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Licitación amañada en reemplacamiento 2017

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El senador del Partido Acción Nacional (PAN), Daniel Ávila Ruiz, solicitará a la Procuraduría General de la República (PGR) que investigue al Gobierno de Yucatán que encabeza Rolando Zapata Bello por supuestas irregularidades en el proceso de licitación del programa de reemplacamiento 2017.

“Fue una licitación simulada, amañada, llena de irregularidades. Es lo que estamos denunciando responsablemente y con documentos en la mano”, afirmó el legislador en conferencia de prensa.

Señaló al secretario de Administración y Finanzas, Alfredo Dájer Abimerhi, y al director general de Administración de la Secretaría de Seguridad Pública, Luis Alberto Pinzón Sarabia, como los principales operadores para beneficiar a la empresa Vito Fomento Industrial S.A de C.V., encargada de hacer las placas.

“Pasado mañana (por mañana) presentaremos senadores de diversos partidos políticos un punto de acuerdo para pedir a la PGR atraiga el caso e inicie una investigación contra el Gobierno de Yucatán”, apuntó.

La investigación sobre el tema derivó de las denuncias de varios ciudadanos que manifestaron su molestia ante lo oneroso que resulta el reemplacamiento, cuando en otros estados del país el costo es menor con el mismo procedimiento.

Ávila Ruiz recordó que la semana pasada solicitó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisar la licitación pública No. LIC-GEY-SSP-031/2016 para el reemplacamiento vehicular en el Estado de Yucatán de este año, ante el cúmulo de irregularidades cometidas por los funcionarios arriba citados. Posteriormente, hizo lo propio ante la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY).

La licitación fue convocada por la Dirección General de Administración de la SSP para la adquisición de 750 mil placas metálicas de circulación, engomados, tarjetas de circulación y recibos oficiales para vehículos de transporte terrestre.

El legislador yucateco remarcó que la convocatoria se hizo a modo para evitar la competencia de otros proveedores nacionales y locales, toda vez que el mismo día que se emitieron las bases, sólo dieron seis horas para el cumplimiento de los requisitos, lo que hace sospechar que las únicas tres empresas que compitieron tenían información privilegiada.

Lo anterior constituye un perjuicio a la Hacienda Pública Federal de cuando menos 66 millones 187 mil pesos y un sobrecosto a los yucatecos de 741 pesos, con lo cual el Gobierno local obtiene ingresos indebidos por 555 millones 750 mil pesos.

Con este hecho, la administración estatal recupera de manera abusiva los 227 millones 690 mil pesos anuales que dejó de percibir con la eliminación del impuesto sobre la tenencia vehicular derogado en 2016, y obtiene ganancias en detrimento del bolsillo de los yucatecos.

“La tenencia vehicular fue derogada en 2016. El monto anual que ingresó a Yucatán en 2015 por ese rubro fue de 227.6 millones de pesos. Si al Gobierno del Estado le costó 245 pesos cada placa, pero los ciudadanos pagan mil 446 pesos, en esos mil 200 pesos adicionales que está pagando el yucateco está incluido la tenencia vehicular”, subrayó.

 

“QUE NOS AUDITEN”

El titular de la Secretaría de Administración y Finanzas, Alfredo Dájer Abimerhi, manifestó que el senador Ávila Ruiz tendrá que comprobar su denuncia, y sostuvo que “se ha operado de acuerdo con la ley”.

“El Gobierno del Estado siempre se ha conducido dentro de un marco de responsabilidad con el manejo de recursos públicos. Si nos quieren auditar que nos auditen, de hecho nosotros ya estamos solicitando ese proceso para que quede todo claro”, aseguró.

En primero lugar, continuó, yo no hice esa licitación, así que yo no pude haber beneficiado a nadie. La licitación la hizo la Secretaría de Seguridad Pública. De manera que ahí hay información falsa”, finalizó.

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