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Vivales engañaron a hombres de campo de Kanasín: Castro

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El Gobierno del Estado no está obligado a pagar a los ejidatarios de Kanasín por la presunta anomalía referente a la venta de sus tierras a empresarios vinculados con el ex tesorero tabasqueño, José Manuel Saiz Pineda, afirmó el titular de la Procuraduría Agraria en Yucatán, Pablo Castro Alcocer.

Aclaró que el problema lo tendrán que resolver con los empresarios inmobiliarios, así como con el ex funcionario del entonces gobernador Andrés Granier Melo, por lo que el conflicto es ajeno al Ejecutivo local.

“Los productores deben reclamarle a la inmobiliaria, así como a Sainz Pineda con quien hicieron el trato para la venta de sus patrimonios”, acotó.

TRIBUNA informó que un centenar de campesinos del municipio de Kanasín protestaron el pasado lunes frente al Palacio de Gobierno para exigir el pago de 400 millones de pesos por concepto de la venta de dos mil 033 hectáreas de tierras que fueron utilizadas para la construcción de varios fraccionamientos en esa localidad.

El asesor de los inconformes, Manuel Santos Pech, explicó que se trataba de hectáreas que vendieron desde hace seis años a empresarios que se asociaron con Saiz Pineda, hoy preso junto con Granier Melo, para la edificación de casas.

Denunció que lamentablemente los ejidatarios tuvieron contactos con ex funcionarios del Gobierno de Tabasco, acusados de enriquecimiento ilícito y con quienes acordaron la venta de esos terrenos.

Al respecto, Castro Alcocer aseguró que los campesinos “carecen de fundamento y legalidad en la petición dirigida al Ejecutivo”.

Señaló que hace dos meses los ejidatarios sostuvieron una reunión con representantes del Instituto de la Vivienda de Yucatán (IVEY) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano donde se aclaró lo relativo a esas hectáreas transferidas.

El procurador agrario lamentó que ahora los campesinos “mal asesorados” por abogados que tratan de “chantajear” a la administración estatal, salgan a las calles a manifestarse cuando fueron ellos los que vendieron sus tierras, entre ellos al ex tesorero del Gobierno de Tabasco.

“En esa reunión se les aclaró que legalmente vendieron sus fincas, entonces ni el Gobierno del Estado ni el Gobierno Federal tienen que pagarles un solo peso de indemnización”, sostuvo.

Precisó que esos las hectáreas fueron utilizadas por Promotora Kanasín para construir áreas habitacionales donde inició un “feroz cobro con altos intereses”.

Por lo que las más de seis mil familias, preocupadas, buscaron el apoyo de la Sedatu que inició los trámites correspondientes para expropiarlos.

“Una vez expropiados se creó un fideicomiso que está en manos del IVEY para que las familias costeen a bajo precio y sin intereses el uso de suelo para poder recibir el título de propiedad”, relató.

El funcionario federal expresó que está de “moda” que productores salgan a las calles a exigir pagos millonarios por tierras que en su momento vendieron.

Ejemplificó el caso del Aeropuerto Internacional de Mérida “Manuel Crescencio Rejón” que se construyó hace más de 40 años, donde ahora surgieron voces campesinas que piden el pago de esa propiedad donde se encuentra actualmente la terminal aérea.

 

JUGUERA DE AKIL

Por otro lado, el procurador agrario, anunció que habrá nuevas elecciones para elegir al presidente de la Juguera de Akil, pues los directivos no quieren proporcionar información de la situación financiera de la planta.

Dijo que para evitar un conflicto entre los productores por el control de la planta procesadora de cítricos se “ordenó una nueva elección que podría ser en enero”.

“El presidente de la empresa, José Ignacio Maravé Casanova, nunca convocó a una asamblea para dar a conocer la situación financiera que guarda la juguera, que según varios productores es irregular, por ello se le removerá de su cargo muy pronto”, concluyó.

 

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