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Espían a afectados por Crecicuentas

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El gobernador Rolando Zapata Bello autorizó el espionaje telefónico para acabar con las protestas que afectan su ya deteriorada imagen, denunció Raquel Angulo Esquivel, una de las afectadas por los directivos de Crecicuentas.

“Ya no tengo vida propia, pues mi teléfono celular está intervenido, por lo que el Gobierno del Estado sabe dónde estoy, qué hago, qué digo, etcétera, y eso me impide hablar de manera abierta”, afirmó, al participar en la enésima protesta que se realiza en contra de la respectiva caja de ahorros.

Indicó que el pasado martes 22 habló a su teléfono móvil Carlos Alberto Sobrino Castrejón, director de Gobierno del Ejecutivo local, para pedirle que se abstuviera a acudir a la protesta programada para el día siguiente y a cambio le darían una reunión privada con un alto funcionario.

“Me llamó la atención que me hablaran a través del número telefónico 9992 92 27 06. El licenciado Sobrino me dijo que si no acudía a la protesta, me consigue una reunión con él (el secretario general de Gobierno, Roberto) Rodríguez Asaf), acotó.

“A nadie del Gobierno del Estado le he dado mi número telefónico. Se comete un delito federal, porque el espionaje telefónico no está permitido, por lo que interpondré una denuncia penal”.

Asimismo, reprobó el chantaje político del funcionario, al condicionarla de no participar en la manifestación a cambio de una “reunión secreta”.

“Entre otras cosas, Sobrino me dijo: ‘ya te vi con tu sartén’ (que utilizó durante la protesta con cacerolas), a lo que le respondió: ‘así es, y al que se acerque le doy un golpe’”, subrayó la entrevistada.

Manifestó su desconcierto porque su teléfono móvil está intervenido por el Gobierno del Estado, y lo peor de todo que Zapata Bello autorice dicha técnica.

“No creo en lo que dice el Gobierno del Estado, por eso vine nuevamente a manifestarme para que se haga justicia y devuelvan el dinero que se robaron los directivos de Crecicuentas”, abundó.

Tildó como cómplice número uno al secretario de Educación del Gobierno del Estado (Segey), Víctor Caballero Durán, quien al notificarle de la quiebra de dicha empresa, de manera inmediata sacó todos los ahorros de sus conocidos.

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