada en Campeche aumentó 103 por ciento y en 146 por ciento la extorsión.
Los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación (CJNG) y del Golfo están activos en territorio estatal, generando niveles de violencia asociados con actividades como narcotráfico, extorsión y chantajes para protección. Se reportan extraviadas o desaparecidas 158 personas en este año.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), que se alimenta con información de la Fiscalía General del Estado (Fgecam), confirmó que de enero a abril de este año se registraron nueve mil 218 delitos. Cada día se cometen 76.8 ilícitos, ante la apatía o complicidad de las corporaciones policiacas.
Se registra repunte de 42 por ciento en homicidios, de 121 por ciento en asesinatos dolosos y de 77 por ciento en los ejecutados con arma de fuego. En comparación con el mismo periodo del año pasado, la incidencia delictiva repuntó en casi 13 por ciento.
El SESNSP precisa que por delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal se iniciaron mil 771 carpetas de investigación, y por ilícitos ligados a lesiones u homicidios incrementó en 15.9 por ciento, con mil 528 indagatorias.
En el primer cuatrimestre de este año se reportaron 77 homicidios, y en el mismo lapso de 2022 fueron 54, un incremento del 43 por ciento. Los asesinatos dolosos suman este año 31, el año pasado fueron 14, o sea aumentó en 121 por ciento. En aquellos en que se usaron armas de fuego pasaron de 9 el año pasado a 17 en este 2023. Incremento del 89 por ciento.
En robo suman mil 989 denuncias, y en 2022 fueron mil 870. Han sido visitadas por los ladrones 380 casas, ha habido robos en 360 negocios y 157 transeúntes fueron despojados de sus bienes.
Son datos duros, números fríos, que confirman el contundente fracaso de los encargados de la seguridad en Campeche, Marcela Muñoz Martínez y Renato Sales Heredia. Por menos que eso, un servidor público honesto y con ética habría renunciado de inmediato, pero en Campeche carecemos de ellos. Los que tenemos no sólo se apoderaron del presupuesto, sino que nos robaron la paz y tranquilidad.
Vamos de mal en peor, mientras la casi octogenaria gobernadora Sansores San Román pierde el tiempo en sus ridículos Martes de Enjuagar, y en sus estériles conflictos judiciales con sus adversarios políticos. Qué pena.

LA CORRUPCIÓN EN INDAJUCAM

La probanza borra todo resquicio de duda, e inocultable es que los documentos —certificados y avalados— demuestran de qué lado se encuentra la razón. Por eso, están justificadas las denuncias de corrupción en el Instituto de Acceso a la Justicia del Estado de Campeche.

Han sido entregada la documentación a las autoridades responsables de investigar, corregir y sancionar.
Se trata de facturas irregulares pagadas a incondicionales del director del Indajucam, Luis Humberto López López, que los trabajadores han presentado para documentar sus corruptelas, y que añaden a las irregularidades en la autorización de sueldos y salarios a amigos y recomendados, cursos por más de 400 mil pesos a empresas que no cumplen los requisitos para las actividades que ofrecen y gastos millonarios en combustibles para vehículos de la dependencia e íntimos.
¿Qué sostiene al denunciado y sus acompañantes? ¿De qué tamaño es el compromiso o la complicidad para cerrar ojos y oídos? ¿Hasta qué extremo se piensa llegar antes de que reviente la cuerda? Podrían aventurarse conjeturas, dado el silencio de las autoridades de las que depende el Indajucam.
Las denuncias públicas han menudeado, y los trabajadores aseguran que tras ellas les han acreditado múltiples anomalías más, que por el momento retienen, para no afectar el desprestigio en que se encuentra inmersa la dependencia encargada precisamente de auxiliar en el área de justicia a quienes se supone carecen de medios para contratar a algún litigante.
Y van algunas probanzas. Cristian Obet Martínez Martínez, señalan los denunciantes, el 17 de noviembre de 2022 recibió 60 mil pesos, y tiene plaza y sueldo de defensor de oficio sin el perfil de abogado. La prueba está en con dos facturas por 36 mil y 24 mil pesos.
A Mirlene Guadalupe Aguayo González el 17 de noviembre de 2022 le cubrieron una factura etiquetada como “otros pagos distintos de sueldos y salarios” por 32 mil pesos. Obtuvo la plaza de Dirección de Transparencia nivel 4.1, con cerca de 50 mil pesos mensuales, por ser amiga y compañera de viajes al extranjero.
Esa amistad, nos dicen, data de cuando ambos eran docentes de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Campeche. No se aparece por las oficinas del Indajucam, y supuestamente está a cargo de la coordinación de los cursos de capacitación, los que deben ser verificados porque existen irregularidades.
No conforme con lo anterior, Mirlene Aguayo tiene al chofer más caro. Su “amiga íntima”, Leonor Piña, cobra 30 mil pesos mensuales por trasladarla a responder por compromisos personales.
La licenciada Lorena Tello García es subdirectora Penal y brazo ejecutor para amedrentar al personal. Aprovechó la amistad para ingresar a la dependencia a su hijo y su nuera. En tres meses recibió bonificaciones por más de 110 mil pesos.
La lista de las irregularidades en el Indajucam es tal, que las autoridades debieron desde hace tiempo emprender acciones de corrección. Pero no se ve la mínima intención de salvaguardar el buen nombre. Por eso nos preguntamos líneas arriba de qué tamaño es la complicidad o el compromiso de Layda Sansores para no proceder.
Mientras tanto, el malestar entre el personal crece, sin posibilidades de atemperamiento. Grave, porque podría llevar a que adopte decisiones que entorpezcan la marcha del organismo, en detrimento de los intereses de los menos favorecidos, que buscan el auxilio para enfrentar procesos jurídicos.

