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Iniciativa de Morena para cobrar factura

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TIENE TRASFONDO POLÍTICO Y CONTRARIO A LA CONSTITUCIÓN, DICEN ESPECIALISTAS

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— La propuesta de limitar a los consejeros del Instituto Nacional Electoral para que ocupen cargos públicos durante los 10 años posteriores a su salida del INE tiene un trasfondo político y contrario a la Constitución, señalaron especialistas.

El grupo parlamentario del partido Morena en la Cámara de Diputados tiene 30 iniciativas como parte del llamado plan B de la reforma electoral, como publicó El Universal.

Ante la posibilidad de no reunir los votos suficientes para una reforma constitucional, la bancada propone hacer modificaciones a distintas leyes, entre las que destacan prohibir a los consejeros contender por puestos públicos en los 10 años posteriores a su cargo, entre otras.

Al respecto, el exconsejero del INE, Marco Baños, consideró que es una medida excesiva y que busca represalias contra los consejeros electorales.

“Es una reforma, en esa materia, que es de represalias, es de odio. Sabemos de las diferencias que el Presidente y el partido Morena han tenido con dos de los consejeros electorales y pareciera que están dirigidas a cobrarles factura”.

La exconsejera electoral y excomisionada del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (hoy INAI) Jacqueline Peschard, coincidió en que hay motivos políticos para restringir a los consejeros electorales para ocupar cargos públicos.

Explicó que el artículo 41 de la Constitución establece que los consejeros están impedidos para contender por un cargo público en el Gobierno para el cual fueron parte de su organización.

Es decir, los cuatro consejeros electorales que dejan el cargo en 2023 no podrían participar en algún cargo en el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

VEN REVANCHA

Coordinadores parlamentarios del PAN, PRD y MOCI en la Cámara de Diputados consideraron que el plan B de reforma electoral que se gesta en la bancada de Morena parece más “revanchismo político” que una propuesta que beneficie realmente a la democracia de México.

En entrevista, aseguraron además que la propuesta para prohibir a los consejeros ocupar cargos públicos durante 10 años tras terminar con sus funciones en el Instituto Nacional Electoral (INE) pretende “castigar” a Lorenzo Córdova y a Ciro Murayama “por no haberse doblegado ante el Presidente”.

Jorge Romero, coordinador del PAN en San Lázaro, reconoció que la oposición no cuenta con los números para oponerse al llamado plan B de Morena, pero recordó que sí dirán no a la reforma constitucional, lo que representa una victoria de la democracia.

El líder perredista Luis Espinosa Cházaro dijo que las propuestas de Morena para sacar el plan B “son ambiguas y superfluas”.

El coordinador de MOCI, Jorge Álvarez Máynez, dijo que el plan B de Morena y sus aliados tiene rasgos de inconstitucionalidad porque afecta las funciones sustantivas del INE.

“Morena siempre tiene dos alternativas: su plan A es siempre modificar la Constitución y su plan B siempre es violar la Constitución, y han tenido, desgraciadamente, el consentimiento de la SCJN para hacerlo”, comentó.

 

NI VIABILIDAD NI SUSTENTO JURÍDICO

Senadores de oposición advirtieron que la propuesta de Morena para impedir que los exconsejeros electorales ocupen cargos en la administración pública durante 10 años o trabajen en otros organismos electorales en un plazo de tres años no tiene viabilidad ni sustento jurídico.

Germán Martínez, senador del grupo plural, afirmó que ninguna ley que lleve dedicatoria es democrática, y, por el contrario, es autoritaria, porque lo que quieren en Palacio Nacional es la cabeza de Lorenzo Córdova.

La vicecoordinadora de los senadores del PAN, Kenia López, coincidió en que es inviable la propuesta de Morena, porque ninguna ley puede aplicarse de manera retroactiva.

Jorge Carlos Ramírez, senador del PRI, recordó que la Suprema Corte ya sentó jurisprudencia al declarar inconstitucional el plazo de 10 años para que exfuncionarios trabajen en sector privado.

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