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Compró Layda nuevo equipo para espionaje

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FUE ENTREGADO EN DICIEMBRE PASADO A UN COSTO DE TRES MILLONES 80 MP

Al menos tres millones 80 mil 400 pesos habría gastado la Administración de la gobernadora Layda Elena Sansores San Román, para adquirir desde finales del año pasado un software que le permite establecer la ubicación de cualquier teléfono celular, y presuntamente escuchar llamadas y “robar” datos en donde se encuentre, sea en México o el extranjero, según documentos oficiales en poder de TRIBUNA.

Bajo el contrato 139/2021, signado por Jezrael Isaac Larracilla Pérez, en representación del Gobierno del Estado de Campeche cuando se desempeñaba como titular de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental (SAIG) —actualmente es titular de Finanzas— , y Bernabé Cesáreo Lira Uribe, representante legal de Neolinx de México, S.A. de C.V. Fungieron como testigos el encargado de Despacho de la Dirección de Recursos Materiales de la SAIG, Víctor Manuel Saravia Pacheco y el proveedor Gloria Selina Portillo Sandoval. El software fue entregado en diciembre pasado.

Esta licencia para operar el software tiene una vigencia de 12 meses, y de acuerdo con sus características técnicas, tiene la capacidad de ubicar a suscriptores GSM, UMTS y LTE (2G, 3G y 4G) en la mayor parte del mundo que tenga cobertura de telefonía celular, incluyendo roaming entrante o saliente. La misma envía consultas estándar MAP (SS7) y presenta la información de la ubicación del suscriptor en tiempo real, en una vista de mapa, con nivel de país/operador telefónico/lac/celda.

El servicio de geolocalización permite localizar la ubicación de la antena que da servicio al teléfono intervenido en tiempo real, además de proporcionar los detalles del teléfono, como la ubicación (latitud y longitud) y el número IMSI, que puede estar compuesto hasta por 15 digitos (los 3 primeros números corresponden al código del país del teléfono, seguido por el código de la red; el último conjunto de dígitos del número IMSI representa al “número de suscriptor” único del dispositivo). Básicamente, cada teléfono tiene un número IMSI asignado al dispositivo por el fabricante.

También el software proporciona el país de residencia del teléfono, el nombre del operador, en caso de que el objetivo se encuentre fuera de México, el país de visita y el operador local; el LAC y CELL ID, el estatus del teléfono (ausente, disponible u ocupado).

Asimismo, es totalmente transparente al objetivo, es decir, al rastrear un teléfono no presenta manifestación alguna en el dispositivo; el sistema permite enviar un mensaje de red, invisible al objetivo, con el fin de intentar “refrescar” en la red telefónica la información del teléfono intervenido.

El software fue adquirido a petición del fiscal general del Estado de Campeche, Renato Sales Heredia, mediante el oficio número FGE/CAF/18/18.1/1306/2021, de fecha 11 de noviembre de 2021, cuyo costo de tres millones 80 mil 400 pesos fueron cubiertos con recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados (FASP), ejercicio fiscal 2021, del Programa con Prioridad Nacional de Seguridad Pública.

El software fue entregado en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Campeche, sita en avenida José López Portillo, sin número, colonia Sascalum, CP 24095, en San Francisco de Campeche, mismo que fue recibido por Wilber Felipe Heredia Oreza, vicefiscal general para la Atención de Delitos de Alto Impacto de la FGEC.

 

GOBIERNO SE NIEGA A HABLAR DEL SOFTWARE

Mutismo y cerrazón prevalece en la Secretaría de Administración y Finanzas (SAFI), ante la negativa a ser entrevistado de su titular Jezrael Isaac Larracilla Pérez, implicado en la compra por tres millones 80 mil 400 pesos de un software que permite ubicar teléfonos celulares, intervenir llamadas y sustraer datos personales, con lo que espían a los opositores del régimen de Layda Elena Sansores San Román y a cualquier ciudadano.

Larracilla Pérez, quien fue secretario particular de Layda Sansores cuando fungió como alcaldesa en la Álvaro Obregón, se ha negado a responder por el manejo de los recursos públicos provenientes de fondos federales para adquirir equipos con los que son espiados los campechanos.

Se ha negado sistemáticamente a conceder una entrevista a los reporteros de medios independientes, con el argumento de que para responder cualquier cuestionamiento o proporcionar información tiene que ser autorizado por la Unidad de Comunicación Social del Gobierno del Estado, a cargo de Walther Patrón Bacab, beneficiado con contratos en la alcaldía Álvaro Obregón.

NEOLINX, INTERMEDIARIA DE UNA EMPRESA ISRAELÍ

Neolinx de México hace de todo. Al menos eso dice su perfil empresarial en el portal Negocios y Comercio en México. Entre sus giros están “comercializar, distribuir, comprar, vender, transportar, almacenar, empaquetar y maquilar toda clase de productos y servicios”.

Una investigación periodística señala que la compañía manifiesta como su domicilio fiscal el Boulevard Manuel Ávila Camacho 118, piso 22, oficina 2203, colonia Lomas de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo.

La Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), organización civil dedicada a la defensa de los derechos humanos en el entorno digital, ha documentado que distintas dependencias en el Gobierno de Enrique Peña Nieto (entre 2014 y 2015), así como la Fiscalía General de la República (FGR) de Alejandro Gertz Manero (entre 2019 y 2020), utilizaron a Neolinx de México como intermediaria para adquirir equipos de espionaje.

Apenas al inicio del Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la RD3 reveló que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) compró equipo de vigilancia Geomatrix (un sistema de geolocalización de equipos de telefonía móvil) a la empresa israelí Rayzone Group. La transacción fue por 2.4 millones de dólares (47 millones de pesos), en donde Neolinx de México sirvió como intermediaria de la operación.

El organismo civil dijo que este tipo de equipos ya habían sido adquiridos con anterioridad por la Dirección General de Cuerpo Técnico de Control de la Siedo, en abril de 2018, todavía en el Gobierno de Peña Nieto -también a través de la empresa Neolinx- por monto de 4.56 millones de dólares.

La R3D también detectó la adquisición de la plataforma de consulta y análisis de datos masivos Echo entre 2019 y 2020, por 1.1 y 1.7 millones de dólares, respectivamente, y documentó que la operación fue realizada a través de Neolinx.  “El sistema proporciona a las autoridades información diversa sobre personas usuarias de Internet, de manera incógnita, sin requerir la colaboración del individuo u otra entidad comercial”.

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