¿EN VÍSPERAS DE LA ANARQUÍA?

Caló hondo en el ánimo de la gobernadora Layda Elena Sansores San Román, la advertencia de analistas nacionales de que hay muchas posibilidades de que abandone el cargo por orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como consecuencia de no haber acatado resoluciones de jueces de Distrito. Y no existe ninguna intención de acatamiento. Es la realidad.

El portal digital La Política Online (LPO) reveló que sus asesores le recomendaron bajarle tres rayitas a su show de los martes, donde ha incumplido reiteradamente el mandato de dejar de difundir información privada de terceras personas, y se asegura que ella misma conoce esta posibilidad —ser destituida—, pero se escuda en la protección del presidente López Obrador y su —cree— inminente sucesora, Claudia Sheinbaum Pardo.
En estos momentos de tensión y abierta confrontación entre los Poderes Ejecutivo (López Obrador) y Judicial (la magistrada Norma Piña), nadie puede descartar que, en un golpe de autoridad, para abrir otro frente de batalla y resquebrajar la prepotencia presidencial ante los fallos de la Corte, ordenen la destitución e inhabilitación de la mandataria, para dejar bien claro que las leyes se cumplen.
Tan es posible este escenario, que en su pasado show circense del martes, la gobernadora evitó difundir audios —nuevos o repetidos— y se limitó a presentar videos en contra de sus enemigos políticos Alejandro Moreno Cárdenas, Eliseo Fernández Montufar, y ahora Dante Delgado Rennauro, con lo que una vez más demuestra ser malagradecida.
Olvida que este exgobernador veracruzano la sacó del ostracismo luego de que en su segundo intento por la gubernatura le dieran una paliza electoral, que aún le produce escozor y pesadillas.
Las aguas se le están subiendo peligrosamente a la gobernadora, y no se ve que tenga salidas de emergencia. Ensoberbecida por el poder, al igual que todos sus congéneres de la 4T, olvida o intenta pasar por alto que con su conducta los elementos jurídicos le son adversos.
Que si bien sus asesores han obtenido algunas victorias en sus quejas por violencia de género, en la batalla más importante, que es su desacato a las resoluciones de jueces federales, sigue estando en franca desventaja y con fragilidad anémica, que pudiera derivar en un escenario inédito para Campeche.
Si a eso le sumamos que la Fiscalía General de la República ha integrado una carpeta de investigación en su contra, por su constante desacato a resolutivos judiciales, según reveló el abogado constitucionalista Sixto Duarte, entonces podemos concluir que el futuro de la mandataria de cabello teñido de rojo es muy endeble.
Sansores violenta cotidianamente el orden jurídico al intervenir ilegalmente comunicaciones privadas, editándolas, manipulándolas y difundiéndolas. Las medidas cautelares y las suspensiones provisionales y definitivas se ha negado a acatarlas y, por el contrario, hace escarnio de ellas.
Aún más, la gobernadora se burla y reta, porque continúa impunemente difundiendo materiales en sus emisiones de los martes. Está jugando con fuego, en afán estrictamente revanchista, para desahogar algunas de sus fobias. Entonces, tendrá que haber respuesta de la autoridad judicial, que no se descarta que sea demoledora para su soberbia y prepotencia.
En sus resolutivos, los jueces federales han reiterado que Sansores San Román lleva a cabo actos de autoridad, pues los realiza desde su calidad de gobernadora, en las redes sociales del Gobierno y utilizando sus sistemas de comunicación, por lo que en todos los casos —Alito Moreno y Ricardo Monreal, principalmente—, deciden conceder suspensiones, que no son acatadas.
El abogado constitucionalista Sixto Duarte recordó que “el 31 de marzo pasado se emitió la sentencia de fondo dentro del juicio de amparo, en que se obliga a la gobernadora que se abstenga de difundir información relacionada con conversaciones privadas, y no hace caso. ¿Qué sigue? El camino es abrir los incidentes y reiterar la denuncia, pues ya existe una carpeta de investigación en la Fiscalía General de la República, por desacato a decisiones de jueces federales.
Este tipo de actitudes, añadió el abogado constitucionalista, es un riesgo no sólo para las partes involucradas en este juicio, sino para toda la sociedad campechana, que una autoridad tenga un precedente de esta naturaleza de no acatar las resoluciones judiciales.
Por desacato a decisiones de sus jueces o magistrados, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha ordenado la destitución e inhabilitación de alcaldes, concejales, regidores, diputados y otras autoridades. Layda Sansores protestó cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen, y es la primera en violarlas.
El martes pasado la gobernadora dio muestras de prudencia ante los posibles resolutivos judiciales, y suspendió la difusión de nuevos materiales obtenidos ilegalmente y editados y difundidos impunemente. Pero eso no borra su desacato, de suerte que parece que los campechanos viviremos momentos históricos que, afortunadamente, pudieran cambiar el futuro, y recomponer las cosas que, vale la pena insistir, van de mal en peor.

