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Retoman conflicto contra el Ayuntamiento por luminarias

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La empresa AB&C Leasing de México solicitó un recurso de amparo en busca de que se emita una sentencia ante el conflicto que vive con el Ayuntamiento de Mérida por la cancelación del convenio de arrendamiento de unas 82 mil lámparas desde el año 2013.

Los abogados de AB&C Leasing interpusieron el amparo ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Mixta en Mérida del Poder Judicial de la Federación por la omisión del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa de Yucatán (TJFAY) del Poder Judicial del Estado, de dictaminar sentencia en el juicio de nulidad interpuesto por la empresa arrendadora en contra de la decisión del Ayuntamiento de la capital yucateca del 25 de abril de 2013.

En esa fecha, el Gobierno del actual alcalde Renán Barrera Concha decidió dar por terminada en forma anticipada el contrato de arrendamiento con opción a compra de esas 82 mil luminarias.

Al respecto, el apoderado legal de la empresa, Francisco Moya Gómez, declaró que con este recurso “buscamos que la autoridad se pronuncie al respecto de la demanda que interpusimos, pues ya ha pasado mucho tiempo como para que no se haya podido resolver el expediente respectivo”.

“La demora sólo está beneficiando a la administración de Renán Barrera Cocha, quien busca heredarle el problema a la próxima autoridad municipal”, señaló el apoderado legal.

Agregó que adicionalmente al gran adeudo que tiene la administración por dejar de pagar por la renta de las luminarias, “ha quedado claro que la decisión de comprar nuevas lámparas de vapor de sodio sólo originó otro gran gasto adicional para los ciudadanos meridanos”.

Mencionó que además el uso de lámparas de vapor de sodio ha incrementado fuertemente el gasto en energía eléctrica en el municipio. Todo lo anterior en perjuicio de sus habitantes.

Agregó que AB&C Leasing de México confía en la honorabilidad de los tribunales, “pero consideramos que ya ha transcurrido tiempo en demasía sin que se emita la resolución y eso ha perjudicado fuertemente los intereses económicos y las relaciones comerciales de la empresa a la que represento, razón por la que acudimos ante las instancias federales”.

Como se recordará en enero de 2011, la entonces alcaldesa priísta Angélica Araujo Lara, firmó un convenio con esa empresa jalisciense para dotar de luminarias a Mérida y a sus comisarias.

El acuerdo establecía pagos mensuales de 8.7 millones de pesos de parte de la Comuna a través del Banco Santander.

El convenio firmado por ambas partes, terminaba en enero de 2016, y el total a pagar era de 560 millones de pesos.

Sin embargo, el alcalde Renán Barrera Concha canceló el acuerdo en abril de 2013 y suspendió los pagos mensuales desde enero de ese año, porque el edil consideró que las luminarias nunca dieron el servicio adecuado a los meridanos, y las lámparas fueron sustituidas por otras de vapor de sodio.

 

PRUEBAS

Los abogados de la empresa tapatía presentaron en febrero de 2013 la inconformidad por esa decisión al Tribunal Electoral y Justicia Administrativa que ahora se llama Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa de Yucatán, al mismo tiempo el Ayuntamiento presentó también sus pruebas del motivo de la cancelación anticipada del contrato.

TRIBUNA ha publicado que los magistrados Miguel Diego Barbosa Lara, Guadalupe Góngora González y Mateo Salazar Azcorra, tienen dos años sin emitir resolución al conflicto, ante la desesperación no sólo de la empresa, sino también de la Comuna meridana.

Según los magistrados, se trata de un expediente de 100 mil hojas y es difícil expedir una resolución porque necesita más tiempo de estudio, tiempo que ya supera los dos años.

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