Expediente: 11 de junio de 2023

PÁNICO LAYDISTA A REVOCACIÓN DE MANDATO

No mentían los activistas de la agrupación política nacional Liberación Democrática Social (Lidesol), al acusar al diputado jarocho Alejandro Gómez Cazarín, de boicotear y obstaculizar la iniciativa de Ley de Revocación de Mandato, que inexplicablemente se encuentra en la congeladora del Poder Legislativo desde hace varios meses.

Trascendió que la gobernadora Layda Elena Sansores San Román instruyó que esa propuesta no sea aprobada —a pesar de que existe ese ordenamiento legal a nivel federal, y que el presidente Andrés Manuel López Obrador se sometió al veredicto popular—, pues esa sería la llave que abriría la puerta a su renuncia.
Sansores San Román sabe que desaprueba su Gobierno el 80 por ciento de los campechanos. Las encuestas confirman que la mayoría no la quiere, por considerarla mentirosa y corrupta, y desean que regrese definitivamente a la Ciudad de México, donde pasa la mayor parte de su tiempo.
Por eso la aterra la posibilidad de que el Poder Legislativo de Campeche dictamine sobre la Ley de Revocación de Mandato, porque ahí se establecerían las bases para convocar a la consulta popular, que definiría su futuro. Y si la mayoría, como es previsible, vota por la revocación, tendría que irse.
Esta semana que concluye se confirmó que el grupo parlamentario de Morena mantiene bloqueada la iniciativa de Revocación de Mandato, pues a pesar de que el diputado morenista carmelita Jorge Pérez Falconi se comprometió a acudir a la sesión de comisiones para dictaminar, no sólo se ausentó, sino que ordenó a sus compañeros de bancada que tampoco acudieran.
A pesar de que la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, diputada Adriana del Pilar Ortiz Lanz, les envió citatorio para sesionar analizar y presentarlo al Pleno, ningún morenista asistió.
Ortiz Lanz denunció las constantes violaciones de la Mesa Directiva a la Ley Orgánica del Congreso, que preside la morenista Violeta Baños, que envía la Gaceta Legislativa tres horas antes de las sesiones, y el grupo parlamentario de Morena recurre al mañoso mayoriteo en comisiones para frenar las iniciativas que no les convienen, las que reguardan en la congeladora.
El viernes antepasado, recordó, como presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad, convocó a sus integrantes, tres diputados morenistas, Antonio Jiménez Gutiérrez, Balbina Alejandro Zavala y Elisa Hernández Romero, para dictaminar la iniciativa de Revocación de Mandato en reunión el lunes, luego de la sesión ordinaria del Pleno, en la Sala de Juntas de la Secretaría Técnica.
También entregó ese día el segundo requerimiento de convocatoria para analizar y dictaminar la iniciativa de Revocación de Mandato y dos más que están pendientes, dirigido al morenista Pérez Falconi, quien en debate en la pasada sesión ordinaria se comprometió a asistir. Pero los morenistas no acudieron.
El coordinador parlamentario del PRI, diputado Ricardo Miguel Medina Farfán, acusó a los diputados del PRI de ser obstáculo para sacar leyes importantes y repudió que los de Morena no se presentaran a la sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad para dictaminar sobre la Revocación de Mandato y otras iniciativas pendientes.
El único legislador que asistió fue el del partido Movimiento Ciudadano (MOCI), Jesús Humberto Aguilar Díaz. Se escondieron los morenistas Antonio Jiménez Gutiérrez, Alejandra Hidalgo Zavala y Pérez Falconi, quien preside la comisión de Derechos Humanos. Eso demuestra desinterés por dictaminar muchas iniciativas ‘congeladas’. No les conviene aprobarlas.
El legislador priísta acusó que existen iniciativas rezagadas desde hace más de un año, primordiales para el desarrollo económico de Campeche, mejorar la seguridad, generar empleos, reconocer los derechos de los niños y proteger los intereses de las mujeres, pero a los morenistas no les interesa. Sólo sacan temas carentes de impacto ciudadano.
No sólo eso, advirtió que la ausencia de Jiménez Gutiérrez, Hidalgo Zavala y Pérez Falconi es de grave desacato a un citatorio de la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, y significa desinterés, pánico, terror y cús cús crónico para sentar las bases, mediante la Revocación de Mandato, para que la gobernadora Sansores empiece a empacar sus cosas para largarse de regreso a la capital del país.
Dicen que el miedo no anda en burro, pero en Campeche se recurre a los congéneres de esos équidos para frenar a toda costa ese instrumento legal, que podría liberar a los campechanos de la funesta, nefasta, corrupta e inútil gestión de Layda Sansores al frente del Gobierno del Estado.