INTOLERANTES A LA TRANSPARENCIA

Los morenistas no son aficionados a la cultura de la transparencia en la cosa pública. Esa proclama les sirvió en el pasado para ganar adherentes en su búsqueda del poder. No toleran a los fisgones de sus actos ni se someten al imperio de la ley, y menos si se saben atrapados.

No hubo medias tintas en la demanda del presidente Andrés Manuel López Obrador, de exigirle a los senadores de su Movimiento Regeneración Nacional que no titubearan en su exigencia de desaparecer el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Desde hace meses viene haciendo machincuepas y trampas y empleando soflamas para desprestigiar al INAI, en su incesante pretensión de acabar con esa institución que le permite a los mexicanos exigir información relacionada con las operaciones de los diversos órganos del Gobierno Federal, que oculta bajo el disfraz de la seguridad nacional.
La oposición a Morena tuvo que emplearse a fondo e incluso tomar la tribuna de la Cámara de Senadores para impedir la desaparición del INAI, y de otras instituciones. Ha sido la misma batalla que han dado en contra de pretensiones de acabar con diversos organismos. La lucha es amplia. De toma y daca. Se trata de proteger los más altos intereses de los mexicanos.
Lo expuesto sólo es antecedente para espejear que la misma conducta observa la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado (Cotaipec), símil del INAI en el nivel federal.
El antepasado viernes 21 de abril, por ejemplo, la Cotaipec exoneró al coordinador general de la Oficina de la Gobernadora, Armando Constantino Toledo Jamit, de la obligación de informar lo relacionado con contratos, presupuesto y bienes que son utilizados por la gobernadora Layda Elena Sansores San Román en sus Martes de Enjuagar.
¿Por qué? ¿A qué le teme? ¿Cuánto le cuesta a los campechanos esos episodios nocturnos de los martes en que se les crean enemigos nacionales gratuitos, y se ofende a la oposición y a aquellos que no coinciden con el pensamiento de la gobernadora? Ese espectáculo folclórico circense que nada aporta al conocimiento de lo que hace la actual Administración, se sintetiza en una sola frase: cortina de humo.
Se utilizan recursos públicos, no particulares o privados, para satisfacer el ego de la mandataria, sin que represente ningún beneficio para los campechanos, mientras son afectados por la escasez de obras, inseguridad, deficiencias en los servicios públicos, desatención a los productores agropecuarios, olvido de los sectores educativos y de salud y un amplio etcétera, que exhiben la ineptitud, la incompetencia y el fracaso del Gobierno
¿Con qué calidad moral los comisionados Néstor Cervera Gamboa, Rosa F. Segovia Linares y Teresa Dolz Ramos niegan a los campechanos la posibilidad de saber cuánto les cuestan los Martes del Jaguar, y quiénes son los beneficiarios de esos recursos? ¿Cuál es entonces la función del organismo en que se encuentran?
Porque, aún más, la Cotaipec —Cervera, Segovia y Dolz— sobreseyeron también el recurso de revisión contra la oficina en que despacha Toledo Jamit, por no entregar cuatro aspectos de una entrevista a la gobernadora con la periodista Carmen Aristegui, respecto a audiograbaciones del dirigente nacional del PRI, Rafael Alejandro Moreno Cárdenas.
Así piensan los morenistas. Que se haga la voluntad del Señor en los bueyes del compadre, no que se haga la luz en la bodega que resguarda los documentos que son públicos, y por lo tanto deben ser del conocimiento de la sociedad campechana.
Así, los gastos relacionados con los Martes del Jaguar seguirán sin ser conocidos, por la complicidad de los comisionados de la Cotaipec. Y entonces, si no atienden su función, hay que pedirles su renuncia. Si ese organismo está a disposición del gobernante, que mejor desaparezca. Eso mismo pretende en el nivel federal el presidente López Obrador con el INAI que, hay que reconocer, en ese ámbito sí funciona.
Los morenistas son un dechado de incongruencias, debilidades, desaciertos, errores e irregularidades. Han tirado lo que les molesta y encaminan sus pasos a continuar con el tiradero en que están dejando al país en lo general, y al Estado en lo particular.

EXPEDIENTE es elaborado con aportaciones de periodistas y colaboradores de TRIBUNA. Comentarios, opiniones, quejas, denuncias, elogios, ofensas, agradecimientos y sugerencias al correo electrónico: expedien75@hotmail.com