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Denuncian trabajadores de la Japay desvío millonario

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Empleados de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (Japay) hicieron público un presunto desvío de más de 80 millones de pesos a manos del director de esa paraestatal, Manuel Bonilla Campos, que supuestamente quiere ocultar con la construcción de una unidad deportiva.

A través de un escrito que difundieron en varios medios de comunicación, los inconformes, quienes dicen formar parte del Sindicato de Trabajadores de la Japay, señalaron que ya hicieron llegar esta queja al  Gobierno del Estado, pero Bonilla Campos sigue construyendo la obra con la que busca justificar el millonario desvío.

Los empleados acusan a Bonilla Campos de hacer uso personal de los recursos que ingresan a la dependencia por el pago del servicio de agua potable.

Asimismo, señalan que en la empresa hay demasiados aviadores y personas que se mantiene en las oficinas sin realizar alguna actividad, aunque  ganan buenos sueldos y prestaciones.

Los sindicalizados señalaron que debido al evidente desfalco en las arcas de la Japay, su titular inició de manera unilateral la construcción de un campo deportivo en la carretera Mérida-Tixkokob, que además está en un lugar muy poco accesible para los trabajadores.

Revelaron que el funcionario decidió construir el campo luego de que dos contadoras confirmaron el quebranto y decidieron renunciar; una se fue a la Secretaría de Desarrollo Social del Estado, ya que no quiso hacerse cargo de la tesorería por temor a que les responsabilicen del daño financiero.

Los inconformes precisaron que los anteriores directores de la paraestatal, el panista César Bojórquez Zapata y el priísta Roberto Pinzón Álvarez, mantuvieron la empresa con números negros, no así Bonilla Campos, quien debe ser investigado por la Auditoría Superior del Estado.

De hecho, señalaron, ante el quebranto financiero de la dependencia, Manuel Bonilla pretende en diciembre próximo que el Consejo de Administración de la Japay autorice un aumento a las tarifas  de servicio de agua potable en Mérida y sus 47 comisarías.

Resaltaron que la dependencia cuenta con 320 mil usuarios, de los cuales 28 mil son morosos en sus pagos, pese a ello contaba con equilibrio financiero hasta que llegó el  citado director y ha puesto en apuros a la Japay con sus excesos y derroches de recursos.

Por si eso no fuera suficiente, recalcan que el funcionario llega como a la una de la tarde a sus oficinas y a las tres se retira para no volver, pero obliga a los empleados quedarse hasta las nueve de la noche.

Incluso a veces no se asoma para nada, ni recibe a ningún trabajador que desea plantearle sus problemas y necesidades, por lo que advirtieron que si el gobernador, Rolando Zapata Belo, no pone orden y acaba con la impunidad y corrupción del citado funcionario, van a tomar las oficinas y protestar públicamente.

 

ANTECEDENTES

No es la primera vez que Manuel Bonilla se ve inmerso en un escándalo por supuestas anomalías en su desempeño, pues apenas en junio pasado el dueño de la empresa PubliOpción, Héctor Amezcua Cortés, denunció públicamente posibles hechos de corrupción e influyentismo en la asignación de ocho mil  piezas de uniformes para trabajadores de la Junta de Agua Potable.

Con documentos que avalaban su denuncia, el empresario dijo que fue víctima del director de la Japay,  quien favoreció a la empresa Uniformes Espita (Domini Uniformes), representada Carlos Erosa Díaz, hijo del entonces alcalde de Espita, Carlos Erosa Correa, quien recibió el total de la maquila.

Esto violaría la ley porque representa un pago de un millón 105 mil 926 pesos a una empresa.

La “trampa” de la licitación por invitación de la Japay es que Bonilla Campo pidió anticipadamente la cotización a PubliOpción, que siempre había ganado el concurso con una cotización de 100 mil pesos menos que sus competidores.

Sin embargo, en la licitación de mayo pasado le sorprendió que Uniformes Espita tenga cotizaciones menores por unos cuantos pesos. Él cotizó un millón 112 mil 580  pesos y el ganador un millón 105 mil 926 pesos.

El denunciante consideró que con la cotización anticipada, Bonilla Campos hizo acuerdos con Erosa Díaz para que cotizara un poco menos y le adjudicaran la maquila de los uniformes.

 

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