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UADY logra finanzas transparentes‏

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La Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) es una de las pocas instituciones de educación superior en el país que cuenta con unas finanzas claras y transparentes, reveló la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Asimismo, establece que esta máxima casa de estudios cumple con los convenios firmados con la Federación y los gobiernos locales para dotarla de recursos.

De una auditoría realizada a 15 universidades en el país para conocer el manejo de su cuenta pública, la ASF encontró que sólo cuatro recibieron un dictamen limpio: las universidades de Sinaloa, Hidalgo, Sonora y Yucatán.

En términos generales, estas instituciones de educación superior cumplieron con las disposiciones y sólo presentaron irregularidades menores en el manejo de los recursos.

De acuerdo con el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2012, la ASF realizó 35 auditorías en este ámbito, 15 de las cuales corresponden al programa de Educación Superior de Calidad, 11 al de Educación Media Superior de Calidad y nueve al de Subsidios Federales para Centros de Educación.

Estos tres programas tuvieron un presupuesto conjunto de poco más 80 mil 182 millones de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 39 mil millones.

Las instituciones auditadas por la ASF fueron las universidades autónomas de Baja California, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Yucatán, Hidalgo y Estado de México.

También se incluyó a universidades estatales de Guadalajara y Sonora; la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; las universidades Juárez Autónoma de Tabasco y Juárez Autónoma del Estado de Durango.

E incluso, a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y la Universidad Veracruzana.

El estudio reveló que 11 de las 15 instituciones realizaron pagos a personal que no cumplía con el perfil del puesto, subejercieron sus presupuestos y no presentaron la documentación que acreditara los gastos.

En conjunto, dichas instituciones realizaron pagos por 69 millones 552 mil pesos a personal que no cumplió con los requisitos estipulados, además de que utilizaron 17 millones 501 mil pesos para pagar sueldos o prestaciones superiores a las definidas en tabuladores correspondientes.

Por ejemplo, según la ASF, la Universidad Autónoma de Baja California pagó ocho millones 176 mil pesos a trabajadores que no cubrieron el perfil requerido, y destinó más de 28 millones a prestaciones que excedieron los límites en el convenio de apoyo financiero entre el gobierno de la entidad y la Federación, el cual contenía reglas de operación de los recursos.

La Universidad Autónoma de Tamaulipas recibió una solicitud de aclaración del órgano fiscalizador por 177 millones 582 mil pesos, correspondientes al pago de prestaciones que también sobrepasaron los límites.

Incluso, la Universidad de Guadalajara pagó más de nueve millones a empleados que no cumplieron el perfil requerido y la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco pagó 151 mil pesos a un trabajador que presentó cédulas profesionales apócrifas.

Mientras que al fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos, la ASF encontró además incumplimiento de convenios por la Federación y los gobiernos locales para dotar de recursos a sus instituciones de educación superior.

En relación con el subejercicio de recursos de los tres programas federales mencionados, el órgano fiscalizador encontró que 300 millones 202 mil pesos no fueron utilizados, de los cuales 100 millones 516 mil corresponden al Programa de Educación Media Superior, 192 millones 769 mil al de Subsidios Federales para Centros de Educación, y el resto al de Educación Superior de Calidad.

 

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