PAYASADA DE MARCELA: MATAN A BORRACHOS

Rebasada por la ola delictiva, exhibida como incapaz por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que cada mes confirma cómo flagela la inseguridad a los campechanos, a la guanajuatense Marcela Muñoz Martínez, secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana, cada vez se le ocurren más estupideces.

Esta semana, en la cuarta sesión ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad Pública, a la que no asistió la gobernadora Layda Elena Sansores San Román, por acudir a la Ciudad de México a su sesión de idolatría con el presidente AMLO, a la guanajuatense de cabello teñido de rubio se le ocurrió decir que las “narcomantas” aparecidas en colonias de Campeche y Carmen, “no provienen del crimen organizado, sino de conflictos políticos, para despertar pánico entre la sociedad”.
No presentó ninguna prueba. Repitió la excusa que ha utilizado en otros foros, reuniones y espacios, para tratar de responsabilizar a los adversarios políticos de la gobernadora de generar este clima de inseguridad. Ya es dogma achacar, por ejemplo, al exalcalde Eliseo Fernández Montúfar, de ser quien ordena colocar esas narcomantas, sin evidencias en fotografías, videos o audio. Por eso insistimos que son excusas y que mienten.
Aún más, la consentida de la gobernadora —sin mostrar estadísticas, pruebas o sustento de sus aseveraciones—, sostuvo que “la mayoría de los homicidios cometidos en la entidad se suscitan en domicilios y son causados por el consumo desmedido de bebidas alcohólicas y bajo los efectos de distintas sustancias. Han atendido las llamadas al 911 y logrado detener a los responsables del homicidio, que por lo general son cometidos por algún familiar o conocido de la víctima”. No dijo más. No probó nada. Sólo presentó más excusas por su incapacidad.
Pero hay otros datos. Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) que contemplan hasta abril, señalan de manera contundente que el número de asesinatos dolosos aumentó 68 por ciento en Campeche en los primeros cinco meses de 2023, en comparación al mismo periodo del 2022.
Para rebatir la aseveración de Marcela, de que “la mayoría de los homicidios cometidos en la entidad se suscitan en domicilios por el consumo desmedido de bebidas alcohólicas y bajo los efectos de distintas sustancias”, basta analizar que de los 11 asesinatos de mayo, siete fueron al estilo sicarial, con dos víctimas mujeres. Y si Pitágoras no miente, las víctimas representan el 63 por ciento de los crímenes del mes pasado. La mayoría pues.
El SESNSP enfatizó que en los primeros cinco meses de 2022 fueron cometidos 25 homicidios dolosos, de los que 16 fueron con armas de fuego (64%); cinco en enero, cuatro con armas de fuego, mientras que en febrero de 2022 fueron cuatro, y en dos se emplearon pistolas, escopetas y/o rifles. Con esas cifras confirmamos que Marcela miente con cinismo, y que quienes replican sus mentiras son sus cómplices igual de ineptos.
De los 42 asesinatos dolosos de 2023, el 59.5 por ciento —es decir 25— fueron al estilo sicarial, principalmente en Carmen y Campeche, Municipios convertidos en campo de batalla por la delincuencia organizada.
En enero, según el SESNSP, hubo 10 homicidios dolosos, de ellos seis con armas de fuego; cuatro en febrero, tres con esas armas; en marzo repuntó a nueve, de los que cuatro fueron con armas. Abril cerró con ocho y en cuatro emplearon armas de fuego.
Con base en reportes policiacos, mayo de 2023 cerró con 11 asesinatos dolosos, de los que siete fueron al estilo sicarial —la mayoría con el tiro de gracia— y ocho con armas de fuego. ¿Estaban borrachos los asesinados al estilo sicarial o sus ejecutores? Ese sería el dato nuevo, porque hasta ahora no han detenido a ningún motorizado sicario.
Dejemos a un lado lo de las narcomantas, puesto que los policías violaron la ley al arrancarlas, y luego esconderlas para que la prensa no obtuviera las gráficas. Si después de esconder esas mantas, los policías las modificaron y le pusieron otras firmas para tratar de inculpar a Eliseo, ese es otro cantar, que habla de las obsesiones y traumas de la gobernadora al adversario político que le ganó la elección.
Lo criminal es tratar de ocultar la realidad, maquillarla o justificarla, para “no generar pánico”, o para que no se demuestre con más pruebas que la delincuencia les gana la batalla, y que Marcela Muñoz Martínez y Renato Sales Heredia son totalmente incapaces e ineptos para garantizar la seguridad a los campechanos.
En la lógica de Marcela, como la mayoría de los asesinatos ocurre entre borrachos, se justifica que sus retenes apliquen el alcoholímetro para detener a conductores con algunas copas de más, porque son “potenciales homicidas”. Gracias a su iniciativa, además de salvar vidas, aumenta su recaudación por multas.
¿Así le devolverán la paz y la tranquilidad a los campechanos? ¿Esa es la magistral estrategia para volver a colocar a Campeche en los primeros lugares de percepción de más seguridad? Insistimos, así confirman su ineptitud Renato y Marcela.

