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Prevalece la violencia institucional en Estado

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El Grupo Indignación y Amnistía Internacional denunciaron que en Yucatán prevalece la violencia institucional a través de detenciones arbitrarias y casos de tortura, ante la cadena de impunidad que existe entre las autoridades estatales e instituciones como la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey).

Durante la presentación del informe “Falsas Sospechas, sobre detenciones arbitrarias en México” que realizó Amnistía Internacional con casos desde 2010 a la fecha, Carlos Zazueta Vargas, investigador del organismo internacional, señaló que estos delitos permanecen impunes, pese a existencia de pruebas suficientes para castigar a los responsables.

Indicó que aun cuando no hay cifras exactas sobre estos casos que han ocurrido en el país y en la entidad, no quiere decir que no existan y sobre todo que hayan sido investigados como son, pues se les denomina como casos aislados y diferentes a la arbitrariedad.

De los seis casos que integra el documento, dos son de Yucatán, los cuales permanecen impunes, pese a las denuncias que las víctimas han interpuesto ante la Codhey, que ha actuado con recomendaciones leves sin que garantice una verdadera seguridad y protección de los derechos de las personas.

Señaló que en los casos documentados en Yucatán han tenido responsabilidad policías estatales como municipales, sin que hasta ahora, alguno haya sido sancionado por detenciones arbitrarias o casos de tortura, pese a la prevalencia de este tipo de hechos.

 

IMPUNE

En el caso de Chablekal, donde policías estatales y municipales agredieron y detuvieron a varias personas con arbitrariedad, Zazueta Vargas señaló que la autoridad está obligada a iniciar una investigación y turnarla a un juez para que los responsables de este atropello sean sancionados.

Entre los detenidos se encuentran Pedro Euán Flores y su hijo Pedro Euán Santana, a quienes por la fuerza fueron sacados de su domicilio ubicado en la comisaría meridana de Chablekal en mayo del año pasado.

A Euán Santana, luego de golpearlos en la calle fueron forzados a caminar descalzo sobre el asfalto ardiente, dejándolo con quemaduras de segundo grado que le impidieron caminar durante varias semanas. El caso sigue impune.

Por su parte, Martha Capetillo Pasos, del Grupo Indignación, señaló que son alarmantes los casos de detenciones arbitrarias en Yucatán, que también han terminado en actos de tortura e incluso en asesinatos en cárceles municipales y estatales.

“En Yucatán los actos de torturan son tan graves al igual que las detenciones arbitrarias que lamentablemente y con mucha indignación hay casos que llegan a asesinato como el caso que llevamos desde 2010 de Robert Tzab Ek, quien fue encontrado muerto en los separos de Tekax, en condiciones que obligan a sospechar tortura. A pesar de las condiciones y que de entrada hay responsables, nadie ha sido castigado por este hecho”, aseveró.

Denunció que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán ha hecho varios pronunciamientos al respecto pero lamentablemente como muertes fortuitas y no con una visión obligada de descartar si no fueron casos de tortura.

Los activistas lamentaron el desinterés de las autoridades para atender, prevenir y erradicar estos hechos, y que han fomentado la cadena de complicidad y corrupción entre las instituciones públicas.

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