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Solapa Zapata impunidad

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Debido a la falta de interés del gobernador Rolando Zapata Bello y de su fiscal Ariel Aldecua Kuk, para que los defraudados de Crecicuentas recuperen su dinero, afectados volvieron a las calles para exigir que sus ahorros les sean devueltos.

Y es que a poco más de cuatro años del fraude cometido por los directivos de Crecicuentas, hasta el momento hay cerca de 200 denuncias que siguen sin resolución alguna, las cuales permanecen en “la congeladora” de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la Procuraduría General de la República (PGR).

El titular de la FGE, Ariel Aldecua Kuk, se deslindó de la problemática al afirmar que todas las denuncias que tenía fueron turnadas a la PGR.

En todo momento, el funcionario se lavó las manos en torno al millonario fraude cometido por la familia Argáez López.

Sin embargo, la Fiscalía aún integra ocho carpetas de investigación por el delito de fraude en contra de los hermanos Jorge Alberto, Miguel Ángel y Claudia Rubí Argáez López, junto con su madre Lina Rubí López Conrado.

Todos ellos, directivos de la Cooperativa de Fomento Regional S.C. de A.P. de R.L. de C.V. (Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo de Responsabilidad Limitada de Capital Variable)” y  de “Esperanza Equitativa, Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo de Responsabilidad Limitada de Capital Variable”, ambas mejor conocidas como “Crecicuentas”.

Los implicados abandonaron el Centro de Reinserción Social del Estado (Cereso) de Mérida el pasado 7 de abril, luego de llegar a un acuerdo con cuatro personas que los denunciaron penalmente por fraude por un monto de un millón 285 pesos.

Las ocho carpetas de investigación corresponden al Sistema Penal Acusatorio y Oral, aunque no se especificó la fecha en que serían turnadas al juez, para que gire la orden de aprehensión o bien, se cite a declarar.

Asimismo, las 190 denunciantes penales transferidas a la PGR, en el tercer trimestre de 2015, fueron canalizadas en la Ciudad de México. El caso está a cargo de la Unidad Especializada en Delitos Fiscales y Financieros (Ueidff) de la PGR, la cual ejerce las atribuciones del Ministerio Público de la Federación en materia de investigación y persecución de los delitos de fraude.

Todas las querellas fueron integradas en un solo expediente por parte de la FGE que se declaró incompetente, y  el avance se desconoce debido al hermetismo que prevalece en esta dependencia federal.

 

REACTIVAN MARCHAS

Hasta el momento sigue sin ser resuelta la situación jurídica de poco más de 700 socios de Crecicuentas —de los cuales apenas 200 lograron interponer la correspondiente denuncia—, por un monto de al menos 500 millones de pesos.

De todos ello, apenas 50 afectados participaron en una marcha de protesta ayer en la capital yucateca, la segunda que se realiza en menos de un mes. Inició del parque “José María Velázquez” del barrio San Juan Bautista.

Una batucada les abrió paso al caminar por la calle 60, denunciando los hechos en sus pancartas, hasta llegar a la sede del Ejecutivo local, donde Noemí Castillo López, una de las afectadas, quien perdió 1.5 millones de pesos, reprobó el desinterés del gobernador Rolando Zapata Bello para dar pronta solución al problema.

Posteriormente, una comisión de cinco personas dialogó con el subsecretario de Gobierno, Gaspar Quintal Parra, sin llegar a un acuerdo en común. Los inconformes anunciaron que el próximo fin de semana habrá una tercera marcha y amenazaron que éstas continuarán hasta llegar a una solución.

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