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Denuncian que UAC avala venta de plazas

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A pesar de que 75 integrantes del Sindicato Único de Trabajadores Administrativos y Similares de la Universidad Autónoma de Campeche (Sutaisuac), denunciaron con pruebas ante el Órgano Interno de Control de la máxima Casa de Estudios y la Comisión de Honor y Justicia del gremio sindical, la venta de plazas en que incurren la secretaria general Claudia Eunice Escobedo Pech y la secretaria de Actas y Acuerdos, Mónica Asunción Álvarez Collí, no las sancionan, por lo que se sospecha de complicidad de las autoridades universitarias.

De acuerdo con documentos entregados en la redacción de TRIBUNA, los 75 sindicalizados firmaron un escrito que llevaron el pasado 27 de mayo a la Comisión de Honor y Justicia de la Sutaisuac, pero la presidenta Ester Heredia Yah, la vicepresidenta Irene del Carmen Hau Collí, y el secretario José Coyoc González, desestimaron las pruebas y declararon improcedente la queja.

El 3 de junio presentaron los documentos al Órgano Interno de Control de la UAC, que preside Jorge Martín Pacheco Pérez —extitular de la Auditoría Superior del Estado de Campeche—, donde acreditan las pruebas de las irregularidades y solicitan sean investigadas y sancionadas esas conductas, que además de configurarse como delitos atentan contra los derechos de la base trabajadora.

Hasta la fecha no les han informado qué avance lleva la denuncia, ante lo cual pedirán al rector José Román Ruiz Carrillo que intervenga, o de lo contrario admita su complicidad en el tráfico y venta de plazas en la Universidad.

Entre las pruebas, entregaron un documento emitido y membretado por el Sutaisuac que formaliza un préstamo a Claudia Eunice Escobedo Pech, en su calidad de secretaria general sindical, el cual avala Álvarez Collí, por 700 mil pesos a favor de Wilbert López Queb, a interés mensual de 10 por ciento pagadero en el transcurso del año 2015.

Ni Escobedo Pech ni Álvarez Collí cubrieron el importe, por lo que les promovieron un juicio ordinario civil. El 26 de agosto de 2020 les notificaron que fue procedente y las condenan a pagar un millón 400 mil pesos, de los que 700 mil corresponden a la suerte principal, más los intereses por otros 700 mil pesos.

También presentan un video en que López Queb evidencia el préstamo, y el curso que se le ha dado al juicio interpuesto contra Escobedo Pech y Álvarez Collí por la venta de tres plazas a Karla Rosas Gutiérrez López, Landy Concepción Calles López y José Aurelio Borges Haas, como se prueba con la impresión del padrón del primer trimestre de 2016, donde estas personas aparecen como personal administrativo sindicalizado.

Igual la acusan de disponer para su uso personal del recurso por concepto de faltas injustificadas de los trabajadores administrativos de intendencia y similares de los años 2017, 2018, y 2019, y donde en ningún momento se reporta ese concepto en los informes anuales de actividades
económicas.

Aportaron también un audio donde se escucha la voz de Escobedo Pech hablando con una persona a la que supuestamente le vendió una plaza, en el cual le hace saber que ese puesto se lo dará “una vez que concluya el proceso electoral a llevarse a cabo a mediados de julio próximo”.

Con esto se prueban los actos de corrupción, peculado, cohecho, abuso de funciones como servidor público, y nepotismo hacia el gremio sindical y hacia la misma universidad.

Debido a que en la asamblea general extraordinaria del Sutaisuac celebrada el 28 de mayo de 2021, Escobedo Pech negó ser la que se escucha en el audio donde discute con esa persona del sexo femenino sobre la devolución de su dinero, los trabajadores ordenaron un peritaje de reconocimiento de voz e identificación de persona el 11 de junio de 2021.

Fue realizado por el perito especializado Omar del Carmen Vivas Valle, y el resultado acreditó que la voz en el audio efectivamente es de Escobedo Pech, con lo que se ratifica su culpabilidad.

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