CALIFICATIVOS, SIN MEDIAS TINTAS

Las legisladoras Mónica Fernández Montúfar y Adriana del Pilar Ortiz Lanz, de los partidos Revolucionario Institucional y Movimiento Ciudadano, no se anduvieron con medias tintas sobre el fallo de la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en contra de Layda Elena Sansores San Román.

“Es una mancha más al tigre” el resolutivo que ordena inscribir a la gobernadora en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, expresaron. Y aciertan cuando aseveran que ese fichaje a la gobernadora Sansores San Román es ofensivo para las campechanas.
La gravedad del hecho estriba en que la sanción se aplica a una mujer, por ofender a miembros de su género. Pero ni así cesa de insultar a diestra y siniestra a quien se le para enfrente, la contradice o es opositora a sus intereses. En su alocada carrera, pisotea las leyes con absoluta impunidad, se burla de los ciudadanos y desacata sentencias y suspensiones definitivas de jueces y magistrados federales.
Las interrogantes que subyacen en los círculos judiciales, políticos y sociales crecen. ¿Hasta dónde las autoridades federales están dispuestas a tolerar violaciones gravísimas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sin sancionarlas?
¿Tiene la ley dos pesas y dos medidas? ¿Se trata de no contrariar a su protector Andrés Manuel López Obrador? ¿Y la aplicación de la ley? ¿Qué pasa? ¿Por qué la tardanza de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en tomar decisiones que permitan observar la prevalencia del Estado de Derecho?
La apreciación de las legisladoras locales es que la conducta de Sansores es terrible a nivel nacional, sobre todo para Campeche, que tiene al frente de su Gobierno a quien se caracteriza por ofender, acosar y violentar a otras mujeres.
¿Dónde quedó la perspectiva de género, por la que han luchado a brazo partido muchas mexicanas? ¿Cómo es posible que la primera autoridad de la entidad no respete ese principio, y peor aún, se niegue a ofrecer disculpas, como lo exige el tribunal federal, y en contrasentido, se burle y desacate la determinación de los magistrados.
Fernández Montúfar tiene atingentemente la definición de Layda Sansores como grosera, mentirosa y cínica. Y lamentablemente en esas manos está el futuro de los campechanos.
Es de mayor gravedad la decisión de Sansores San Román expresada en su pasado Martes del Jaguar, de que no acatará la sentencia de la Sala Especializada del TEPJF, que le ordena ofrecer disculpa pública a las legisladoras priístas, a las que ofendió con insinuaciones de corte sexual.
No. ¿Cómo la gobernadora amiga del presidente Andrés Manuel López Obrador y protegida de la corcholata viable candidata a sucederlo, Claudia Sheibaum Pardo, va a sacrificar su alter ego y disminuir su prepotencia?
Cuestionó a los magistrados, sobre todo a Luis Spíndola Morales, al que llamó corrupto, siervo y lacayo del presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional, Rafael Alejandro Moreno Cárdenas. La agresión ha alcanzado niveles nunca vistos. Y la impunidad también.
Así, Sansores San Román se aparta del Estado de Derecho, porque viola la Constitución y las leyes que juró defender al protestar el cargo. Pero su conducta se inscribe en la línea normativa de los integrantes de la cuarta transformación. ¿Cómo está eso de que la ley es la ley?, postula como proverbio el presidente López Obrador.
Lo que olvidan los cuatroteístas es que todos son iguales ante la ley. Y que su nulo acatamiento conlleva a la discriminación y lastima la sana convivencia social.
También hay que advertir que los tribunales disponen de medidas de apremio para apretar, oprimir u obligar al sujeto al acatamiento de sus disposiciones. Tal procedimiento judicial se pone en marcha cuando no es respetada, sobre todo, una sentencia.
En el derecho romano, del que dimana nuestro entramado jurídico, se obligaba al sujeto incluso a medidas de sometimiento corporal. En el caso que nos ocupa, existen varias vías. ¿Lo sabrá la señora Sansores? ¿No se lo han advertido sus asesores jurídicos?
Que se recuerde que ha sido contumaz su comportamiento de no respetar decisiones judiciales federales, y que los procedimientos siguen su curso y pueden derivar en advertencias, multas e inclusive la orden al Congreso del Estado para que la destituyan, por violaciones graves a la ley.
El abuso y la prepotencia han sido excesivos y hasta ahora lamentablemente tolerados. ¿Cuánto tiempo tardará la Suprema Corte de Justicia de la Nación en responder?

