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Promueve Zapata impunidad

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La intervención del Gobierno del Estado que encabeza Rolando Zapata Bello en el trabajo que realiza la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY), ha mantenido impunes a decenas de exalcaldes y exfuncionarios que habrían dejado un quebranto por arriba de los 500 millones de pesos desde 2010.

La legisladora local del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Jazmín Villanueva Moo, advirtió del riesgo que corren los recursos federales y estatales si no se reforma el método para seleccionar al nuevo titular de la ASEY, tal y como ha sucedido en casi siete años.

“El desempeño del auditor superior del Estado, René Márquez Arcila, es cuestionable; existen evidentes discrepancias entre los informes realizados por la Auditoría Superior de la Federación y la Auditoria Superior del Estado de Yucatán”, apuntó.

En numerosas ocasiones la entidad fiscalizadora federal detectó irregularidades en el manejo de los recursos públicos de ramos federales destinados al Estado, mientras que el órgano local informa que los resultados de estas auditorías a las mismas entidades dependientes salieron con dictamen limpio.

“¿Por qué si el ente fiscalizador federal en todas las auditorías que realiza a los recursos federales manejados por el Poder Ejecutivo Estatal encuentra irregularidades, tales como subejercicios y falta de comprobación del gasto ejercido, entre otros, la ASEY encuentra todo limpio?”, cuestionó la diputada.

El desempeño de Márquez Arcila al frente de la ASEY ha sido duramente criticado por encubrir los malos manejos financieros del Ejecutivo Estatal y de las autoridades municipales, pues hasta ahora ningún funcionario o exfuncionario ha sido sancionado por desvío de recursos.

En la legislatura 2010-2012 se informó que los alcaldes que gobernaron de 2007 a 2010 dejaron cuentas pendientes por más de 200 millones de pesos, entre ellas la administración del panista César Bojórquez Zapata, en la que se reportó anomalías en sus cuentas por más de 80 millones de pesos. Hasta la fecha sigue sin comprobarse el destino que se le dio a esos recursos.

La ASEY le ha costado al erario cerca de 300 millones de pesos, pues su presupuesto anual ha oscilado entre los 35 y 50 millones de pesos. Sin embargo, y a pesar de contar con grandes recursos, su titular Márquez Arcila no ha justificado las inversiones.

En ese sentido, Villanueva Moo consideró importante que la legislatura tome cartas en el asunto, o de lo contrario la ASEY continuará simulando un combate a la corrupción.

“Para lograr eliminar la corrupción debe dotarse de verdadera autonomía e independencia a esta institución, eso podría lograrse con una designación del auditor por medio de un comité ciudadano y no como actualmente se realiza.

“Mientras no goce de plena autonomía no se podrá quitar de raíz este problema, y solo tendremos un aparato burocrático que seguirá simulando una lucha anticorrupción que en realidad no existe”, sentenció.

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