NO PREVÉN LAS INUNDACIONES

Han sido insistentes los señalamientos de dirigentes políticos, gestores sociales, ejidatarios y vecinos de comunidades del interior del Estado, de que el Gobierno del Layda Elena Sansores San Román no ha tomado las medidas necesarias ante la cercanía de temporales, nortes y huracanes.

Así, lo previsible es que cualquier torrencial aguacero podría derivar en inundaciones y colocar en riesgo la seguridad física y el patrimonio de la población. Las denuncias provienen en su mayoría de los Municipios de Palizada, Candelaria, Hopelchén, Calkiní y Escárcega, donde numerosos sitios son proclives a resentir los dañinos efectos de las lluvias.
Por ejemplo, el puente que colapsó entre Miguel Alemán y Luna del Municipio de Candelaria, no ha sido repuesto. Se iniciaron los trabajos, con lentitud tal, que actualmente están paralizados. Se le ha advertido a la gobernadora de la incomunicación que padecerá la región, si el paso alterno se va a pique.
Pero no han sido atendidos los ruegos de los pobladores. Y difícil es que los atiendan. Su preocupación es la grilla, no resolver los problemas que padecen los campechanos.
Pobladores cercanos a las áreas inundables de los demás Municipios señalados, han advertido que no han sido limpiadas coladeras, muchos caminos están en mal estado, los señalamientos de riesgo desaparecieron o el tiempo los ha dañado y no saben de posibles refugios temporales que serían habilitados en casos de gravedad.
No se aprecia interés de ningún nivel de Gobierno por atender las denuncias, acusan gestores sociales y vecinos de las comunidades que podrían resentir los efectos dañinos de los fenómenos naturales. Precisamente han expuesto que las responsabilidades por los riesgos que corran serán directamente atribuibles a la Administración de Layda Elena Sansores San Román, y los alcaldes de las diversas demarcaciones.
Aún más, tampoco han sido adoptadas medidas preventivas en los aspectos alimentario, sanitario y de seguridad. Las provisiones de artículos básicos en tiendas y medicinas en los centros de Salud, que escasean en la mayoría de los Municipios. Es una realidad, a la que las autoridades no le prestan atención. ¿Dónde opera el eslogan de primero los pobres?
Los recursos que emplea la Administración en la promoción de una de las corcholatas, deberían destinarse a la coordinación de los diversos órganos encargados de las medidas preventivas ante riesgos por huracanes, como Protección Civil, que sólo sirve para recaudar altos impuestos de los negocios, sin aportar nada a cambio.
La seguridad pública y el cuidado del patrimonio de los campechanos ante eventualidades naturales son dos problemáticas desatendidas, pese a las denuncias que recurrentemente proceden de liderazgos. Hoy la atención del Gobierno de Layda Elena Sansores está puesta en las próximas decisiones morenistas y la consecuente campaña electoral del próximo año.
Hace unos 10 días las autoridades de Protección Civil se reunieron con algunos alcaldes, para entregarles kits de apoyo para enfrentar situaciones de riesgo, y les advirtieron que ellos son los responsables de atender las quejas.
Aseguraron que están previstos los sitios para ubicar a quienes sean damnificados. Pero la supuesta estrategia es poco profunda, cuando estamos a algunas semanas de la temporada de lluvias y huracanes que afectan a la entidad. Ojalá que las versiones anticipadas de dirigentes sociales y políticos no tengan base, porque entonces se enfrentarían situaciones de gravedad.
La luz amarilla ha sido encendida. Si se presentaran eventualidades por la falta de atención a las denuncias, seguramente habrá responsables. Desde ahora hay que fijar la mirada en los funcionarios de las áreas a las que compete prever riesgos por lluvias y huracanes. Que no se excusen mañana de que la situación se salió de control, por lo imprevisible del tiempo. Están avisados.

EXPEDIENTE es elaborado con aportaciones de periodistas y colaboradores de TRIBUNA. Comentarios, opiniones, quejas, denuncias, elogios, ofensas, agradecimientos y sugerencias al correo electrónico: expedien75@hotmail.com